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Para alcanzar a todos, rebajas del IVA deben prorrogarse

Lun 02/02/2015 - 16:02 por Editores

Muchos uruguayos gozan ya de los descuentos en el IVA del 2 y del 4 % en sus compras realizadas con tarjetas de crédito y débito, a partir de la puesta en vigencia parcial de la Ley de Inclusión Financiera. Hacen cálculos y sopesan las ventajas de pagar con uno u otro plástico, según privilegien el crédito o un mayor descuento del IVA. Gustavo Pérez, presidente de AEBU, hizo notar que todavía permanecen sin ser incluidos en los beneficios de esta norma entre 400 y 500 mil uruguayos y que ello constituye un desafío a encarar.

«Hay que llegar con la utilización de plásticos a los trabajadores rurales y domésticos», expresó. Pérez atribuyó este estado de cosas a las diferencias sociales y geográficas y sostuvo que «en las zonas donde residen estas personas, los comercios deben formalizarse y conectarse a las redes, de manera que en ellos se puedan también utilizar las tarjetas». 

Esta infraestructura mínima debe ser «complementada con educación financiera para usuarios y comerciantes y la presencia cercana de puntos de atención al público, porque quienes ingresen al sistema van a solicitar información», agregó.  Al respecto indicó que la banca tiene una gran concentración de dependencias en la zona costera de Montevideo, Maldonado, Colonia y el litoral, a la vez que quedan enormes extensiones del país sin cobertura. «Con la inclusión financiera va a existir la necesidad de efectuar consultas por parte de los nuevos usuarios. Ello le exigirá a los bancos incrementar sus  puntos de atención, que podrían ser lugares que no manejen dinero pero donde se pueda hacer distintos trámites. Podrían contar con solo dos trabajadores y dependerían de una gerencia zonal», estimó como una solución posible. De este modo, «sin bajar la calidad de la atención se lograría una proximidad mayor y un crecimiento del entramado de la red». 

Recordó el dirigente que fue postergada la puesta en marcha del pago obligatorio de salarios a través del sistema financiero. Esta circunstancia y también la situación de los trabajadores rurales y domésticos antes señalada, lo condujo a formular una propuesta: que los plazos previstos inicialmente para la vigencia de la rebaja de cuatro puntos de IVA, «para cumplir con el espíritu de la ley, deben contarse a partir del comienzo del pago obligatorio con cuentas bancarias; de lo contrario, cuando esta gente llegue ya no va a existir el beneficio».

Otro aspecto considerado por Pérez fueron los actuales costos de transacción, a su juicio elevados. «Para reducirlos tiene que ingresar más gente al sistema y ello posibilitará que bajen las comisiones a los comerciantes y estos se sientan más motivados para adquirir terminales POS», estimó. 

Esta generalización de los beneficios previstos en la Ley de Inclusión Financiera y las medidas para lograrla «deberían discutirse en el ámbito del sistema financiero, con la participación de las instituciones, el gobierno y AEBU», entendió. El citado ámbito funcionó en forma breve durante la etapa preparatoria de la ley y posteriormente el gobierno solo realizó consultas por separado a las empresas y al sindicato. 

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