EDITORIAL

Para titular esta nota hemos recurrido a la frase de la activista medioambiental Greta Thumberg dirigida a los líderes mundiales: «¡Cómo se atreven!» Ese grito indignado vale en este caso para condenar, con igual vigor, la mayor entrega de soberanía hecha por una autoridad uruguaya en tiempos de paz. Suscrito por el presidente de la República, un reciente acuerdo establece el exorbitante plazo de vigencia de 50 años (a partir de 2031, en que vence el contrato actual) para un monopolio en el manejo de contenedores en el puerto de Montevideo. Más allá de ello, el carácter leonino de este documento deja en manos de la empresa beneficiaria la posibilidad de  continuar in eternum, después de 2081, al frente de este negocio. 

El Gobierno ha presentado este acuerdo con la firma Katoen Natie —principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata, TCP, de la cual el Estado participa en un 20 %— como una salida política inteligente frente a la inminencia de un juicio contra el Estado uruguayo por el intimidante monto de 1786 millones de dólares. Por otra parte ha esgrimido, como argumento central decisorio, la multimillonaria inversión de 455 millones de dólares que en un corto plazo se compromete a hacer la operadora belga en nuestro principal puerto. 

La palabra soberanía no ha estado en las exposiciones de los gobernantes sobre este asunto y tampoco el término competitividad. Sin embargo estos son los valores de cuya defensa el Gobierno se ha desprendido para ponerlos en manos privadas y extranjeras. Las sangrientas luchas históricas por la defensa del puerto de Montevideo, su importancia estratégica y geopolítica han sido dejadas atrás. Esas páginas gloriosas y fundacionales de nuestro país han quedado transformadas en papeles de biblioteca, dejados de lado sin emoción ni apego patriótico alguno. Desde ahora el puerto de Montevideo no nos pertenecerá. 

Frente a la capacidad propagandística y la fuerza los medios que, sin análisis ninguno en la mayoría de los casos, han repetido el discurso del Gobierno sobre este tema, nuestra presentación podría parecer demasiado dramática. Sin embargo este dramatismo es necesario para llamar a la reflexión, porque lo que está en juego —repetimos— son nuestra soberanía y la viabilidad económica de nuestro país en un mundo globalizado, donde la competitividad es la clave diferencial entre el éxito y el fracaso. 

Bajo amenaza 

El primer tema a considerar es la recurrencia habitual de las transnacionales a la amenaza de juicios contra los estados, con el fin de obtener ventajas en sus negociaciones. Ese es para ellas un supuesto de partida en cualquier diferendo, una actitud ya incorporada desde hace décadas a las reglas de juego de estas empresas. Por lo tanto los gobiernos deben tomar nota de ello, y en el caso uruguayo los juicios de Phillips Morris y Aratirí demostraron que la firmeza es la mejor opción para enfrentar esos ejercicios de coacción sin mucho sustento argumental. Ya el monto de la amenaza esgrimida (1786 millones de dólares), y su desproporción con las bajas utilidades que año a año declaraba Katoen Natie, mostraba la irrealidad del peligro que un juicio de este tipo representaba para Uruguay. 

Más inversión pero menos eficiencia 

Tocado este punto ingresemos ahora en los supuestos beneficios que el acuerdo arroja para Uruguay. Según el Gobierno recibiremos una cuantiosa inversión de 455 millones de dólares en un corto plazo, plasmados en una nueva terminal de contenedores y un también nuevo muelle de operaciones, con lo cual más que se duplicaría la capacidad operativa de Terminal Cuenca del Plata. Una lectura ingenua de esta propuesta llamaría a exclamar ¡qué magnífico! Sin embargo, si esto se confronta con la realidad actual de un puerto en el que se está utilizando alrededor del 50 % de la capacidad instalada, lo que surge es una pregunta: ¿para qué? 

No hay una razón económica para el puerto y para el país que justifique esta inversión. Sí la hay para la empresa, para asegurarse el cierre de este acuerdo leonino y su futura prolongación por el resto de los tiempos. ¿Qué persigue esta inversión para Katoen Natie? Sobreequipar al puerto para levantar una barrera a la entrada de cualquier otro operador en el futuro. 

Vayamos ahora a una entrevista realizada el viernes 21 en el programa Primera mañana de El Espectador a los economistas Martín Vallcorba y Jorge Polgar, donde esto se fundamenta. Ellos concurrieron a esa cita luego de estudiar en profundidad un informe preparado por la consultora CPA a pedido de Katoen Natie y el texto del acuerdo firmado por esta con el Gobierno. El primero de los nombrados se refirió a un informe de la consultora CPA encargado por Katoen Natie para fundamentar su posición en las negociaciones con el Gobierno. Vallcorba refirió que en la página 3 de este asesoramiento se afirma textualmente: «Existe riesgo de que el privado realice inversiones excesivas en capacidad». Acto seguido el economista explicó que «las empresas con pretensiones monopólicas sobreinvierten para frenar la entrada de competidores». Luego subrayó que en el propio acuerdo esto queda claro porque el gobierno se ata las manos; «el país se ata las manos por 60 años para no hacer un llamado destinado a instalar otra terminal que opere contenedores, siempre y cuando la empresa no esté utilizando el 85 % de su capacidad instalada». En otras palabras, TCP tendría que estar operando a menos del 15 % de su capacidad (es decir saboteando la actividad portuaria al extremo) para que recién entonces el Gobierno de la época estuviera en condiciones de realizar el intento de reemplazarla por otro operador. Vaya este, uno de tantos, como ejemplo de cláusula leonina. 

Esta estrategia de Katoen Natie es profundamente dañina para los intereses de los exportadores e importadores uruguayos porque transforma las operaciones del puerto en ineficientes. Con tanta capacidad ociosa la rentabilidad del capital invertido disminuye y esta solo puede compensarse con el mantenimiento de tarifas altas. Por otra parte, esto es lo que ha venido haciendo Katoen Natie tradicionalmente, con la fijación de precios más elevados que los de su competidor Montecon. 

Con estas condiciones portuarias se ve perjudicada la competitividad del Uruguay, que con la rebaja salarial y el cumplimiento del antiguo reclamo de «bajar el costo del Estado» ha procurado mejorar el Gobierno. 

Aparente rebaja 

A nivel histórico, las metrópolis recaudaban impuestos en los puertos de sus colonias, y esta fue una de las grandes motivaciones que alentaron los movimientos independentistas. Ahora se nos ha dado vuelta la historia y una empresa belga recauda para sí un porcentaje de nuestro comercio exterior. Veamos cómo serán sus tarifas «rebajadas». El encomillado vale porque el contrato con nuestro gobierno así lo estipula: habrá una rebaja. Pero esta rebaja será sobre los altos precios que hoy cobra TCP, que son entre un 3 y un 14 % más altos que los de Montecon por los mismos servicios. Ahora, como pasará a ser monopólica, librada  de toda competencia puede abatir sus tarifas. Y un detalle nada menor: esta tarifa podrá ser prolongada indefinidamente hasta que Katoen Natie lo decida, a pesar de los cambios tecnológicos que aparezcan y abaraten las operaciones en los puertos del mundo. Nada en el acuerdo se lo impide. 

Otro aspecto guardado en silencio por el Gobierno es qué pasará con los muelles de la ANP en los que hoy opera Montecon, sobre los cuales este contrato pasa una aplanadora. Se terminó el papel del Estado en el puerto de Montevideo. 

Ya se había notado un afán privatizador en distintas medidas del Poder Ejecutivo; ahora asistimos a un fomento de los monopolios que se manifiesta por ejemplo en la Ley de Medios con el aumento de emisoras en las mismas manos y en este caso con la entrega del puerto que comentamos. Si se analizan los puertos de la región, todos los competidores más inmediatos (Buenos Aires, Río Grande) tienen varios operadores en competencia. Un ejemplo contrario y lejano es el del puerto de El Pireo en Grecia. Pero, ¿por qué este país lo privatizó? Por estar sumido en la mayor crisis económica de su historia, situación que lo condujo a rematar numerosos bienes estatales. En cambio, ¿Uruguay vivía una situación tan ruinosa que lo podía conducir a venderlo al bajo precio de la necesidad? La respuesta negativa es obvia. 

Otro aspecto también considerado en la entrevista de El Espectador es la debilidad de las leyes antimonopólicas uruguayas, que vino al tapete por el hecho de que este acuerdo constituye un monopolio. Vallcorba argumentó: «Si tenemos la decisión política de constituir un monopolio, lo clave es tener la capacidad de regularlo». Pero este no es nuestro caso, porque como primero entregamos la soberanía, cada negociación futura se nos hará cuesta arriba dado que las reglas ya han sido consagradas. 

Habla la radio 

Pocas veces en un programa periodístico radial los conductores intercambian opiniones con los entrevistados. Por el contario se guardan las suyas en un ejercicio de equidistancia y al hecho de que cada quien atiende a su juego. Sin embargo en la entrevista citada de Primera Mañana en El Espectador se dio una excepción. Los periodistas Raúl Ponce de León y Juanchi Hounie, avanzado ya el diálogo, no pudieron reprimir las siguientes expresiones: «[Este] es el sueño del pibe para la empresa, ¿no?» (Ponce De León) y «Es una reserva de mercado brutal» (Juanchi Hounie). Son relevantes estos comentarios porque surgieron de manera espontánea, hecho que da mayor fuerza a todos los argumentos expresados en la ocasión por los economistas y que básicamente son los que más arriba detallamos. 

¿Hay una salida? 

Hasta aquí hemos visto cómo ingresamos a esta senda sellada por el gobierno con su firma y —agregamos— remachada por un convenio de protección de inversiones internacional que ampara a la empresa. 

¿Hubo una coacción mayor que la amenaza de un juicio? ¿Algún motivo oculto que desconozcamos? Necesitamos elementos que permitan explicar tamaño alejamiento de la obligación presidencial de defender los intereses del país. Nunca en la historia hemos asistido a semejante allanamiento ante los deseos de los poderosos intereses económicos y recaída sobre  un activo de importancia tan trascendente como la del puerto de Montevideo. 

Es cierto que la corriente política que hoy controla la coalición de Gobierno nunca ha tenido una concepción favorable a la fortaleza del Estado, pero sin embargo quienes actúan hoy en su representación tienen la obligación indeclinable de cuidar los bienes puestos bajo su custodia, un deber en el que han fracasado, esta vez no por omisión sino por acción. Y esto es quizá lo más grave porque, aunque se ha pretendido vestir la operación con un ropaje de Dior, no se ha podido disimular su contenido. La transparencia de la tela es tan grande que trasluce los rasgos deformes que envuelve. 

¿Su carácter leonino hace impugnable este acuerdo? Consideramos que sí. La amenaza de Katoen Natie fue pública y repetida, y el cúmulo de ventajas que el contrato adjudica a la empresa privada en contra de nuestro país es tan grande que facilita su impugnación. Definamos primero un contrato leonino. Es aquel que consagra un desequilibrio abusivo entre ambos contratantes. No abundaremos en este punto para no ingresar en un terreno reservado a los juristas. Uruguay deberá explorar este camino y armarse en este sentido para ejercer una defensa  jurídica que le permita recuperar el manejo soberano de su terminal marítima principal. 60 años son cuatro generaciones. La mayoría de los uruguayos hoy vivos no va a ver el final de este contrato. Eso nos da la medida de la enormidad del tema que tenemos planteado como sociedad y de la importancia de encararlo con la responsabilidad que este merece. 

Llegados aquí corresponde ver si el sistema político uruguayo tiene una capacidad de reacción suficiente para enfrentar esta catástrofe a la que se nos ha sometido. ¿Existe una reserva patriótica en nuestro sistema político que permita revisar el caso y trasladar este asunto de Estado a un terreno de arbitraje o negociación? Son preguntas que deberán tener una rápida respuesta de parte de los actores políticos. Más allá de ellos, que son quienes accionan los resortes de decisión, este es un tema superior que toda nuestra ciudadanía debe primero asumir y luego seguir con atención vigilante. Porque es mucho lo que está en juego, a la cabeza de esta toma de conciencia colectiva y en la promoción del más amplio debate deben estar las organizaciones sociales y en primer lugar los sindicatos. En esa senda estamos.