Directores de los bancos públicos y representantes de Aebu firmaron anoche en la sede del Banco República un preacuerdo sobre la prórroga del convenio colectivo para los funcionarios de las entidades bancarias estatales, sobre el cual se pronunciará una asamblea sindical a realizarse mañana. El entendimiento había sido aprobado en la tarde por ocho de los once consejeros del sector banca oficial del sindicato. El País

El preacuerdo establece que la variación de los salarios de los bancarios públicos será igual a la que disponga el Poder Ejecutivo para las empresas públicas (es decir que serían bianuales y eventualmente tres al año si la inflación entre los aumentos superase el 10 %). El País

Esto supone un cambio de último momento en el mecanismo negociado para fijar la pauta salarial, ya que hasta ahora se había hablado de aplicar en la banca estatal el mismo criterio con que se ajustan los salarios de la administración central. La diferencia más importante es que el Poder Ejecutivo suele fijar un ajuste inferior en la administración central al que consiguen los empleados de las empresas públicas y entes. El Observador

El convenio fija que «anualmente se efectuará una evaluación de la evolución del salario», de los ahorros en los bancos y del crecimiento de su actividad. El gobierno se comprometió a atar los sueldos a las dos últimas variables. El Observador

En un plazo de 10 días hábiles a contar desde la firma del acuerdo, las partes designarán una comisión paritaria para cada banco –a ser integrada también por un representante de la OPP– para medir la variación en el nivel de actividad y rentabilidad de cada banco oficial. En un plazo no mayor a los 90 días desde su constitución, estas comisiones elevarán propuestas a los directorios que tendrán 30 días para su aprobación. El País

El entendimiento tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2005 y en él se reconoce que los bancos oficiales tienen que pagar una retroactividad salarial por el ajuste que entró en vigencia a partir del 1 de julio pero que no se aplicó hasta el 1 de febrero. El País

Otro artículo determina que cada banco se comprometerá a en no más de 30 días dar soluciones a los funcionarios endeudados «con críticos problemas de libre disponibilidad en sus retribuciones, en las situaciones que sean posibles». Las soluciones que se adopten tendrán en cuenta los antecedentes crediticios del funcionario y serán resueltas por cada institución y analizadas en ámbitos bipartitos. El País

El titular del BROU, Daniel Cairo, remitió ayer al presidente de Aebu, Eduardo Fernández, una carta en la que detalla los hechos que determinaron la destitución de Héctor Rovella. Aclara que la Oficina de Servicio Civil aconsejó la destitución antes de que asumiera un cargo para el que fue electo en Aebu. Luego, el funcionario fue procesado por violación del secreto bancario. El gremio rechaza la destitución y dará sus explicaciones hoy en conferencia de prensa. El Observador

El ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, reivindicó en el Parlamento los criterios contables utilizados por la Contaduría General de la Nación sobre la asistencia que el gobierno otorgó durante parte del año 2002 al sistema bancario, y admitió que el recupero de estos créditos será «muy menguado». La República

Al tomar conocimiento de que el casco de la estancia La Arcadia que los hermanos Carlos y José Rohm poseen en Carmelo fue vendido en junio, el BCU comenzará en los próximos días a embargar todas las propiedades que los ex accionistas del Banco Comercial tengan en el país. La venta se conoció en un nuevo allanamiento dispuesto por la justicia de Carmelo, esta vez en un estudio contable de Montevideo que manejaba documentación de los bienes de los banqueros. El País

La comisión de Hacienda del Senado aprobó ayer por unanimidad un proyecto de ley que brinda derechos a los clientes del Montevideo y del Caja Obrera, titulares de cajas de ahorro o depósitos vista o cuentas corrientes o depósitos a plazo fijo, cuyos ahorros fueron aplicados a la adquisición de participaciones en certificados de depósito de instituciones financieras con sede en el exterior (como en el caso de TCB). No están comprendidos en la medida quienes, sin ser clientes de los bancos Montevideo y La Caja Obrera, eran titulares de depósitos en entidades financieras con sede en el exterior o instruyeron al Banco Montevideo o al Banco La Caja Obrera para la realización de sus operaciones a través de otras instituciones financieras. El País

La Justicia uruguaya, con la presencia del fiscal paraguayo Adolfo Marín, volverá esta tarde a tomar declaraciones al ex gerente general de TCB en Uruguay, Alfredo Iraola, al gerente regional Javier Carlevaro, y a los colaboradores de Iraola, Gonzalo Arancibia y María Inés Ferrés, quienes están procesados en Paraguay en rebeldía. El País

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