Ni popular ni justa ni necesaria

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Ni popular ni justa ni necesaria

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El Gobierno trata de convencer a la población sobre los supuestos beneficios de la Ley de Urgente Consideración, una tarea imposible a poco que se lo analice.

EDITORIAL 

Ya aprobados los cerca de 500 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) —que modifican aspectos fundamentales del funcionamiento del Estado, las políticas públicas, los ámbitos de participación ciudadana y las libertades y derechos de los ciudadanos— el presidente de la República ha asumido personalmente su defensa. Con la aspiración de legitimarla en la sociedad, intenta matrizar el concepto de que es una ley «popular, justa y necesaria», y para ello le adjudica atributos históricamente reñidos con las políticas neoliberales que practica y defiende. 

Para compartir el concepto de «popular» por él planteado deberíamos entender que la LUC implica un cambio que genera beneficios para el pueblo y particularmente para los sectores más humildes. Para aceptar el concepto de «justa» que le adjudica el presidente, la norma debería combatir inequidades tanto sociales como económicas, ofrecer oportunidades a los ciudadanos, elevar su calidad de vida y promover la protección social. Nada de ello está incluido en esta ley sino todo lo contrario. Por ello y frente a la calificación de «necesaria» cabe preguntarse qué o quiénes son atendidos en sus necesidades por esta ley. 

No podemos considerar ni popular ni justa una ley que flexibiliza y desregula algunas funciones públicas e impulsa la privatización de diversas áreas del Estado. Estamos ante una norma que, lejos de beneficiar a los sectores populares, crea una regla fiscal que condiciona la inversión y el gasto público justamente en medio de una crisis excepcional. Esta, tanto por su origen como por su profundidad, exige un compromiso del Estado para asegurar la atención de las necesidades fundamentales de la población; un compromiso que el gobierno rehúsa tomar, adherido a una insensible visión del resultado fiscal centrada en el control del gasto público. De esta forma abandona sus roles de protección y promoción social con un efecto negativo sobre la mayoría del pueblo que agravará las desigualdades hoy existentes.

No puede considerarse justa ni popular una ley que profundiza el centralismo institucional del Poder Ejecutivo, mediante la limitación de los espacios de participación y representación de la sociedad en áreas fundamentales que inciden sobre la calidad de vida de la población. Tampoco lo es proyectar una reforma de la seguridad social a partir de un comité de expertos, mientras deja afuera a los ámbitos y representaciones naturales que conforman la base que sustenta al sistema de seguridad social. 

Es impopular una ley que impone a la educación pública limitaciones en materia de gestión que deteriorarán el desempeño de los centros educativos. También lo es el impulso de un sistema que excluye a los educadores de su diseño, precariza las condiciones de trabajo y concentra poder en el Ministerio de Educación y Cultura, al tiempo que afecta las relaciones laborales en los centros educativos. Y como si esto fuera poco, se genera una mayor inequidad e injusticia al descartarse la posibilidad de que la formación docente tenga nivel universitario, por la vía de priorizar en la carrera profesional la adhesión a programas, en tanto se desconoce la formación y la solvencia académica.  

También contradice los conceptos de popular o justa una ley que establece una reestructura general del Mides dedicada a desmantelar programas y servicios destinados a la promoción y protección de los sectores más vulnerables.

Resulta profundamente contrario a los intereses populares retroceder en materia de inclusión financiera, dando impulso a la informalidad y precarización laboral, derogando la obligatoriedad del pago de salarios por medios electrónicos y eliminando la libertad de los  trabajadores para elegir cómo cobrar su salario. Estos vuelven ahora a estar sometidos a la voluntad del empleador, muy especialmente aquellos en situación de mayor dependencia y vulnerabilidad.

Estamos ante una ley antipopular e injusta que asume definiciones de claro contenido autoritario y antidemocrático, que cercena derechos constitucionales como el uso legítimo de la huelga y  condiciona a la arbitrariedad policial el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a manifestarse.

Es también profundamente antipopular el nuevo sistema de alquileres. Este abandona los mecanismos destinados a dar estabilidad a las familias más humildes y promueve un sistema de desalojo inmediato en un plazo de 30 días, para beneficiar a los propietarios por sobre los inquilinos.

Sin duda que era una ley urgente y necesaria para quienes querían reconstruir su poder en detrimento del pueblo. Una ley necesaria para eliminar la obligación de radicación de los productores familiares en tierras del Instituto de Colonización. Ahora políticos y empresarios bien conectados con el poder podrán disponer de ellas sin condicionamientos, cuando fueron adquiridas por el Estado para promover el asentamiento de los sectores más humildes del campo.

Era una ley necesaria para los asesores especializados en el lavado de activos, quienes reclamaban eliminar las limitaciones para realizar operaciones en efectivo y reducir los controles exigidos y así favorecer a los eslabones más poderosos del crimen organizado.

Era también necesaria para el oligopolio de los medios de comunicación. Estos dispondrán ahora de la fibra óptica, desarrollada a partir de la contribución de toda la población a través de su empresa estatal de telecomunicaciones.

Necesaria además para los empresarios que ven al Estado como una carga limitante de su rentabilidad, y para ello promueven su achicamiento, su privatización, la reducción de su inversión en áreas estratégicas y el abandono de sus funciones sociales de atención a los más humildes.

En resumen, la LUC recientemente aprobada en el Parlamento implica un retroceso democrático en materia de garantías individuales, restringe la participación ciudadana, deteriora a nuestras empresas públicas, impone cambios regresivos en la educación, atenta contra el diálogo en seguridad social, recorta al derecho de huelga y concentra las decisiones en el Poder Ejecutivo. Un verdadero programa contrario a los intereses del pueblo. 

Si fuera popular antepondría las necesidades de las grandes mayorías y no promovería mayores privilegios para los poderosos. Si fuera justa tendría como objetivo reducir las inequidades y no profundizarlas. Si fuera necesaria atendería los problemas urgentes de la sociedad. Y no lo hace.