Frente a información y trascendidos públicos en referencia a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB), que generan incertidumbre y preocupación para miles de trabajadores y jubilados, el Consejo Central considera imprescindible establecer lo siguiente:
La Caja Bancaria afronta los efectos de la pérdida de más de 2000 puestos de trabajo en el sistema financiero, provocada por decisiones del Gobierno y de empresas. Esta situación, sumada a los efectos de la pandemia, la pérdida de salario en el sector público y algunos sectores financieros privados generó una fuerte caída de los ingresos del instituto.
Así llegamos a la extrema situación de déficit que —como anticipamos en febrero de este año— implica que los recursos del instituto son insuficientes para culminar el año 2023 cumpliendo sus obligaciones.
En forma constante hemos reclamado la aplicación de los instrumentos que tiene hoy la ley 18.396, actualmente vigente. Esta medida era suficiente para estabilizar el instituto, pero fue rechazada por el Gobierno y por la patronal bancaria.
La postergación de su aplicación ha causado el consumo de las reservas y ha obligado a la representación de los trabajadores y jubilados en el Consejo Honorario de la CJPB a proponer medidas paliativas, para contar con todos los recursos disponibles en el corto plazo que permitan cumplir con el pago de las jubilaciones y pensiones.
La comisión creada con el fin de elaborar un proyecto de ley para la Caja Bancaria no ha alcanzado acuerdos hasta el momento. Las afectaciones a trabajadores y jubilados —de aplicación inmediata— planteadas en dicho ámbito nos resultan excesivas y desproporcionadas con las contribuciones que realizaría el resto de las partes (empresas y Gobierno).
La situación de inestabilidad en la Caja Bancaria es resultado de la no aplicación de la ley vigente por parte del Poder Ejecutivo. Ello obliga a adoptar ahora medidas más profundas, que establezcan contribuciones extraordinarias con los consiguientes sacrificios para los afiliados.
Junto a todo el movimiento sindical, desde AEBU se rechazó la reforma de la seguridad social general porque ella no contribuye a resolver ninguno de los problemas que enfrenta Caja Bancaria sino que los profundiza al reducir sus futuros ingresos. Y muy especialmente por incorporarla al régimen de AFAP que significa un costo para todos los uruguayos de U$S 2000 millones.
En atención a lo anterior el Consejo Central de AEBU declara:
Que hemos actuado con responsabilidad en reclamo de medidas ya contempladas por la ley, sin encontrar voluntad política en ese sentido.
Que la reforma votada agrava los problemas de la Caja en el mediano plazo y carga sobre la ciudadanía el costo de nuestro sistema previsional.
Que continuaremos contribuyendo a buscar las soluciones necesarias, cuyas exigencias sobre trabajadores y jubilados deberán ser en un marco de transición y a partir de contribuciones equivalentes de todas las partes.
Que la urgencia de la situación y las diferencias en materia de búsqueda de soluciones nos exige evaluar la profundización de nuestras medidas.
Por ello estamos desarrollando un proceso de discusión y movilización tendiente a alcanzar una solución equilibrada, que respete derechos generados y cumpla con las obligaciones de la Caja Bancaria con sus afiliados, sin descargar todo el peso de su adecuación sobre trabajadores y jubilados.
