La Justicia y los servicios internos del Banco Central del Uruguay investigan la devolución de un depósito a plazo fijo en el Banco Montevideo por US$ 1.050.000. El caso está siendo indagado por la jueza en lo penal de 14º turno, Anabella Damasco y tiene como principal implicado al liquidador del banco que oficia como administrador delegado del Banco Central en la liquidación del Banco Montevideo, el escribano Osvaldo Oliver. Hasta ayer, además de Oliver, estaban detenidos dos auditores y un empleado del banco, el depositante, de iniciales M.D., de 60 años, y su hija, según dijeron fuentes de la investigación. El Observador

El Central emitió ayer un comunicado en el que da cuenta que una serie de controles internos de la entidad «permitieron detectar la devolución mal efectuada de un plazo fijo en le Banco de Montevideo, actualmente en proceso de liquidación», y precisa que el mismo es por una cifra que «oscila el millón de dólares» y que fue «devuelto con cargo al Fondo de Estabilidad del Sistema Financiero». Ese fondo se constituyó el año pasado con recursos del FMI y estaba destinado a financiar la devolución de las cuentas a la vista de los bancos quebrados. El País

El banco emisor informó que «los recursos del Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario amparan a los depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro, no así a los constituidos a plazo fijo». Además pidió a la Justicia que adopte «medidas cautelares inmediatas para recuperar los fondos indebidamente pagados» y dispuso «medidas administrativas, lo que permitió recuperar la totalidad del monto pagado irregularmente». El Observador

Cuando el banco fue a liquidación el depositante «se desesperó y fue a hablar con el liquidador quien le pidió una coima de US$ 150 mil a cambio de recuperar» el depósito, lo que este aceptó y le entregó por ello un cheque por ese monto», relataron las fuentes. Oliver, según las fuentes, recomendó a M.D. escribir una carta señalando que fue «engañado» por el gerente de la sucursal y obtuvo luego los informes de los auditores que señalaban que el depósito estaba a la vista. Así, dispuso la devolución de los fondos como si se tratara de una cuenta a la vista, pero no informó a su superior –Xavier– que coordina en nombre del BCU las liquidaciones de los bancos. El Observador

Según las fuentes, el dueño del depósito, un empresario hotelero, presentó en setiembre de 2002 una carta ante la superintendencia de bancos reclamando la devolución de un plazo fijo, por alrededor de U$S 1,2 millones hecho el 4 de julio anterior en el Banco Montevideo, a lo que esta no respondió porque no correspondía la devolución. Debe recordarse que el Central solo devolvió la totalidad de las cuentas a la vista hechas en los bancos cerrados y que la devolución depósitos a plazo quedó sujeta la disponibilidad de fondos. El País

El depositante pidió que se transfiriera el monto a una cuenta a la vista en el NBC, pagó la coima en efectivo y recuperó su cheque. La maniobra fue detectada en una auditoría del BCU en el NBC que se extrañó por el abultado depósito en una cuenta a la vista. El depositante relató estos hechos ante la Dirección de Información e Inteligencia de la Policía y ante la jueza. Como prueba de la coima la defensa del ahorrista presentó el cheque de US$ 150 mil y la copia de la resolución de Xavier. El Observador

Ayer, cuando la Policía fue al domicilio de M.D. por el caso del depósito indebidamente devuelto, el ahorrista no estaba. Había ido súbitamente al banco. El depositante fue detenido en una institución financiera privada mientras intentaba transferir a España –a través de una cuenta de su hija– los fondos que había depositado en el Nuevo Banco Comercial tras haberlos rescatado del Montevideo. El Observador

El senador colorado Alejandro Atchugarry negó ayer que haya accedido como integrante del gobierno –sea como legislador, sea como ministro de Economía– a información privilegiada para mejorar el rédito de sus depósitos familiares antes de la crisis bancaria que afectó al Banco Comercial, donde tenían colocaciones. El ex jerarca explicó que en 2001 depositó dinero familiar en el exterior «porque la tasa ofrecida era conveniente», pero comentó a continuación que en abril de 2002 decidió que todas las inversiones familiares volvieran al Uruguay, aunque admitió que quizás el consejo que dio a sus familiares «no los favoreció mucho». El País

Atchugarry contestó a parte de las imputaciones que le hicieron los legisladores del MPP –sobre la comparación de los ahorros en la banca off-shore Commercial Investment con el dinero enviado al TCB por parte del Banco Montevideo– al afirmar que en abril de 2002 también se devolvían los depósitos a la vista de esa institución. «Los ahorristas recuperaban su dinero, y la prueba es que se fueron U$S 6.000 millones» del sistema financiero, añadió. «Yo fui ministro tres meses después cuando ya no había con qué responderle a los ahorristas y se tomaron las medidas que se tomaron», recordó. El País

Ayer, la Agrupación de Gobierno de la Lista 15 defendió la decisión de las autoridades del Comercial de la época alegando que antes de resolver la devolución del dinero pidieron tres informes, uno interno y dos externos, todos los cuales coincidían en la legalidad del pago. El País

El diputado José Amorín explicó la situación del ex ministro Alfonso Varela, cuyo nombre fue mencionado también por algunos medios. «Me autorizó a decir que tenía U$S 10.000 en el Banco de Crédito; otros U$S 20.000 en el Comercial; y U$S 30.000 colocados en el Commercial Investment», reveló Amorín. Amorín subrayó que no se favoreció a nadie con el retiro de ese dinero y que la información divulgada por la bancada del MPP «es pública desde hace cuatro meses». Llamó «inescrupulosas» a las personas que la manejaron públicamente el miércoles. El País

El diputado Víctor Rossi (Alianza Progresista) señaló que el directorio del viejo Banco Comercial, compuesto por Javier De Haedo, Gustavo Licandro y Paul Elberse, fue el que decidió devolver el dinero a los ahorristas del Commercial Investment entre febrero y mayo de 2002 y sin autorización del Banco Central, ya que se comunicó la decisión a la autoridad monetaria luego de diez días de haber iniciado la operativa. La República

«En ese momento el Comercial ya estaba severamente afectado y Röhm ya estaba preso. Los 87 millones de dólares [es] un dinero que sale de las transferencias que con enorme esfuerzo realizaba el Estado uruguayo para sostener a la institución», recriminó Rossi. Por su parte, el diputado Iván Posada (Partido Independiente) remitirá un pedido de informes al BCU a través del cual interrogará acerca de cuándo se decidió iniciar la operativa de retiro de depósitos. La República

La semana próxima el Directorio del BROU aprobará formalmente la creación de un fideicomiso en la órbita de la propia entidad para administrar las carteras de difícil cobro, dijeron fuentes de la institución. La fórmula, que ya cuenta con el respaldo técnico de los cinco directores, fue presentada esta semana a las autoridades del FMI en Washington por el vicepresidente del banco, Gustavo Michelín. El País

El segundo vicepresidente del Banco República, Gustavo Michelín, se reunió en Washington con los representantes del FMI que analizan la situación de Uruguay, a quienes explicó la fórmula diseñada para el cobro de las carteras pesadas. En los encuentros «se avanzó en la comprensión de los instrumentos que se están analizando», aunque a los técnicos del Fondo les «preocupa que todavía no se hayan tomado decisiones» para resolver la situación de los créditos 4 y 5 del banco, dijo Michelín. El Observador

Para los funcionarios del FMI no fue sencillo entender el régimen para el cobro de las carteras pesadas que está diseñando la institución. «Es difícil explicar una propuesta como la que estamos elaborando, ya que tiene características particulares que la hacen de difícil comprensión», sostuvo Michelín. Según la vicepresidenta del BROU, Milka Barbato, a los técnicos del FMI el mecanismo para gestionar el cobro de la cartera pesada «les pareció una solución a la uruguaya». La representante del Foro Batllista dijo que el FMI «no dijo ni que no ni que sí» a la fórmula que maneja el banco. El Observador

La semana que viene llegará a Uruguay una delegación de técnicos del departamento de política monetaria y financiera del FMI a los cuales se les explicará con más detalle las particularidades de la fórmula. Aspectos como el plan estratégico, la separación de la cartera que no es de gestión bancaria y la situación de liquidez «se refuerzan entre sí» y deben resolverse «de forma conjunta», señaló Michelín, quien expresó que la semana que viene el directorio se abocará de lleno a la resolución de estos temas. El Observador

Dentro del fideicomiso quedarán solamente los créditos categoría 5 con deudas mayores a US$ 200 mil, unos tres mil casos aproximadamente, cuyo monto total, luego de previsiones, se estima de entre US$ 380 y US$ 400 millones, frente al monto original de créditos de algo más de US$ 1.000 millones. El País

La política de recuperación de créditos que está llevando adelante el BROU permitió que la morosidad se redujera de 37 % en agosto a 36 % en setiembre, según los balances de la entidad publicados por el Banco Central. La morosidad se calcula como la proporción de créditos vencidos sobre el total de préstamos del banco. En setiembre el República tuvo préstamos vigentes por US$ 2.678 millones y créditos morosos por US$ 1.508 millones. La meta de recuperación de carteras para 2003 es de US$ 120 millones. El Observador

Los ahorristas del Banco de Crédito solicitaron que no se les entreguen Bonos del Tesoro con vencimiento posterior al 2011 hasta que no se realice la subasta de enajenación de créditos de la institución. Los grupos de ahorristas se reunieron ayer con el administrador delegado del Banco Central del Uruguay (BCU), Walter Morales, a quien entregaron una carta en la que dan los motivos de este planteo. El País

El pasivo total de la institución es de US$ 330 millones y para cubrirlo la liquidación necesita recaudar por lo menos US$ 140 millones con la enajenación de carteras. Dado que las carteras están valorizadas en US$ 250 o US$ 300 millones, los depositantes consideran que es posible recaudar más dinero y entonces el Estado podría cobrarse unos US$ 40 millones que tiene a su favor en la institución. Piden que se espere porque si la subasta recauda valores con plazos más cercanos, el gobierno podría favorecer a los ahorristas canjeándolos por los bonos con vencimientos posteriores a 2011 que están en poder de la liquidación. El Observador

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