«Los derechos humanos tienen que atenderse sin mirar cuánto cuesta»

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MANUEL MÉNDEZ – Hoy estaremos en comunicación con Raigón, donde se está desarrollando el congreso de Onajpu (Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay). Buenos días.

SIXTO AMARO – Buenos días. Estamos en Raigón, efectivamente. Vinieron 101 asociaciones de las 150 filiales. Ayer se hizo la inauguración y estuvo presente el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta; el director de Seguridad Social del ministerio, Roberto Baz; la vicepresidente del BPS (porque Ernesto Murro estaba en el exterior), y también otros directores del BPS. Naturalmente, también están los compañeros del PIT-CNT.

A partir de mi nueva responsabilidad de director de los jubilados y pensionistas en el BPS y de secretario general de Onajpu, se empezaron a tener discusiones y se dio la formación de las comisiones. En la plenaria se estuvieron viendo los acuerdos a que llegaron a las comisiones y las partes en que han disentido, para que allí se lauden las decisiones definitivas y ver cuál será el programa reivindicativo que este congreso va a llevar adelante a través de la Onajpu.

Hoy culminamos con la designación de nuevas autoridades, que, por lo que estamos viendo, van a ser renovadas casi plenamente, porque los compañeros van culminando los períodos que establece el estatuto. Seguramente tendremos nuevo presidente a partir de la elección realizada ayer.

MM – ¿Cómo se defiende al BPS, si se quiere bajar la recaudación del IVA del 7 % al 5 %, quitarle el Cofis?

SA – Fue un tema prioritario en la discusión, porque se quiere presentar como un problema que tiene que ver únicamente con el carácter financiero sobre el origen de los respaldos al BPS.

Se nos dice que es lo mismo, porque la Constitución ampara las obligaciones del BPS y los jubilados y pensionistas siempre van a cobrar sus prestaciones. Es cierto, pero el BPS viene haciendo un enorme esfuerzo, luego de que han ingresado alrededor de 400.000 nuevos trabajadores que antes estaban en negro y más de 20.000 empresas que hoy contribuyen y ayer no. Tiene una asistencia de Rentas Generales mínima, y va en dirección a la autofinanciación.

Ese banco dejaría de recibir más de 500 millones de dólares anuales y tendría una independencia absoluta de las políticas del Ministerio de Economía. Esto se parece muchísimo a que los jubilados y pensionistas y sus prestaciones estuvieran allí como una especie de comodín para cualquier variable de carácter económico y financiero que se quiera llevar adelante por las políticas de este o cualquier otro gobierno.

Junto al equipo de representación de los trabajadores en el directorio del BPS ya hemos hecho una demostración. Hemos hecho un abrazo simbólico entre trabajadores y jubilados, rodeando el BPS, como un mensaje de que estamos dispuestos a luchar para que el BPS siga siendo ese referente de la solidaridad intergeneracional.

¿Por qué desestimar que el centro de la discusión no esté entre la solidaridad y el individualismo, y que haya una seguridad social basada en la solidaridad intergeneracional, en contraste con una seguridad social basada en el individualismo, el ahorro individual y el lucro, a través del capital financiero y las AFAP?

Es decir que son temas muy de fondo y muy otros los que están planteados, y no es esa simple ecuación de decir solo de dónde viene el dinero. A través de documentos, nosotros vamos a alertar a la opinión pública sobre esta situación. Este congreso ha tomado la decisión de reunirse con los compañeros del PIT-CNT, y todos juntos defender al mayor redistribuidor de la riqueza en nuestro país, que es el BPS.

MM – Fue anunciada una canasta de fin de año y aumentos para las jubilaciones mínimas. ¿Estuvieron dialogando con el ministro Brenta sobre estos temas?

SA – Estuvimos hablando con él, y lo habíamos hecho hacía unos días en el ministerio. Hay un punto de partida: nosotros vamos a obtener un aumento que estimamos muy positivo a partir del 1 de enero. Va a estar entre el 13 y el 14 %. Si algunas cosas ruedan de la manera que se viene estimando, puede haber un aumento muy importante a partir del 1 de enero.

Esto se debe a dos razones principales: los consejos de salarios, por un lado. Eso permite que los trabajadores defiendan el ingreso de sus familias. Además, se debe al fortalecimiento del movimiento sindical. Hoy, los sindicatos defienden más y mejor, y eso les permite obtener aumentos para mejorar su condición de vida. Esto redunda en el índice medio de salarios nominal, que es el mecanismo a través del cual nos aumentan a  los jubilados.

En función de esa perspectiva, a fines de setiembre estamos en 12,48 % como piso. Faltaría ver cómo están los consejos de salarios de los meses de octubre, noviembre y diciembre, para redondear un aumento que ya apunta como muy importante. Está bárbaro, pero una canasta de fin de año de 600 pesos... Es cierto que hace tres años era de 250 pesos. Saludamos las mejoras, pero es insuficiente.

MM – ¿Hay posibilidad de mejorarlo?

SA – Creo que hay posibilidad de mejorarlo. Nosotros no somos afectos a ver las cifras o los números en función de acercar un derecho social o humano a un vida digna. Si se lleva de 600 a 1000 pesos para cada jubilado, hasta una franja de tres bases de prestaciones, son apenas 3,2 millones de dólares.

Algunos agoreros dicen que se viene la crisis. Es cierto que hay señales que son para preocupar a todo el mundo, y ojalá nunca sobrevenga la crisis. Pero hoy la realidad nos dice que el país está en condiciones de cumplir con un derecho: que los jubilados que dependemos del BPS tengamos una prestación de fin de año digna. Vamos a seguir insistiendo en ese aspecto, y también en hacer más periódicos los aumentos que propone el gobierno.

El gobierno propone que en cada mes de julio aumente un cuarto de base de prestación, unos 600 pesos por año de manera adicional a los aumentos de enero. Nosotros queremos llegar a una jubilación mínima de 9000 pesos. Si no, estaríamos en una enorme contradicción, en lo que tiene que ver con la justicia social y con políticas sociales impulsadas por determinados gobiernos. No es posible construir un país de primera con jubilados que ganan por debajo de la línea de pobreza.

Creo que el sistema político tiene que entender que los derechos humanos, como el de una vida digna para los jubilados, tienen que atenderse sin mirar permanentemente cuánto cuesta, y no qué alcance tiene para acercar felicidad a mujeres y hombres que han trabajado una vida.

También estamos discutiendo sobre los temas de vivienda. Los jubilados aportamos 430 millones de dólares para construir viviendas para nuestros sector. Esos dineros se han manejado hace muchos años con un enorme desorden, por no decir otra cosa. Pero estamos trabajando con la Auditoría General de la Nación para que se auditen los fondos desde 1988, y que alguien nos diga a dónde fue a parar el grueso del dinero.

Transcripción: Valentina Roldós