BDC
Los ahorristas están
confusos
El
desconcierto de un grupo de ahorristas del Banco de Crédito
quedó plasmado ayer, cuando una asamblea de 100 personas
resolvió iniciar un juicio para reclamar la devolución de sus
ahorros, con la particularidad de que no saben contra quién
encararlo.
El
Banco Central sostiene que en el convenio firmado con los
depositantes estaba previsto que no se pudiera alcanzar una
devolución del 90 % y que no está abierto el camino judicial.
La
solución propuesta por Aebu, materializada en la creación del
Nuevo Banco Comercial, fue considerada como «más Estado» por
la Heritage Foundation, una de las instituciones organizadoras
del Foro de Davos. Ello trajo como consecuencia una baja de
Uruguay en el ranking de «libertad» que lleva esa
institución.
Resolvieron
hacer juicio pero no saben contra quién
Un grupo de
ahorristas del Banco de Crédito definía al cierre de esta
edición el inicio de acciones judiciales para recuperar la
parte de sus ahorros que aun no cobraron. «El juicio lo vamos a
hacer. Contra quién y con qué argumento lo determinarán los
abogados», dijo anoche José García, miembro de la comisión
de depositantes de la institución en liquidación. García dijo
que pueden reclamar contra la CND –ex accionista mayoritario
del Crédito–, contra el Grupo Moon –ex accionista
minoritario–, contra el Ministerio de Economía –accionista
de la CND– y contra el Banco Central, por ser la contraparte
del convenio de acreedores que los ahorristas consideran
incumplido. El Observador
El
BCU los contradice
Los depositantes del
Crédito sostienen que quedaron habilitados a reclamar ante la
Justicia la parte de sus ahorros que todavía no recuperaron
luego que el pasado siete de enero venció el plazo previsto en
el convenio de acreedores para que accedieran a instrumentos de
pago equivalentes al 90 % de sus ahorros. Si no llegaban a ese
porcentaje –como efectivamente ocurrió–, el acuerdo los
habilitaba a recurrir a la Justicia. Pero las autoridades del
Central lo niegan porque el propio acuerdo preveía la
situación de no poder cubrir el 90 % y aseguran que la
recuperación fue mayor, cercana al 60 %, porque deben
contabilizarse los bonos. El
Observador
¿Libres
o cautivos?
Uruguay tuvo un leve
retroceso en el Índice de Libertad Económica que elabora todos
los años la Heritage Foundation de Estados Unidos al pasar del
puesto 35 al 39 aunque se mantiene dentro de la categoría de
estados «mayormente libres» y obtiene una calificación mejor
que Argentina y Brasil aunque peor que Chile. En el continente
americano obtienen mejor calificación que Uruguay además del
país trasandino, Barbados, Bahamas, Trinidad y Tobago, Canadá,
Estados Unidos y El Salvador. El
País
NBC
nos hizo bajar en el ranking
Las razones del
empeoramiento de la posición uruguaya son un incremento del
peso fiscal y un deterioro del ranking que monitorea la
situación bancaria y financiera. Esto se debe –explica la
Heritage Foundation– a que la crisis bancaria de 2002 y la
creación como consecuencia de esta del Nuevo Banco Comercial,
de propiedad estatal, hicieron que exista «evidencia» de una
mayor participación estatal en el sector. En cuanto a política
comercial, Heritage Foundation entiende que se ha dado una
mejora porque el arancel promedio de Uruguay bajó del 13 % al
6,6 %. «Las licencias para importación son fáciles de obtener
y no sirven para limitar las importaciones», reconoce el
análisis. Uruguay consigue 2,6 puntos, en una escala que va de
1 a 5 en un sistema de medición en el que cuanto menor es la
cifra, más libre es el país desde el punto de vista
económico. El País
Quiénes
nos juzgan
El trabajo de la
Heritage Foundation –que se define a sí misma como un instituto
«de defensa de los valores tradicionales de Estados Unidos–
es realizado en forma conjunta con The Wall Street Journal.
En la anterior edición del «ranking» se señalaba que en
Uruguay «la menguante confianza pública en los mercados
abiertos podría ser el preludio para el triunfo de la
coalición de izquierda Frente Amplio en las elecciones de 2004
y, en consecuencia, el fin de las esperanzas de privatización,
el aumento del gasto público y los programas de empleo y el
regreso de la inflación de tres dígitos de hace casi una
década». El País