Solo achique

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Para reformar la seguridad social debemos asociar sus ingresos a la riqueza generada por el trabajo, más que a los salarios o a la cantidad de trabajadores.

EDITORIAL

Entre los elementos aprobados en la Ley de Urgente Consideración, se incluyó la creación de una comisión de expertos con el cometido de asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración de un proyecto de reforma de la seguridad social. 

Supeditada a algunas designaciones pendientes, su instalación habilitará un proceso de diagnóstico y propuesta que el Gobierno pretende desarrollar en el menor plazo posible, a fin de contar con un nuevo marco legal a fines de 2021.

La mayoría de los países enfrentan problemas sistémicos en la materia, ya sea por el envejecimiento de sus poblaciones, por la ineficiencia de sus regímenes previsionales o por las escasas condiciones existentes para generar ahorros a lo largo de la vida laboral.

Mientras que en algunos países de América Latina comienzan a cuestionarse los sistemas de capitalización individual y a reinstalarse o fortalecerse los sistemas de reparto o acumulación colectiva, el inicio del debate en Uruguay parece plantear una profundización del régimen actual.

Aunque aún no se cuenta con un diagnóstico del sistema, algunos de los integrantes más destacados de la comisión de expertos ya comenzaron una ofensiva mediática. Con ella pretenden establecer sus conceptos ideológicos y las orientaciones con que aspiran a dirigir los ejes de reforma, a la vez que incluyen algunos aspectos tendenciosos destinados a justificar un nuevo deterioro de los derechos previsionales de los trabajadores.

Los mismos actores que tuvieron un papel fundamental en la elaboración de la última reforma estructural vuelven para impulsar una segunda fase, sin siquiera detenerse a reconocer el fracaso que la primera ha significado. A tal extremo que insisten en una nueva reforma cuando recién se están asumiendo las obligaciones generadas por la anterior, la que objetivamente está muy distante de las soluciones prometidas.

Sin intentar en esta etapa avanzar en profundidad sobre aspectos concretos, consideramos necesario incluir una mirada crítica sobre las primeras señales presentadas por la anunciada reforma. Se argumenta que la solución al problema de la sustentabilidad del sistema se daría mediante una nueva fase de endurecimiento de las exigencias en años trabajados y edad de retiro. A la vez se propone profundizar el pilar del ahorro individual  para las futuras prestaciones.

Por ello resulta imprescindible enfrentar una reforma estructural de este tipo y reclamar que se incluya en su análisis el conjunto de factores que conforman el sistema, y particularmente que todos los sectores involucrados participen en la construcción de un nuevo equilibrio.

No existen hasta el momento, más allá de lo discursivo, señales claras de un serio tratamiento de las sobredemandas sistémicas de asistencia financiera a cargo del Estado y, en particular, de las derivadas de los servicios de retiros militar y policial donde estas se concentran. 

Hasta ahora las señales de reforma solo se limitan al propósito de disminuir a futuro el nivel del gasto público en seguridad social, por el camino de menores prestaciones y recorte de derechos, excluyendo completamente todo análisis sobre los ingresos del sistema.

Por ello resulta cuestionable que desde el inicio del debate ya se proponga una reducción del monto de la jubilación inicial, a partir del ajuste de los parámetros más relevantes, como la rebaja de la tasa de reemplazo y la ampliación de los años de servicio para su cálculo. 

Una reforma que busque seriamente asumir el desafío de preservar las condiciones de vida de su gente deberá incluir como primer punto en consideración el componente de los ingresos del sistema, para luego abordar con equilibrio la estructura de egresos.

En este sentido, en forma previa a discutir la rebaja de las prestaciones, corresponde plantearse el cómputo sistémico de los aportes personales y patronales por la totalidad de los ingresos salariales, abandonando los topes de aportación que sólo benefician a los salarios más altos. Más allá de su positivo impacto financiero, esta definición permitirá generar una contribución equitativa. 

Asimismo, cabe cuestionarse si los actuales niveles de aportes patronales en el sector privado deben quedar por fuera de la discusión destinada a dar equilibrio al sistema. Si bien ellos pueden ser onerosos para los sectores productivos más débiles, su incidencia en la productividad y los ingresos de los sectores más dinámicos resulta pequeña. Una diferenciación sectorial o por niveles de ingresos brutos puede llegar a ser parte de la revisión del sistema. 

El país se debe una reflexión más amplia sobre el factor ingresos, que incluya también la posibilidad de avanzar en forma tendencial hacia la desgravación del trabajo y al desarrollo de fuentes de ingresos asociados a la productividad o el desempeño económico de las empresas. De esta forma se potenciaría la generación de empleo al tiempo que se estabilizaría el sistema general frente a las tendencias de cambios en el mercado de trabajo. 

Si observamos cómo los avances tecnológicos van generando mayores niveles de productividad y rentabilidad sin que ello impacte favorablemente en el empleo, deberíamos plantearnos claramente asociar el ingreso de la seguridad social a la riqueza generada por el trabajo, más que a los salarios o la cantidad de trabajadores.

El establecimiento de fuentes de recursos independientes de las contribuciones salariales, también permitiría priorizar la protección social a través de prestaciones de carácter universal en la etapa de retiro, con independencia de las capacidades contributivas de los beneficiarios.

Pero la orientación de los asesores elegidos por el Gobierno no solo busca deteriorar la suficiencia de las prestaciones, sino que también promueve el incremento de la incertidumbre. Una incertidumbre basada en la profundización de los componentes del ahorro individual, ya se haga esto por la expansión del mercado de las AFAP como a partir de la generación de nuevos instrumentos de capitalización individual.

La experiencia de estos años solo ha favorecido a las administradoras de fondos, que se han asegurado sus ingresos mediante comisiones y trasladado a las compañías de seguros el riesgo de las prestaciones. Un riesgo asumido en exclusividad por el Banco de Seguros del Estado, hecho que confirma la debilidad del sistema generado. 

Para encarar seriamente la reforma debería retomarse en la discusión el fortalecimiento de un sistema solidario de reparto. Este podría potenciarse con mecanismos complementarios de capitalización colectiva en fondos públicamente administrados que generen beneficios definidos.

Seguramente, en los próximos meses participaremos en un debate profundo en materia de seguridad social, y dependerá de los actores sociales y la población en general asumirlo, evitando la lógica de reducción antes aludida.
 
De lo contrario, la política del achique solo tendrá un resultado determinante para la inmensa mayoría de la población: trabajar hasta la vejez y morir en la miseria.