Toda construcción política debe basarse en la equidad. Un ejemplo de este principio es el Sistema Nacional Integrado de Salud, que aseguró a todos los trabajadores y jubilados el acceso igualitario a la atención sanitaria. Algo de este estilo deberíamos esperar del proyecto de reforma de la seguridad social. Sin embargo la ciudadanía se está viendo defraudada porque es la desigualdad lo que lo caracteriza, por más que se reiteren argumentos para disimularla.

Desde su instalación como presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS),  el 6 de noviembre de 2020, el doctor Rodolfo Saldain difundió los elementos centrales que a su criterio debían orientar la reforma previsional. Estos se vieron ratificados luego el 12 de noviembre de 2021, cuando la CESS aprobó por 10 votos de mayoría oficialista —en un total de15 integrantes— su informe de recomendaciones.

Durante todo el trabajo de esta comisión y tras haber entregado su informe, el doctor Saldain abundó sobre los resortes que a su entender inevitablemente debían ser ajustados: la edad de retiro, los años de trabajo y la tasa de reemplazo. Una vez que el anteproyecto ingresó al ámbito político el Gobierno hizo suyos estos fundamentos e insistió machaconamente en reafirmarlos por todos los medios de difusión. De esta forma los impulsores  de la iniciativa intentaron consolidar un discurso destinado a tornar «irrebatible» el razonamiento de que la seguridad social uruguaya, si bien tiene fundamentos filosóficos correctos, debe ser mejor calibrada en sus números para hacerse más eficiente sin gastar más dinero. Algo así como el viejo sueño del «bueno, bonito y barato».

Por detrás de este discurso tan repetido se esconde la intención de producir una única verdad sobre la que no quepa formular opinión contraria alguna. Como diría Hanna Arendt, se trató de hacer una construcción  «tan real e intocable como las reglas de la aritmética».

Uruguay quinto en el mundo

Más allá de lo que pretendan sus autores, la del Gobierno es una construcción edificada sobre bases endebles, y ello puede demostrarse si recurrimos a la historia de nuestra seguridad social. Si volvemos atrás unas décadas, veremos cómo la reforma proyectada es la continuación de otras reformas sucedidas a lo largo del tiempo, la mayoría de ellas orientadas a favorecer a las patronales. Para llegar a esta conclusión basta mirar la evolución de los aportes. Hasta el año 1972 el aporte patronal de Industria y Comercio era de 19% y el de los trabajadores 17%. En 1973 el aporte patronal bajó a 15%, en 1982 descendió a 8 y ahora es de 7,5%. El resultado de esta evolución es que en la actualidad los trabajadores están aportando un 15% de su sueldo, pero los patrones solo entregan un 7,5%, y el resto lo financia el Estado (es decir la población toda) con puntos de IVA que tributan los consumidores. La reforma del Gobierno, lejos de cuestionar esta distribución injusta de la carga previsional, al contrario, considera que se ha llegado a un punto óptimo en materia de distribución de las cargas sociales y pretende congelar la desigualdad. Simplemente se centra argumentalmente en una cuestión de números, en el déficit del sistema, mantiene el status quo y se dedica a repartir la miseria: la misma política aplicada en el ajuste fiscal de 2020.

Debe destacarse que la tasa de aportes personales de Uruguay es la quinta entre las mayores del mundo, y estos hablando de centenares de países. Para poner en contexto y dar respaldo a las tasas manejadas transcribiremos unos párrafos del trabajo Tasas de aportación personales y patronales al Sistema De Seguridad Social. Un análisis comparado a nivel de regiones, cuyo autor es el economista Martín Naranja Sotelo, de la Asesoría General en Seguridad Social del BPS: «Nuestro país tiene una tasa personal de un 15%, la cual se puede considerar es alta para la región y comparada a otras regiones también. Esta tasa es sólo superada por cinco países a nivel mundial, Eslovenia, Croacia, Holanda, Georgia y Singapur. Es decir que en nuestro país, el trabajador cona una cuota parte importante de su ingreso se asegura la prestación de la contingencia vejez.

»También los empleadores ceden parte de sus ingresos para solventar las prestaciones de la seguridad social. En América del Sur, Brasil tiene los niveles más altos de dicha tasa, 20%, en Uruguay dicha tasa es de un 7,5%. En el resto de América, se destacan Cuba con una tasa de aportación patronal de un 14% y Panamá con 10,75%. En Europa la máxima tasa patronal la registra Ucrania (32,2%), en Asia la tasa de Uzbekistán alcanza un 31,5%, y por último, vemos el caso de Guinea Ecuatorial con un 21% en el continente africano».

De esta segunda comparación de cifras oficiales surge también con claridad que la tasa de aportes patronales de Uruguay se sitúa en los niveles más bajos.

Es en medio de este encuadre internacional, que ni la CESS al principio ni el Gobierno ahora han hablado de tocar los aportes patronales porque hacerlo es para ellos tabú. Tampoco cuestionan los ridículos aportes del agro, un sector prácticamente exceptuado de contribuir, a pesar de la existencia de un indicador infalible de su poder económico: el continuo ascenso de los precios de la tierra y de sus productos. Históricamente los aportes patronales se tocaron y retocaron en forma reiterada hacia abajo, mientras ahora ni siquiera remotamente se considera aumentarlos. Nos hemos alejado kilómetros del desaparecido igualitarismo batllista.

Una reciente encuesta le preguntó a los uruguayos si consideraban necesaria una reforma de la seguridad social y el 60% contestó que sí. No les preguntaron si estimaban justo que los patrones aportaran la mitad que los trabajadores ni que el déficit del BPS lo pagara el Estado. Así se construye la opinión pública a través de los medios y de las encuestas flechadas, en las que se pregunta sobre lo que conviene y se omiten los temas incómodos para los poderosos mallaoristas. Es así que se edifican las posverdades y es por ello que cobran mayor valor los datos oficiales que aquí presentamos.