|
2 de julio de
2008
Usuarios y clientes; compañeras y compañeros:
No es la primera vez que nos movilizamos por el futuro
de la Caja Bancaria. En las últimas dos décadas –y
particularmente en los últimos años– nos hemos
encontrado permanentemente movilizados en búsqueda de
soluciones. Nunca resignamos –ni lo haremos– un rol
activo en las propuestas y en la movilización.
En cada ocasión alertábamos que las reservas existentes
–las que han permitido desde el año 2004 continuar
cumpliendo con el pago de las prestaciones sin requerir
ningún tipo de asistencia hasta el momento– llegaban a
su fin y por tanto las soluciones no podían demorarse.
Hoy estamos transitando los últimos meses de ese final,
lo que obliga a que las definiciones aparezcan, y que en
forma inmediata comiencen a instrumentarse. Se trata de
definiciones ineludibles, porque aún su ausencia implica
una definición en concreto.
Durante el año pasado, a partir del pronunciamiento de
la Mesa Política del partido de gobierno en el mes de
agosto, el ámbito de discusión conformado por los
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Economía y
Finanzas, con nuestra participación y la Asociación de
Bancos Privados del Uruguay, abordó el tratamiento de
cuatro ejes centrales de análisis:
-
El campo afiliatorio
-
El modelo de
financiamiento
-
Los parámetros del
régimen futuro
-
El aporte de los
actuales jubilados y pensionistas
El análisis y la
discusión desarrollada en cada uno de estos temas, tanto
desde el punto de vista técnico como político, pautó
algunos avances y la persistencia de una indefinición en
otros aspectos centrales por parte del Poder Ejecutivo.
Fueron avances en tanto fue posible demostrar, a partir
de datos oficiales, que nuestra reivindicación del campo
afiliatorio hace a la construcción de una solución
viable en el mediano y largo plazo, tanto desde el punto
de vista actuarial como económico. Es una incorporación
que, como se demostró, no perjudica ni a las empresas ni
a los trabajadores, ni en su realidad actual ni en sus
derechos jubilatorios.
En este tema el Poder Ejecutivo expresó su definición
más importante, afirmando que “la incorporación del
campo afiliatorio no sería un obstáculo en el marco de
una solución global”.
Estuvieron claras en ese ámbito tanto nuestra posición –
basada en lo que este colectivo definió en el año 2001,
en pos de una salida equilibrada y sustentable– como la
de la patronal bancaria, que buscaba trasladar, una vez
más, todo el costo de la crisis al Estado y los
trabajadores.
Cuando la siesta veraniega llegaba a su fin, y el último
ciclista atravesaba la meta, la entrevista fijada con el
Poder Ejecutivo para el 28 de marzo debió suspenderse
ante la incertidumbre que imponían los fallos de la
Suprema Corte de Justicia en relación con las
pasividades.
Todos somos conscientes, así lo resolvimos entre miles
en julio de 2001, que cualquier solución duradera exige
que todos concurramos a ella, por supuesto que en forma
equilibrada y de acuerdo con la capacidad contributiva
de cada uno. Por lo tanto, si se cuestionaba la
posibilidad de contribuir por parte de los pasivos, no
existía solución.
Finalmente, las distintas resoluciones de la Suprema
Corte de Justicia no establecen intangibilidad alguna
para las pasividades, por lo cual exigimos retomar la
consideración del tema a partir de las necesarias
definiciones que tiene que tomar el Poder Ejecutivo.
Pero, sin dudas, mientras quienes hemos actuado
responsable y persistentemente en búsqueda de soluciones
centramos nuestro esfuerzo en que existieran esas
definiciones, otros –los que siempre se han apropiado de
las ganancias y “socializado” las crisis del sistema
financiero– se dedicaron a empedrar el camino. Haciendo
uso de una ofensiva mediática, la Asociación de Bancos
Privados –que hasta hace algunos meses casi nadie había
escuchado– hoy permanentemente se queja de que la
rentabilidad ha disminuido, que los encajes subieron,
etcétera, etcétera, pretendiendo presentarse con sus
números complicados y buscando exonerarse de su
responsabilidad histórica.
Nos muestran una realidad que permanentemente es
desmentida por la aparición de los distintos jerarcas
bancarios, quienes hacen gala del incremento de las
colocaciones, de los depósitos, de la robustez del
negocio bancario y por tanto de sus resultados.
Pero no solo las empresas bancarias se quejan: también
aquellas que no son estrictamente bancarias pero que
realizan actividad financiera –en muchos casos propiedad
de los mismos grupos financieros– se han sumado al lobby
en contra de las soluciones. Como les es imposible
sostener que se verán perjudicados desde el punto de
vista empresarial, porque claramente se les ha expresado
que su integración mantendría el mismo nivel de aportes
actual, señalan –vaya paradoja– su preocupación por la
suerte de sus trabajadores.
Ya señalamos que está claramente demostrado, y
reconocido, que el régimen que impulsamos no produce
perjuicio alguno a los trabajadores. Es más, ¿sería
posible que Aebu, el sindicato que los representa, el
que ha luchado en los consejos de salarios todo este
tiempo por sus condiciones de trabajo planteara una
medida que los perjudicara? La respuesta es obvia y las
compañeras y compañeros de estas empresas la conocen.
Entonces, ¿cuál es el problema? Seguramente la
respuesta esté ligada a que estas empresas realizan
actividad financiera sin ningún tipo de regulación y
contralor y que, por tanto, reconociendo el papel que la
Caja Bancaria ha jugado históricamente en cuanto a la
transparencia en el funcionamiento y la competencia en
el sector, es esto a lo que verdaderamente temen.
Pero es tiempo de definiciones; no hay margen para más
dilatorias. El Poder Ejecutivo debe ejercer su
responsabilidad política y definir cuál es su decisión
en torno a la Caja Bancaria.
Días pasados, el ministro de Economía reafirmó el
compromiso del Poder Ejecutivo en cuanto a la búsqueda
de soluciones; expresó que estas deberán ser fruto de
acuerdos, que existe conciencia de lo limitado de los
tiempos y que la solución se procesará en este período
de gobierno. Se trata de compromisos importantes, sin
dudas y que valoramos como tales, pero a los que –como
señalamos en esa oportunidad– vamos a ayudar a cumplir a
partir de la movilización de todo el gremio.
Movilización en lo interno y movilización hacia los
sectores políticos, el Poder Ejecutivo, el Parlamento
Nacional y las empresas. Movilización que pretendemos
cuente con la mayor comprensión por parte de la opinión
pública, y que destierre las simplificaciones, las
mentiras, los prejuicios de las falsas comparaciones
para ubicarse frente a la alternativa real: o se buscan
soluciones sustentables y equilibradas, o el costo de la
quiebra de la Caja Bancaria se trasladará al conjunto de
la sociedad.
Estamos comprometidos con una historia de 83 años de
existencia, sin que el Estado haya aportado un solo peso
a la seguridad social de la actividad financiera, un
galardón casi exclusivo en los institutos de seguridad
social del país. Queremos que esto siga siendo así y por
ello nuestras propuestas parten de una solución
equilibrada entre los actores de la vida de la caja, lo
que equivale a decir que, desde el arranque, estamos
comprometiendo sacrificios de nuestra parte.
Seguimos convencidos de que este objetivo es posible; lo
que falta son las definiciones políticas del Poder
Ejecutivo para recorrer el camino.
Hoy comenzamos la etapa final de esta lucha de más de
veinte años. El compromiso de todos y cada uno de
nosotros y nosotras será definitorio. ¡Arriba,
compañeras y compañeros! ¡Viva la Caja Bancaria! ¡Viva
AEBU!
ASOCIACIÓN DE BANCARIOS DEL URUGUAY
Filial PIT - CNT
|
