Al parecer estaría redactado el texto del decreto que habilita a los bancos estatales, excluyendo al BHU, a absorber los empleados despedidos del Banco de Crédito mediante la modalidad de contratos a término renovables.

Aebu reclamó que se investigue si los depositantes de más de 100 mil dólares en el Banco de Crédito no son deudores del BPS o la DGI. Esta investigación debería hacerse antes de que el Estado renuncie a parte de sus derechos para mejorar los porcentajes de recuperación de los ahorristas.

El presidente Jorge Batlle tiene a su consideración el decreto que habilita a los bancos estatales a absorber los empleados despedidos del Banco de Crédito mediante la modalidad de contratos a término renovables, y se espera que lo rubrique entre hoy y mañana. El texto de la disposición fue elaborado por los servicios técnicos del Banco Central y tiene el visto bueno del ministro de Economía, Isaac Alfie, confiaron fuentes oficiales. El Observador, jueves 28

El decreto que está a la firma indica que la contratación se hará bajo la modalidad prevista en la Rendición de Cuentas del año pasado, que habilita a los organismos del Estado a suscribir contratos laborales a término por un año con la posibilidad de prorrogarlos, pero para este caso especifica que esos cargos se provean mediante llamados a concurso limitados y no abiertos, como dispone la norma mencionada. El Observador, jueves 28

Aebu envió una carta al ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfie, en la cual pide que se investiguen los depósitos en la institución superiores a U$S 100.000 para determinar si sus titulares incurrieron en evasión impositiva. El País, jueves 28

El presidente del sector banca privada del sindicato bancario, Juan José Ramos, opinó que es necesario comprobar que esos ahorros no se hayan constituido evadiendo impuestos a la Dirección General Impositiva o al Banco de Previsión Social, antes de que el Estado renuncie a parte de sus derechos para mejorar los porcentajes de recuperación. El Observador, viernes 29

La liquidación del Banco de Crédito se dispone a enviar telegramas colacionados a unos 300 empleados del banco liquidado comunicándoles el despido a partir del 1º de setiembre, dijeron fuentes del BCU. En Aebu no habían recibido aún ninguna comunicación. Juan José Ramos sostuvo que el sindicato espera que los despidos no se produzcan antes de que se formalice el convenio para que los despedidos ingresen a la banca pública. El Observador, viernes 29

La asamblea de ahorristas del Banco de Crédito reclamó al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central que se distribuya inmediatamente el efectivo y los Bonos del Tesoro existentes en el banco y asimismo los que se recuperen de la venta de activos. El País, jueves 28

«Según informara el liquidador, son necesarios apenas 80 empleados para la liquidación. Los 600 empleados restantes deben ser despedidos sin más dilatorias», dice la resolución de la asamblea de ahorristas del Banco de Crédito. El País, jueves 28

El Poder Ejecutivo envió al Legislativo un proyecto de ley en el que pide que se le faculte a destinar hasta el 80 % de la cuotaparte que le corresponda en recursos en efectivo o en valores, en su calidad de cuotapartista de los Fondos de Recuperación de Patrimonio Bancario del Banco Comercial, del Montevideo y La Caja Obrera a mejorar la respectiva situación de los ex depositantes que tenían colocaciones de más de U$S 100.000. El País, jueves 28

El miércoles de la semana próxima arribará a Montevideo una nueva misión de monitoreo del FMI, la que además de revisar el cumplimiento de las metas del programa, discutirá con el gobierno la posibilidad de que este utilice los recursos remanentes del Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario para capitalizar al BROU. La concesión de la autorización para el uso de esos recursos depende en buena medida de que los funcionarios del FMI aprueben el plan de negocios que el BROU está diseñando. El Observador, jueves 28

La ley de fideicomisos facilitará el acceso de las empresas al financiamiento y proporcionará a los inversores colocaciones de bajo riesgo, dijo Ricardo Olivera García, asesor del Poder Ejecutivo en la redacción del proyecto que fue aprobado en general en Senado. Por una operación de fideicomiso, una persona transfiere determinados bienes a un fiduciario (persona física o jurídica), para que los administre en beneficio del originario o de terceros. El País, viernes 29

Tanto Sanguinetti como Lacalle pusieron trabas al diálogo con la izquierda, dijo Carlos Ramela a Búsqueda. Señaló cómo «en torno a la integración de los organismos de contralor del Estado era algo evidente que la izquierda reclamaba con razón, ¡si tenían el 44 % de los votos! Batlle estaba dispuesto a acceder a esa demanda pero ni Lacalle ni Sanguinetti aceptaron», dice Ramela. Y agrega: «Tanto blancos como colorados se negaron terminantemente a sacrificar (sic) un miembro propio para entregárselo al Encuentro Progresista». La República, viernes 29

«El gobierno, que tenía un discurso muy claro, de transparencia y de ataque de injusticias y privilegios y de situaciones que no se pueden seguir soportando, las tuvo que seguir bancando, porque había que aceptar, aceptar y aceptar». La República, viernes 29

El ex gerente del programa de créditos para las PYMEs de la CND, Carlos Luppi, sugirió en el Parlamento haber sido despedido luego de descubrir e investigar hechos de presunta corrupción en el manejo de fondos destinados a instituciones de asistencia técnica y confirmó la autenticidad de un documento en poder de la Comisión Investigadora de los negocios de la CND que relata un presunto hecho de corrupción que habrían intentado ocultar dos ex directores de la Corporación. Búsqueda, jueves 28

El Banco Central tiene «ciertas limitaciones» legales para trabar embargos contra los involucrados en los fraudes de los bancos Montevideo y Comercial, porque la decisión final de aplicar la medida corresponde a la Justicia, ante la cual el organismo debe presentar pruebas concretas que demuestren que existe real vinculación entre los activos y los ex accionistas de las instituciones. El Observador, jueves 28

Según fuentes judiciales, la investigación llevada adelante por el juez de Carmelo, Carlos Colmenero, determinó que Patricia Meier –quien compró la estancia en representación de una sociedad norteamericana llamada Chestnut Hill Properties– trabaja en el Chase Manhattan (J.P. Morgan) y estuvo vinculada a Arintero S.A., una sociedad panameña radicada en ese país que realizaba operaciones financieras desde Uruguay. El País, jueves 28

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