Aebu, gremial que nuclea a los trabajadores bancarios, anunció ayer que un conflicto que abarque a todo el sistema financiero podría surgir en las próximas semanas, si no se soluciona de una vez por todas el tema de Riloman SA. Riloman quedó a la deriva tras la liquidación de la citada institución. Para sumar complicaciones, desde la liquidadora del BDC se habla de la existencia de una deuda de U$S 3 millones que Riloman tiene con el citado fondo de liquidación. La República

En la pasada jornada, la integrante del Consejo de Sector Financiero Privado de Aebu, Laura Yáñez, advirtió que la situación de Riloman SA afectará el normal funcionamiento de la liquidadora del Banco de Crédito y después el conflicto se trasladará a toda la banca. En la audición radial de Aebu, Yáñez también señaló que existe un acuerdo secreto firmado entre el BCU y el Grupo Moon, donde se manifiesta el «perdón de deudas». Precisamente el grupo Moon tiene una deuda con Riloman SA la cual asciende a U$S 3 millones. La República

Yáñez dijo que «básicamente lo que sucede es que el Banco Central tiene que contestar por qué firma un convenio con los ahorristas –por todos conocido– que dice que la secta Moon va a pagar toda la deuda de Riloman y luego firma un convenio con la secta Moon –que no hace público– por el cual la secta no paga toda la deuda de Riloman». La República

Consultada sobre si se había resuelto alguna movilización frente al tema respondió: «Mire, si hay 300 puestos de trabajo en juego es seguro que hay movilización y es seguro que hay conflicto. Este comenzará en el Banco de Crédito, pero no sabemos dónde terminará». La República

Aebu está próxima a un conflicto debido a la situación en la empresa Riloman, a la cual el grupo Moon –según el sindicato– adeuda US$ 3 millones. La dirigente Laura Yáñez denunció que el Banco Central firmó con la secta Moon un convenio que perdona esa deuda, lo cual atenta contra la existencia de Riloman. «Si hay 300 puestos de trabajo en juego es seguro que hay movilización y es seguro que hay conflicto», afirmó. El Observador

El gremio bancario sostiene que el fideicomiso del Banco República (BROU) en combinación con los proyectados fondos de administración de activos de los bancos liquidados se «generaría una suerte de competencia que obligaría a la administradora de las carteras del BROU a acelerar las ejecuciones buscando llegar primero para no verse postergada en sus intentos de cobro». (El fideicomiso del BROU administrará las cuentas de unos 10 mil deudores, 3.700 activos y otros 6.300 históricos). Crónicas

Aebu razona que «si en los análisis primarios se considera que se recuperará no menos del 30 % de los 700 millones en cuestión (U$S 210 millones), la administradora de este negoción (sic) levantaría una utilidad bruta de USS 84 millones». Ante esto, el Clearing bancario se pregunta: «¿Los ahorristas de los bancos liquidados fueron consultados sobre este negocio que prácticamente esfuma sus posibilidades de cobro? Obviamente no», se responden. Crónicas

El ministro de Economía, Isaac Alfie, sostuvo que «es obligación del gobierno que sus empresas no tengan patrimonio negativo», pero sostuvo que el canje de bonos que realizó el gobierno con el BSE el 30 de diciembre pasado, que implicó una sustancial mejora de su patrimonio, no fue sorpresivo, sino que ya estaba previsto desde el 2002. Por ese motivo, Alfie consideró que las aseguradoras privadas «se quejan erróneamente» de la operación, dado que entienden que se las discrimina. El País

A juicio de Alfie, el gran desafío del BSE para los próximos años será prepararse para el «aluvión» de rentas vitalicias que comenzarán a surgir dentro de cinco o diez años, y para lo cual el papel de las compañías aseguradoras será clave. Para ese momento, el sistema previsional por las AFAP habrá empezado a «madurar», y serán esas compañías las encargadas de servir las rentas vitalicias. Para Alfie, el BSE deberá reducir costos, y preparar los productos que ofrecerá para ese mercado, ya que la competencia provocará, en su opinión, una fuerte «segmentación». El País

En diciembre la base monetaria se ubicó en $ 14.577 millones, en tanto que en el último trimestre del año dicha variable alcanzó $ 13.682 millones, por lo que el Banco Central cumplió con la meta que se había fijado para dicho período ($ 13.689 millones), según indica la información divulgada ayer por ese organismo. El País

El vicepresidente Luis Hierro, el mismo que en 1999 aconsejaba a los uruguayos votarlo porque «los colorados no vamos a devaluar», justificó su decisión de ignorar las 16.269 observaciones sobre balances y gastos públicos elevadas por el Tribunal de Cuentas a la Asamblea General –cuerpo legislativo que preside–, porque «en un 99 por ciento son irrelevantes». Aun aceptando esa coartada no demostrada, quedarían todavía 162 comunicaciones que el vicepresidente sustrajo de la consideración de los senadores y diputados, al no convocar al cuerpo y ni siquiera difundir entre los legisladores la información recibida para verificar si otros coinciden con su afirmación. Brecha

El vicepresidente Hierro no debería calificar de «irrelevante», por ejemplo, el «detalle» de que el Banco Central ha sobrevaluado su patrimonio, su activo y su pasivo en nada menos que 832 millones de dólares, y que las utilidades del ejercicio 2002 fueron a su vez infladas en 223 millones de dólares. Una diferencia tan sustancial entre la realidad y los balances maquillados no debería pasar inadvertida para los parlamentarios de cualquier pelo. Brecha

Los 200 millones largos de utilidades sobrevaluadas derivan de una transferencia realizada por el BCU al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en diciembre de 2002 para activar la liquidación de los bancos Montevideo, Caja Obrera y Comercial. Esa transferencia fue registrada por el actual directorio del BCU como un activo, es decir como un crédito. Sin embargo, la ley que posibilitó esa transferencia no especifica la obligación del MEF de devolver el dinero. Hay por lo tanto, 223 millones de dólares asentados en los balances pero sin existencia real. Tampoco están esos 223 millones en Economía, porque –como indica el dictamen del Tribunal de Cuentas de noviembre de 2003– el supuesto préstamo es de «difícil recuperación» y no están asentadas las naturales previsiones que exigen los créditos dudosos. Brecha

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