En el documento enviado por el Consejo Central a la Asamblea Nacional de Delegados (AND) se denuncia el flechamiento ideológico que orienta a la mayoría de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS). Allí se denuncia que «los integrantes oficialistas de dicha comisión, aún sin contar con un diagnóstico claro y preciso, ya comenzaron una ofensiva mediática dirigida a impulsar las bases de reforma que aspiran». También se expresa: «Los mismos actores que tuvieron un papel fundamental en la elaboración de la última reforma estructural [con jubilaciones de 7000 pesos en promedio a través de las AFAP] vuelven para impulsar una segunda fase, sin asumir claramente las deficiencias del modelo impuesto en 1996». 

Para el Consejo Central va quedando claro que «más allá de lo discursivo, no existen hasta el momento señales claras de un serio tratamiento de las sobredemandas del sistema de asistencia financiera a cargo del Estado y, en particular, de las derivadas de los servicios de retiros militar y policial donde estas se concentran». Ello lleva a concluir que «si el objetivo de la reforma fuera la sostenibilidad económico-financiera del sistema a largo plazo, con el mantenimiento de los niveles de cobertura acordes con las necesidades de la población, debería partirse del análisis de todos los factores que lo conforman, y particularmente, que todos los sectores involucrados participen en la construcción de un nuevo equilibrio». Sobre esto último, queda claro que esta es una «media reforma» que prácticamente mantiene todos los privilegios de la Caja Militar y que de manera indirecta intenta compensarlos con un sacrificio adicional del resto de los trabajadores. 

Una cosa queda clara en el documento discutido hoy en las asambleas de circunscripción previas a la AND: «Hasta ahora, todos los anuncios buscan el propósito de disminuir a futuro el nivel del gasto público en seguridad social, por el camino de menores prestaciones y recorte de derechos, a partir del incremento de la edad de retiro y el ajuste de los parámetros más relevantes, como la rebaja de la tasa de reemplazo y la ampliación de los años de servicio para su cálculo».

En el trabajo de la CESS se ha dejado de lado el análisis de una parte fundamental de la ecuación económica del sistema jubilatorio. Una parte tan importante como las prestaciones. Hablamos de los recursos a disponer para pagarlas. Porque «una reforma que busque seriamente asumir el desafío de preservar las condiciones de vida de su gente deberá incluir, como primer punto en consideración, el componente de los ingresos del sistema para luego abordar con equilibrio la estructura de egresos». Y ya andando por este camino AEBU avanza en soluciones que no han sido consideradas o simplemente fueron desechadas sin explicaciones sólidas: «En este sentido, en forma previa a discutir la rebaja de las prestaciones, correspondería plantearse que los aportes personales y patronales se imputaran sobre la totalidad de los ingresos salariales, sin topes de aportación ni exonerando partidas encubiertas, como los tiques de alimentación». Es bueno saber que todo aquel que gana más de 180.000 pesos no aporta por todo aquello que exceda esta cifra, una exoneración hecha a la medida para los «malla oro». 

Y hay otras fuentes a las cuales recurrir. «También deberían analizarse los actuales niveles de aportes patronales en el sector privado, que, aunque puedan ser una carga importante para los sectores productivos más débiles, su incidencia en la productividad y los ingresos de los sectores más dinámicos resulta pequeña. Una diferenciación sectorial o por niveles de ingresos brutos podría llegar a ser parte de la revisión del sistema». 

Cabe mencionar la necesidad de dar pasos más audaces en este tema, porque, con los criterios predominantes en la CESS, con cada reforma aumentan los años de trabajo y disminuyen las prestaciones. Por ello, «desde una reflexión más amplia sobre los ingresos del sistema, debería plantearse avanzar hacia la desgravación del trabajo y al desarrollo de fuentes de ingresos asociados a la productividad o al desempeño económico de las empresas, para de esta forma potenciar la generación de empleo y obtener estabilidad de largo plazo frente a las tendencias de cambios en el mercado de trabajo. Si observamos cómo los avances tecnológicos van generando mayores niveles de productividad y rentabilidad sin que ello impacte favorablemente en el empleo, deberíamos plantearnos claramente asociar el ingreso de la seguridad social a la riqueza generada por el trabajo, más que a los salarios o la cantidad de trabajadores». En respaldo de esta propuesta está el exitoso ejemplo de Caja Bancaria, con su Prestación Complementaria Patronal. 

El análisis del Consejo Central concluye así: «La orientación de los asesores elegidos por el Gobierno no solo busca deteriorar la suficiencia de las prestaciones, sino que también promueve el incremento de la incertidumbre. Una incertidumbre basada en profundizar los componentes del ahorro individual, ya sea expandiendo el mercado de las AFAP como a partir de la generación de nuevos instrumentos de capitalización individual». Y estas no son conclusiones antojadizas sino que tienen un respaldo: «La experiencia de estos años, solo ha favorecido a las administradoras de fondos [previsionales], que se han asegurado sus ingresos mediante comisiones y trasladado a las compañías de seguros el riesgo de las prestaciones». Por ello, «de asumirse seriamente un debate en la materia, debería retomarse en la discusión el fortalecimiento de un sistema solidario de reparto complementado por un régimen de capitalización colectiva en fondos públicamente administrados que generen beneficios definidos».

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