La empresa Scanntech —la mayor propietaria de POS de nuestro mercado— presentó su canasta de consumo de junio 2022, denominada Radar Scanntech. Este es un estudio focalizado en supermercados independientes y autoservicios que representan casi el 90 % de la facturación de ese canal. No se trata de una encuesta cuyos resultados puedan tener margen de error, sino de un análisis detallado sobre la evolución de los precios y el consumo en 1700 puntos de  venta del país. 

Tan detallado es este trabajo que puede mostrarnos con exactitud cuáles son los productos más demandados en cada barrio de Montevideo o ciudad del interior. Con igual precisión el Radar Scanntech nos dice que en los primeros seis meses de 2022 cayó el consumo un 5%, y paralelamente creció un 5% la facturación de los supermercados y autoservicios. Respecto del consumo se resaltó que si se compara junio de 2022 con similar mes de 2021 la caída  llega al 7%. Este porcentaje acelera el comportamiento a la baja que se había registrado en febrero (-4%) y en marzo (-6%), y las variaciones en las distintas zonas del país muestran un descenso generalizado en lo que va de este año, muestra el informe. 

Si miramos a Montevideo a través de la lupa de Scanntech, ni siquiera el barrio más opulento, Carrasco, se salvó de la caída, en medio de un bajón que tuvo sus puntos más pronunciados en los municipios A, D y G. Y si atendemos al interior ubicamos como departamentos más afectados en junio a los de la zona centro sur (Florida, Lavalleja, San José y Canelones) que mostró una caída del 4 %. En Montevideo el descenso fue del 3% y en Maldonado del 2%.

Canasta básica sube proporcionalmente más

El informe es tan exhaustivo que determina, por ejemplo, que la caída de consumo más pronunciada este año se dio en los rubros cuidado personal y limpieza, con porcentajes de 9,9% y 7,3% respectivamente. Este descenso se agudizó en junio pasado, precisó Scanntech.

Agrega otros números alarmantes: el gasto en cada ocasión de compra (tique promedio) en el último mes fue de $ 359, un 7 % por debajo del mismo mes del año pasado. Y atendamos a otro dato para redondear una visión completa de la situación: los precios también subieron. No se trata solamente de que las familias dispusieron de menos dinero para comprar, sino que además se encontraron con precios superiores, por lo cual su situación económica se agravó. Si miramos a los precios se constató un aumento de 11,6 % respecto a junio 2021. Estas cifras nos muestran que los precios de la canasta básica están muy por encima del índice de precios al consumo (IPC).

Último recurso, endeudamiento

Hay un sector económico que está sufriendo esta situación en una medida extrema. Como lo señalara el economista Aníbal Peluffo, de la Comisión Técnica Asesora de AEBU ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, de acuerdo con la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, «el 20 % de la población de menores recursos —el primer quintil—tiene un nivel de consumo que supera el ingreso y, por consiguiente, todos los meses requiere algún tipo de financiación. Eso corresponde, en promedio —es un dato de encuestas—, a unas seiscientas mil personas que están requiriendo todos los meses un financiamiento para poder sustentar el consumo habitual». En particular, estas familias están cayendo varios escalones en la pirámide social, y ello tiene que ver con las políticas aplicadas, que se expresan en la rebaja salarial, la contención del gasto público, y la no provisión de vacantes en el Estado, entre otras.

Es útil para este enfoque consultar al Monitor del Mercado de Crédito al Consumo de Pronto! Este detectó que entre las familias del sector estudiado, y como consecuencia del repunte inflacionario, el 50% tuvo alguna dificultad de pago en los últimos cuatro meses. Por la misma fuente se conoció que el destino de los préstamos u órdenes de compra a futuro fueron  principalmente para: pagar cuentas (22,9%); refaccionar el hogar (17%); pagar otros préstamos o tarjetas (12,9%); pagar servicios como UTE, OSE, Antel (8,6%); comprar comestibles (8,4%); compra o arreglo de vehículo (6,1%); entre otros. En resumen: más gente en la calesita del crédito.

El pasado que vuelve

Por detrás de esta crisis se encuentra una vieja receta que —podría decirse— es de tradición familiar. Por los años 90, el entonces presidente Luis Alberto Lacalle Herrera acuñó una frase célebre referida a los funcionarios públicos: «ellos hacen como que trabajan y nosotros hacemos como que les pagamos». Hoy su hijo, a 30 años de entones comparte su mismo prejuicio; no lo verbaliza, pero sí lo manifiesta con acciones similares a las desplegadas por el antiguo mandatario: rebaja los salarios de los públicos y los hace objeto de una solidaridad compulsiva al aplicarles durante cuatro meses el denominado «impuesto solidario». Como si esto fuera poco les realiza un adelanto del 2% a cuenta del aumento que tendrán en 2023, sin reconocer la pérdida salarial que tuvieron en 2021. Y si extendemos el análisis a los trabajadores privados podemos observar que el presidente «sugiere» a los empresarios (y la mayoría de estos no lo aceptan) que aumenten ese 2% a sus empleados. Todos ellos, tanto públicos como privados, están siendo considerados como peones de una estrategia orientada hacia una redistribución de la renta en beneficio de quienes Lacalle Pou definió como los «malla oro».

Es con este viento en contra que los sindicatos públicos uruguayos enfrentan hoy la Rendición de Cuentas, como lo hacen los privados en sus negociaciones colectivas, con un Gobierno prescindente que somete a los sindicatos más débiles a la negociación bipartita.

No más impuestos, pero…

En una reciente nota de la diaria publicada el 27 de junio, Santiago Soto recordó que el Gobierno en 2020 definió subir el IVA administrativamente, al eliminar la devolución de 2% vigente para compras con tarjetas de débito y medios de pago electrónico. También observó que en los años 2021 y 2022 el gobierno definió administrativamente cambiar el criterio por el cual quedaban definidas las franjas del IRPF. Anteriormente las Bases de Prestaciones (BPC) y las franjas del IRPF y del IASS se ajustaban por la evolución del IPC, pero en enero de 2021 el Gobierno dispuso que las BPC se ajustaran por el Índice Medio de Salarios. «Esto tuvo como efecto que el monto a partir del cual trabajadores y jubilados empiezan a pagar ese impuesto es aproximadamente $1.200 menor en trabajadores ($36.148 vs. $37.365) y $1.400 menor en jubilados ($41.312 vs. $42.702). En 2022 esta medida produce aproximadamente una recaudación adicional de 50 millones de dólares sobre los salarios y 15 millones sobre las jubilaciones», calculó Soto. Otro ejemplo de un manejo económico absolutamente regresivo, porque contribuye a profundizar la brecha social al castigar impositivamente a los más pobres.