Honestidad por obligación

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Honestidad por obligación

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El segundo editorial de AEBU en 2020 pone al descubierto las verdaderas razones que se esconden en la derogación de pagos con dinero electrónico, presentes en el anteproyecto de ley de urgente consideración.

Fragmento de El cambista y su mujer | Marinus van Reymerswale | Museo del Prado
Fragmento de El cambista y su mujer | Marinus van Reymerswale | Museo del Prado

EDITORIAL

La antesala del debate sobre la ley de urgente consideración ha comenzado a generar en la sociedad los primeros alineamientos de posiciones entre los más diversos actores económicos y sociales.

Las distintas organizaciones inician su análisis y van definiendo posiciones tendientes a la defensa de sus intereses y objetivos. Mientras el movimiento sindical profundiza en los extensos alcances del proyecto y su impacto regresivo sobre las condiciones de vida del pueblo y de los intereses del país, las principales corporaciones vinculadas al empresariado nacional ya empiezan a expresar con claridad su respaldo al proyecto.

En este marco, y frente a los temas vinculados al desmantelamiento de aspectos fundamentales de la Ley de Inclusión Financiera, algunas voces han expresado su apoyo decidido a la eliminación de la obligatoriedad de pagos a través de instituciones de intermediación financiera. Ello refiere a las remuneraciones de empleados dependientes, a los honorarios profesionales, así como a los pagos correspondientes a transacciones comerciales.

Las primeras en manifestarse fueron algunas asociaciones de comerciantes, vinculadas a la recolección de firmas que intentaba derogar la ley en cuestión, reeditando su discurso en defensa de la libertad de uso del dinero en efectivo. El argumento solo es una reafirmación de su lucha en la intención de reimponer prácticas evasoras, tanto fiscales como en materia de seguridad social, así como retraer el avance en la formalización del empleo.

Un poco más sorprendente ha sido un comunicado conjunto de la Asociación de Escribanos del Uruguay, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. En él expresan que, como consecuencia de la vigencia de la Ley de Inclusión Financiera, “se ha limitado la posibilidad de concretar negocios” y que han constatado una “reducción del mercado”, realidades que han dado como resultado un “menor trabajo para los operadores jurídicos, inmobiliarias, industria de la construcción, automotoras, entre otros”. 

Sin lugar a dudas, lo sorprendente no es la posición asumida por los representantes de tan vastos sectores económicos. Estos han tenido en la ley un control importante sobre mercados históricamente regidos por la informalidad, la subfacturación de operaciones y el arrendamiento en régimen de informalidad.

Lo sorprendente es el reconocimiento de que aspiran a recuperar un mercado de negocios que, por su falta de legalidad, no puede superar los controles impuestos por el sistema financiero. Se pretende obviar nada menos que la determinación de la procedencia de los fondos en dichas operaciones. Sorprendente es el llamado que busca recobrar la posibilidad de concretar negocios sin la limitación existente sobre el capital ilícito.

Todas las organizaciones vinculadas con la lucha contra el lavado de activos definen como de alto riesgo los negocios asociados a la intermediación en bienes muebles de elevado valor y de inmuebles. Ello es debido que los recursos allí utilizados pueden provenir del narcotráfico, la venta de armas, la trata de personas o de prácticas delictivas. Por ello son seguidas con especial atención las operaciones de alto monto que se realizan con dinero en efectivo, debido a su alta probabilidad de tener origen en fondos ilegítimos.

Sin lugar a dudas, de prosperar las derogaciones proyectadas por el anteproyecto de ley de urgente consideración en esta materia, nuestro país volverá a ocupar su posición de centro de lavado de dinero. Una posición que lo llevó a recibir fuertes condenas internacionales, a integrar listas negras de paraísos fiscales y deterioró la imagen del sistema financiero local y la del país todo.

Y es sobre este aspecto que —sorprendentemente— las tres prestigiosas organizaciones citadas, representantes de importantes sectores de profesionales y empresarios, reivindican recuperar las más lamentables prácticas en la materia. 

Por eso, como sindicato del sistema financiero, AEBU debe ser claro en expresar su rechazo a los argumentos utilizados. Reafirmarnos que ningún negocio lícito está vedado actualmente bajo la Ley de Inclusión Financiera. También entendemos que esta le permitió a Uruguay superar una triste historia basada en su condición de paraíso fiscal y centro regional de lavado de activos, además del desprestigio internacional que esa condición le provocó. A partir de estas convicciones sostenemos que las exigencias planteadas por la Ley de Inclusión Financiera en materia de promoción de los negocios y del comercio basados en el manejo de dinero legítimamente generado, son una buena práctica. Una modalidad sobre la cual ningún ciudadano honesto debería ofrecer reparos.