El grupo de nueve gremiales agropecuarias, la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay presentaron en el Parlamento un documento conjunto, en donde se establece que el endeudamiento «no es sólo un problema de los endeudados, sino de toda la sociedad». Según explicó Fernando López, presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, las instituciones dejaron «claramente establecido que todos los paliativos que hubo hasta el momento, incluso las resoluciones adoptadas por el Banco República proponen soluciones para el banco, pero no para los endeudados». El País

El documento entregado por los empresarios el miércoles a los legisladores remarca que el problema del endeudamiento, sea agropecuario o el denominado «de consumo», necesita «un debate parlamentario a fondo» y no se le pueden buscar «soluciones genéricas, sino que hay que ser selectivos». El País

Aebu considera que esta situación se produce porque «para situaciones similares el gobierno ha adoptado soluciones diferentes», ya que en el caso de las carteras 4 y 5 definió la instrumentación de un fideicomiso en manos de una sociedad anónima propiedad del BROU. El sindicato prevé que esta coincidencia de deudores «desencadenará una batalla por recuperar los préstamos», que estará caracterizada por la agresividad de los gestores de los fondos de recuperación tercerizados. Crónicas

Si bien el fideicomiso contempla parcialmente algunas de las reivindicaciones de Aebu, el sindicato advirtió que la fórmula puede precipitar al país a un peligroso «tiempo de remate». Advirtió que cerca de la mitad de los deudores que integran las carteras 4 y 5 del BROU son los mismos de los fondos de liquidación de los bancos Montevideo, Caja Obrera y Comercial, y que la carrera entre los acreedores para ver quién cobra primero provocará múltiples cierres de empresas y aumentará el desempleo, entre otros perjuicios. Si se suman las carteras incobrables del BROU a las del Banco Hipotecario y los bancos en liquidación la cifra supera los 2.100 millones de dólares. Brecha

Aebu entiende que, «dado que el Estado es –directa o indirectamente– propietario de los activos en cuestión (dado que fue quien cedió sus créditos en beneficio de los ahorristas), debe existir una coordinación entre los fondos de recuperación de los bancos privados y la gestión de las carteras 4 y 5 del BROU. Esta coordinación parece imposible en la medida en que exista una gestión privada de las carteras de los bancos privados». Por esto reclama el cese de las tercerizaciones proyectadas por parte del Banco Central para los bancos liquidados, «para pasar a una ordenación de los criterios que agrupen a todos los deudores en las franjas propuestas por Aebu, que atienden a la recuperación de los fondos pero también a la recomposición de la relación con los deudores en aquellos casos en que esto sea posible, en bien del mantenimiento de la actividad económica y del empleo». Crónicas

Aebu propuso que el Estado gestione los cobros en forma coordinada pues eso permitiría una mayor recuperación, ayudaría a recomponer la relación comercial con los deudores del banco y, por ende, a salvar a muchas empresas de la quiebra. Sin embargo, el mecanismo elegido para intentar recuperar los fondos de los bancos quebrados es distinto al que se aprobó para el BROU. La intención de tercerizar la gestión de cobro a un costo que puede alcanzar el 40 por ciento del valor de lo recuperado, según Aebu, «resulta escandalosa», sobre todo si se tiene en cuenta que la exigencia patrimonial para las empresas precalificadas será de apenas 300 mil dólares, cuando el valor de los activos en los fondos de recuperación supera los 700 millones de dólares. Brecha

Los Certificados del Nuevo Banco Comercial han recuperado terreno y se cotizan actualmente en el entorno del 74,5 % de su valor nominal. El mercado de estos papeles lentamente está adquiriendo mayor fluidez, no solo por la mayor cantidad de oferentes sino también porque el trámite para que estos certificados se coticen en la BVM se desarrolla con mayor facilidad. El NBC continúa aceptando estos títulos como medio de pago a deudores de dicha institución, acordándose un cronograma de pagos de intereses que surgen de la diferencia entre la tasa de interés que paga el certificado (2,0 % anual) y la convenida con la institución. El País

La cooperativa financiera Cofac presentó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el primer proyecto de fideicomiso para financiar al sector agroexportador uruguayo, por U$S 50 millones. Técnicos del organismo internacional dieron su visto bueno, y el 15 de enero la iniciativa ingresará a estudio de su Comité de Elegibilidad, que resolverá si lo aprueba, explicó el gerente general de Cofac, Gustavo Marton. Cofac sería el administrador del fideicomiso, asesorado por el banco holandés Rabobank; la calificación de riesgo estaría a cargo de Fitch y la auditoría externa sería realizada por Tea, Deloitte & Touche. El País

Los ahorristas del ex Banco de Crédito solicitaron ayer una reunión con el Directorio del Banco Central (BCU) para insistir en su reclamo de que se suspenda la distribución de bonos con vencimiento más allá de 2011 hasta que se realice la subasta de carteras de la institución, informó el representante de la asociación de cuotapartistas, Miguel Zubillaga. Los depositantes tomaron la iniciativa ante versiones que señalan que el Central no hará lugar a su petición. El Observador

La subasta de las carteras del Banco de Crédito no se realizará antes del 12 de enero con lo que los ahorristas consideran prácticamente un hecho que no se cumplirá el convenio que oportunamente firmaron con el Banco Central del Uruguay, que establecía que el próximo 9 de enero debían tener a su disposición medios de pago equivalentes al 90 % de sus colocaciones originales, por lo que estos se sienten liberados para recurrir a la Justicia. El País

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR), máximo órgano de contralor del Estado, consideró que el Banco Central no cumplió con todas las disposiciones legales cuando realizó la asistencia financiera durante la crisis bancaria del año pasado. En un informe de unas 50 páginas determinó que el BCU «no proporcionó documentación suficiente» que justifique las asistencias realizadas. Brecha

El TCR sostiene que «existen incertidumbres relativas al cumplimiento de disposiciones legales en cuanto a la asistencia financiera que brindó el BCU a distintos bancos al amparo del artículo 37 de la Carta Orgánica». El artículo en cuestión establece que los préstamos de última instancia deberán contar con la garantía personal o real y la solvencia comprobada por parte del banco asistido, y que no podrán superar el monto de su patrimonio neto. El tribunal sostiene que no obtuvo evidencia suficiente sobre si la asistencia financiera otorgada a cada banco superó el monto del patrimonio neto respectivo. Brecha

El directorio del Banco Central consideró en abril del año pasado la posibilidad de intervenir el Banco Comercial, según reconoció ayer ante la investigadora sobre el sistema financiero y bancario de la Cámara de Representantes el gerente general de la institución, Gualberto de León. Últimas Noticias

El presidente del Banco Central del Uruguay, Julio De Brun, adelantó a la comisión investigadora sobre el sistema financiero que de la indagatoria administrativa que está llevando adelante la autoridad monetaria, debido a la sustracción del folio 41 del expediente 9.855, se puede concluir que «hay debilidades en el manejo documentario del BCU». El EP-FA anunció que denunciará el «delito» ante la Justicia. La República

El vicepresidente del Banco Central, Miguel Vieytes, se enfrentó ayer con el diputado frenteamplista Víctor Rossi y, molesto, se levantó y abandonó la reunión. Rossi consideró inexplicable el «manejo» y «traslado» de expedientes que se producía en la institución. Vieytes rechazó «tajante y enfáticamente» esa afirmación por considerar que no se puede generalizar sobre el manejo de todos los expedientes. A continuación dijo que le llama la atención que esto venga del diputado Rossi, quien «ha trabajado en la Intendencia de Montevideo, en donde cada tanto se prenden fuego los archivos o se pierden expedientes». El País

El ex asesor de la cooperativa Caycu, Luis Porto, tenía plazo hasta el martes pasado para presentar sus descargos en el marco de la investigación que está realizando la intervención de la institución. Pero en vez de descargos, Porto presentó al Banco Central un pedido de que se separe de la investigación al superintendente de Bancos, Fernando Barrán, y a los restantes instructores, y que se denuncie ante la Justicia penal la filtración de información sobre dicha causa. El Observador

El juez Homero Da Costa mantiene en suspenso el presumario sobre el salvataje del Estado a la agroindustria Migranja en el que investiga la actuación del ex presidente del Banco República, César Rodríguez Batlle, porque entiende que todavía no se puede descartar su responsabilidad. El País

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