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Cuando las ollas preguntan

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Cuando las ollas preguntan

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El Gobierno entrega insumos a las ollas populares a través de una empresa privada, en una operación que genera dudas y sospechas ante la ausencia de información oficial.

EDITORIAL

AEBU sostiene su propia olla solidaria de los martes y jueves y está dando sustento, desde hace más de un año, a otras numerosas ollas y merenderos. Tras la publicación del informe «Ollas y merenderos populares en Uruguay 2020. Estimaciones económicas sobre el fenómeno» —que dio a conocer el formidable esfuerzo social que sostenía a más de 700 ollas en todo el país— el Gobierno se vio en la obligación de hacerse cargo de abastecer una parte de estas iniciativas populares. Pero no lo hizo de manera directa sino que recurrió a un intermediario. Con cabeza privatizadora desplazó al INDA, lógico ejecutor institucional de esta ayuda, y adjudicó de manera directa la tarea de compra, acopio y distribución a una ONG que acaba de ser denunciada por sus trabajadores informales debido a las malas condiciones laborales y a los despidos injustificados. Se dio aquí un caso paradójico: el mismo Gobierno de coalición que por un lado envía un proyecto de ley al Parlamento para obligar a los sindicatos a gestionar personería jurídica, por otro le entrega nada menos que 65 millones de pesos a una organización públicamente desconocida que incumple esa formalidad legal.

Este dato de partida muestra el ingreso a una zona gris, que se ennegrece cuando las autoridades del Mides se niegan a proporcionar el contrato firmado con Uruguay Adelante (UA), la ONG en cuestión, donde sus responsables dicen trabajar de forma honoraria. Todo lo que se ha difundido sobre ella y su gestión solo se conoce a través de sus propios voceros y ahora por sus empleados. Por su parte el Gobierno, caracterizado por el firme impulso a las auditorías de gestiones pasadas, fundamentándolo en la búsqueda de la cristalinidad, no es transparente en este caso. Para empezar, contrató con la ONG citada por un procedimiento de compra directa sin efectuar un llamado público basado en artículo 482 de la Ley N° 15903, modificado por la LUC. Esta norma dicta que «los convenios o acuerdos específicos deberán contener cláusulas que establezcan detalladamente los requisitos en materia de rendición de cuentas, evaluación del cumplimiento de los objetivos y resultados esperados, así como los instrumentos y formas de verificación requeridos por la entidad estatal contratante».

Nada más natural sería que, en ejercicio de la cristalinidad postulada, el Gobierno diera a conocer espontáneamente el contrato firmado con la ONG. También sería esperable que explique cuáles son los mecanismos gubernamentales aplicados al control de la gestión de la ONG, para conocer cómo esta invierte el dinero de todos los uruguayos. Se trata de saber a quiénes compra y a qué precios lo hace, cuáles con los costos de los fletes que paga y el alquiler de los depósitos que ocupa. El conocer ahora que se están pagando sueldos en negro a 20 trabajadores cuando se los definía como voluntarios, muestra que la contabilidad de esta organización, si existe, no es presentable en términos formales. Tampoco se conocen los montos de las donaciones de particulares que la ONG requiere a empresas ni cuáles son estos. Sobre el punto Santiago Pérez —uno de los dos rostros visibles de UA— contestó que no puede dar esa información porque «los que ponen la plata piden reserva, pero han sido unas cuantas empresas y personas», informó la diaria en su edición del 13 de mayo pasado. De manera que toda la  gestión de esta ONG creada para la ocasión está en medio de una espesa neblina.

Hasta el momento, el Parlamento continúa esperando la respuesta de un pedido de informes al Mides para conocer el contenido del convenio firmado entre la cartera y Uruguay Adelante. En él se solicitó «el envío de todo el expediente administrativo correspondiente, el texto del contrato y la resolución al respecto del Tribunal de Cuentas. También se pide la constancia de control del «estado activo» en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) al momento de realizado el acto administrativo de adjudicación». Como se aprecia, la solicitud se agota en la entrega de documentos ya existentes y no se trata de dar vuelta el ministerio en la búsqueda de datos aislados para luego articularlos en extensos informes. Sin embargo para el Mides el pedido no es sencillo y argumenta que no ha podido atenderlo por «la amplitud y complejidad de la información solicitada». Esta respuesta textual fue la que obtuvo una solicitud de acceso a la información pública realizada en abril por Solidaridad Uy, contenida en la resolución 565/021 del Mides, firmada por su directora general de Secretaría, María José Oviedo, según informó el semanario Brecha el 4 de junio pasado.

En esta misma resolución el Mides resolvió «acogerse al plazo de prórroga» que otorga la Ley de Acceso a la Información Pública para responder los pedidos ciudadanos. Ese plazo puede prorrogarse, «con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles si median circunstancias excepcionales». Sería de suponer que el nuevo ministro de Desarrollo Social Martín Lema, quien llega para dar un tono más ágil al Mides, debería destrabar la entrega de los tres documentos solicitados, sin nuevas demoras. 

Como conclusión primaria y atenidos a los hechos, puede sostenerse que en materia de cristalinidad el Gobierno tiene una conducta dual: informa prolijamente sobre la cantidad de vacunas ingresadas al país y el número de vacunados, pero se niega a dar a conocer los precios pagados por estos inyectables. Anuncia que evitó un juicio millonario con Katoen Natie, pero no detalla los elementos en que la empresa se fundaba para demandar a nuestro Estado ni los informes jurídicos que aconsejaron evitar un litigio. ¿Estaremos ante otro caso similar a los anteriores?

Si profundizamos el análisis de esta situación encontramos que el Gobierno considera el déficit alimentario de la población como un síntoma a atender, sin encarar directamente la solución del problema social existente en su base. Las carencias —supone el Gobierno— son pasajeras. Ellas se terminarán cuando haga efecto la vacunación y los «malla oro» desparramen sus ganancias acumuladas durante la pandemia. Nada indica que esto sucederá, y la omisión e insuficiencia de la atención a la crisis va profundizando su impacto sobre cientos de miles de uruguayos.

Aún más grave es que el esfuerzo colectivo generado en torno a las ollas populares sea utilizado en reemplazo de una verdadera política pública de atención a los afectados por esta catástrofe. Se sustituyen los programas sociales y la asistencia directa a los sectores vulnerables mediante la perpetuación de un mecanismo nacido como respuesta inmediata ante la emergencia. Paralelamente, se descarga sobre el trabajo voluntario y solidario de miles de personas la inmensa tarea de sostener la alimentación de sus compatriotas. El Gobierno movió la perilla del asistencialismo e institucionalizó el apoyo alimentario de las ollas a través de un oscuro mecanismo privatizador. Lo hizo fijando un monto escaso y limitado de dinero para su atención, que terminará agotándose sin atenuar el problema de fondo.