EDITORIAL

Definida por el PIT-CNT, la convocatoria al paro general se puede considerar una acción imprescindible a la luz de la situación que atraviesa la inmensa mayoría de la población nacional. Sin lugar a dudas el impacto vivido por el país producto de la pandemia generó condiciones adversas, tanto en el terreno sanitario como en el económico. Pero la profunda crisis no tiene en la pandemia su verdadera causa, sino en las decisiones de política económica y estrategia de protección social aplicada por el Gobierno.

La insuficiente respuesta de las políticas públicas, la escasa atención a los sectores más afectados y una decidida acción dirigida a contraer los ingresos de trabajadores y jubilados, provocaron que todo el costo de la pandemia recayera sobre los sectores de ingresos fijos y dependientes del Estado o del mercado interno.

Pero el Gobierno no solo actuó con insuficiencia sino que impuso un ajuste fiscal regresivo. Promovió un deterioro general de las empresas públicas, un decidido avance privatizador y la contracción del gasto público a partir de la rebaja de salarios y jubilaciones, sumado a la reducción de la inversión pública y la inversión social.

De esta manera, a partir de la convocatoria a apoyar a los sectores que llevarían adelante el crecimiento nacional, se procedió a la mayor traslación de recursos de la sociedad a favor de los sectores privilegiados. Se consolidó así una profunda concentración de la riqueza.

Dicha concentración se observa con claridad al analizar algunos datos públicos, como es la evolución de los depósitos que maneja el sistema financiero. En concreto, los depósitos de empresas y personas en los bancos locales continuaron creciendo rápidamente en 2021. Desde el inicio del año hasta el cierre de julio aumentaron US$ 2.845 millones, un crecimiento más rápido que el observado en 2020, cuando los depósitos en todo el año aumentaron US$ 2.979 millones.

Durante este año y medio el ritmo de aumento de los depósitos supera ampliamente todos los registros históricos, con un crecimiento de más del 10 % del PBI.

Y aún más demostrativo de la concentración de riqueza promovida por la política económica resulta observar la composición de este incremento. El 90 % de los casi US$ 2.900 millones corresponde a cuentas con más de US$ 100.000 y estas son propiedad del 2 % de los clientes de los bancos.

Si se toman únicamente las cuentas con más de US$ 250.000, estas acapararon el 73 % del crecimiento de los depósitos, siendo propiedad de 0,7 % del total de clientes de los bancos lo que equivale a 19.000 empresas y personas.

A esta concentración alcanzada en el ámbito local debemos sumarle el incremento de los depósitos en el exterior. Estos alcanzaron, al cierre de marzo de 2021, los US$ 8.711 millones lo que equivale al 16 % del PBI. Esta cifra es US$ 2.500 millones mayor que al cierre de 2019, lo que amplía la visión del nivel de acumulación alcanzado por los sectores privilegiados.

El incremento de estos fondos tiene entre sus explicaciones los elevados niveles de ingresos que perciben algunos sectores, sin que ello sea volcado a la economía a partir de inversiones que mitiguen la caída del empleo, ni en incrementos salariales que mejoren el gasto en el mercado interno.

En esta línea, podemos tomar como ejemplo claro del proceso de acumulación el crecimiento del sector agro-exportador, que combina un incremento generalizado de precios con valores históricamente altos, con volúmenes de exportación superiores a los de 2019. Sin lugar a dudas este sector, así como las industrias química y sanitaria, el software y el sector financiero, es parte de un grupo importante de ganadores en la crisis.

Pero al analizar este proceso de concentración también debemos poner foco en el otro extremo de la cadena. Es allí donde se comprueba una pérdida constante de ingresos, que no solo alcanza a trabajadores y jubilados sino a todos los sectores dependientes del mercado interno.

En los mismos meses continuó la caída del poder de compra de los salarios que evolucionaron por debajo de la inflación desde el inicio de 2020. Los ajustes previstos en el año puente para el sector privado determinaron una pérdida de algo más de 4 % para la mayoría de los trabajadores, con impacto directo sobre el Índice Medio de Salarios, IMS, que determina la evolución de las jubilaciones y pensiones.

Esta retracción de los ingresos y sus efectos en el mercado interno se reflejaron en la recaudación de impuestos. Esta tuvo en general un incremento importante, pero disminuyó en los tributos relacionados con empleo, que gravan las rentas derivadas del trabajo.  

Y aunque el IVA aumentó fuertemente —en parte porque el Gobierno incrementó en dos puntos la tasa relacionada al consumo con medios de pago electrónicos—, el alza se explica principalmente por el IVA de las importaciones que creció más de 20 %. Sin embargo, el IVA interno que grava el consumo creció menos de 2 % y el IVA mínimo relacionado a las pequeñas empresas se mantuvo sin crecimiento en relación a 2020.

De esta manera, también en la composición del gasto de empresas y familias queda en evidencia que el consumo interno claramente se vio resentido, mientras se ha dado una recuperación clara del poder adquisitivo de los sectores de mayores ingresos o de mayor poder económico.

Sin lugar a dudas entre los desafíos fundamentales de esta etapa se incluye, como aspecto relevante, la lucha por una distribución más equitativa del ingreso. Es imperiosa la necesidad de que la política económica modifique su rumbo y comience en forma urgente a impulsar la dinamización del mercado interno, mediante la recuperación del salario real y el poder de compra de las jubilaciones.

Este desafío no solo encuentra el obstáculo político del Gobierno, sino que muestra a las patronales envalentonadas por el discurso y el apoyo oficial a sus intereses. En ese contexto se ubica el planteo de las cámaras empresariales de la industria y del comercio al presidente Lacalle, de habilitar contrataciones de personal con salarios por un 70% de los laudos. Se trata de una medida que, sin discriminación de sectores, promueve condicionar el empleo al deterioro del salario. Se profundiza así la concentración, se retrotrae el salario a niveles anteriores a 2010 con efectos recesivos importantes sobre la economía.  Se erosionan así aún más el consumo interno y la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

Por ello, y siendo este solo uno de los aspectos que desafían hoy al movimiento sindical, es imprescindible dar señales claras de rechazo a esta orientación económica regresiva, e imperativa la construcción de alianzas con el conjunto del pueblo y sus organizaciones, para defender la calidad de vida de todos los uruguayos. En ese camino este paro general es un paso fundamental.