Que laude la ciudadanía sin agravios de por medio

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Que laude la ciudadanía sin agravios de por medio

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Desde que el PIT-CNT resolvió recolectar firmas para derogar artículos de la LUC, ha sido objeto de ataques políticos destinados a crear una brecha antidemocrática.

EDITORIAL

Con una nueva jornada de movilización, nuestro movimiento sindical volvió a demostrar la firmeza de su capacidad de organización y lucha, para enfrentar el avance de las políticas económicas recesivas y de desprotección social.

Esta movilización representa solo un paso en el camino de la preservación de los derechos alcanzados tras largos años de reivindicaciones, y a la vez marca nuestra oposición al intento de descargar todo el costo de la crisis sobre los trabajadores y jubilados.

Llegamos a esta situación de lucha en medio de una fuerte ofensiva antisindical, para enfrentar una planificada y sistemática campaña destinada a debilitar la organización gremial. Una ofensiva que dispone de horas diarias en los medios masivos de comunicación destinadas  a cuestionar los reclamos de los trabajadores,  a justificar ajustes regresivos,  a enfrentar los planteos sindicales con los intereses de la población, y a promover la división en la sociedad. 

Una línea de acción que ya ha producido un conjunto de normas  limitativas de la acción de los sindicatos especialmente evidenciada en la LUC, cuyo su contenido  fue profundizando luego mediante un decreto reglamentario de su artículo 392.

Este decreto establece la «libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa», y expresa que el «Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente». En su primer artículo se dispone que, «ocurrida una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza jurídica de esta, o de una empresa o institución privada, el jerarca o empleador podrá solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) su intervención». 

El segundo artículo agrega que será ese ministerio el que podrá «convocar a una instancia de conciliación en plazo perentorio, sin perjuicio de intimar en cualquier momento, antes, durante o después de esa instancia, a la desocupación en forma inmediata, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública». De continuar la ocupación el MTSS sería el encargado de solicitar al Ministerio del Interior (MI) «el desalojo inmediato de los ocupantes». 

El decreto del Poder Ejecutivo del 15 de octubre habilita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a intimar la desocupación «inmediata» de dependencias públicas y empresas o instituciones privadas ocupadas por trabajadores y a solicitar en cualquier momento el desalojo «inmediato» (reitera el término en los dos breves incisos del art. 2°) por parte de la Policía, facultándolo además a convocar en plazo «perentorio» una instancia de conciliación. La conciliación en el conflicto laboral podrá ser urgente (perentoria) pero la desocupación realizada por la Policía deberá ser enseguida o sin tardanza (inmediata); una diferencia que muestra a las claras cuál preocupación predomina en el Gobierno.

Se da de esta forma un paso más en las restricciones que la LUC ya imponía, y se reserva para las autoridades el derecho de desalojar en cualquier momento, en contra del principio del derecho del trabajo de que, ante la duda, se debe favorecer al trabajador  para proteger al más débil en la relación laboral.  Estamos ante una profundización de los componentes represivos con que el gobierno busca regular las relaciones sociales, dado que privilegia la acción coercitiva de desocupación o intervención policial por sobre el debido proceso de negociación y búsqueda de soluciones. Queda demostrado que el Poder Ejecutivo está más preocupado por sofocar los conflictos que por alcanzar soluciones de consenso. 

Tanto la OIT como nuestra legislación no prohíben las ocupaciones, sino que promueven la Intervención del Estado para asegurar que se desarrollen pacíficamente, con el debido respeto del derecho de huelga y la libertad de trabajo y de empresa. La misma LUC, que incluye diversos capítulos de carácter represivo hacia las manifestaciones populares, admite las ocupaciones en tanto sean pacíficas apegándose al criterio de la OIT, y reconoce que ante la violación del derecho de alguna de las partes debería darse intervención a la Justicia. 

Pero el decreto del Poder Ejecutivo deja de lado toda búsqueda de equilibrio entre los derechos de las partes en conflicto, porque se inclina por una solución que solo reconoce el interés del empleador y determina la represión de los trabajadores. La concepción del decreto es que la libertad —ese valor tan proclamado por el Gobierno nacional— solo juega en favor de las patronales.

Este marco jurídico adverso, sostuvo Fernando Pereira, forma parte de «una campaña sistemática que solo persigue hacer daño», iniciada a partir de que la central sindical planteó el referéndum contra la LUC. Desde entonces se desencadenó una ofensiva: «Hay un conjunto de legisladores que sistemáticamente atacan al PIT-CNT» y «hay cuadros medios en los partidos que quieren generar una brecha innecesaria», denunció el presidente del PIT-CNT en el programa La Quinta Pata que se emite por TeleR. En ese ámbito se preguntó cuáles son los motivos que los impulsan, si se proponen sembrar el descrédito sobre  los dirigentes sindicales, o «si no  han comprendido que defender la libertad sindical es defender la democracia».

Pereira manifestó que el movimiento sindical no está dispuesto a aceptar que «a los empujones nos cambien las ideas» y señaló además que este hostigamiento es «una invitación al conflicto». 

Todo indica que para este núcleo reaccionario no hay mejor defensa que un buen ataque, como se diría en lenguaje futbolístico, pensando que de esta manera se puede limitar la capacidad de respuesta de los sindicatos. No es la primera vez que amenazan al movimiento de los trabajadores con la reglamentación sindical, y con una infinitamente menor afiliación que la actual logramos dejar por el camino intentos de ese estilo.

Llama la atención que esta «arremetida baguala» no tenga en cuenta algo que Fernando Pereira recordó en el citado programa: «El propio Lacalle dijo que teníamos todo el derecho a plantear un referéndum contra la LUC y la que va laudar es la ciudadanía. Si tenemos algún argumento más fuerte que los del Gobierno ganaremos y si no, perderemos, pero todo en un juego democrático. Lo que no vale en la democracia es bastardear el debate».

También es sugestivo el hecho de que estas reacciones airadas provengan de los sectores que apoyaron recursos contra la Ley Trans y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, o apoyaron la reforma de la Constitución con la campaña Vivir sin Miedo. En palabras de Pereira, «ahora que el PIT-CNT lanza una campaña se entiende que puede estar afectando la institucionalidad». 

A no ser que el presidente de la República tenga un doble discurso y deje en manos de peones esta tarea sucia de desprestigio e intimidación, debería hacer uso de la conducción vertical que estila para disciplinar a su tropa y dejar que laude la ciudadanía para que impere la democracia y evitar que se construya una grieta en nuestra democracia.