En el anterior número del Clearing nos ocupamos de las amenazas que la disrupción tecnológica sembraba sobre el empleo, tanto en su número como en su calidad. Hoy dedicamos esta nota a analizar las estrategias diseñadas desde el sindicato para enfrentar la situación planteada. Para ello nada mejor que recurrir al generoso aporte de la Comisión Técnica Asesora (CTA) de AEBU a nuestro trabajo.
Un documento de nuestros economistas analiza los cambios que están en marcha en el sistema financiero y enumera «varios puntos en los que trasversalmente el Estado debería asumir un rol protagónico en cuanto al control, la regulación y la aplicación de políticas, de forma de evitar impactos negativos en la sociedad».
Preservación de la confianza
En la realización de esta tarea el Estado tendría que «evaluar los impactos que los cambios tecnológicos producen sobre los usuarios, y tener en cuenta que ellos deben recibir servicios financieros de calidad que les permitan mantener su confianza sobre el sistema en su conjunto».
Este es uno de los aspectos cardinales destacados por el trabajo de la CTA: la necesidad de preservar «la confianza que tan difícil fue conseguir». A la luz de experiencias anteriores, consideran «claro que un impacto negativo en el sistema financiero genera un deterioro en las expectativas de los agentes y en los canales que lo vinculan con el sector productivo, con resultados económicos negativos para la sociedad toda».
Es por ello que la regulación debe «mantener controlados los riesgos que implican los nuevos mecanismos digitales vinculados al sistema financiero, ya que si bien son plataformas y servicios nuevos, tienen el mismo potencial de afectar al resto de la economía», aconseja la CTA.
Impactos sobre el mundo del trabajo
Desde el ángulo sindical la primera preocupación de los asesores del Consejo Central es el empleo, y por ello el documento recomienda «tener en cuenta los efectos de la disrupción tecnológica sobre el mundo del trabajo y los cambios que provoca tanto en la cantidad de empleos como en su calidad. Si las nuevas tecnologías generan nuevos puestos de trabajo y sustituyen parcialmente a los actuales, estos no deberían ser precarios sino continuar mejorando sus condiciones».
Las nuevas formas de trabajo no dependiente que se utilizan con mayor frecuencia en este tipo de empresas innovadoras —observan— son más vulnerables que las predominantes en el sistema financiero actual. Los trabajadores allí ocupados tienen menos posibilidades de ser nucleados y respaldados por una organización y el ejercicio de sus derechos puede verse limitado, consideraron los técnicos de AEBU.
Por ello entendieron necesario que la regulación laboral sea también uno de los focos de las acciones que se tomen desde el Estado sobre la irrupción de las nuevas tecnologías en el empleo.
Políticas estatales activas
En este sentido, se considera «fundamental que los trabajadores se preparen para adaptarse a los cambios tecnológicos sobre el empleo, de forma de no ser desplazados por las nuevas tecnologías sino también ser beneficiarios de las innovaciones que surjan. Por ello, es necesario fomentar la capacitación en áreas que les permitan ir actualizando sus tareas y estar preparados para las modificaciones en su sector de actividad».
Los nuevos empleos que se generen a partir de la incorporación de tecnología podrían significar mejoras para los trabajadores si son más eficientes y se ofrecen en un entorno dinámico y de continuo aprendizaje. Este logro es posible con «políticas activas por parte del Estado para acompasarse a un proceso ya en marcha y que, a partir de planes de capacitación, podría ser aprovechado como una fuente de mejora en las condiciones de vida de los trabajadores».
Por último, la tendencia a incorporar innovaciones tecnológicas es claramente un fenómeno que no es posible ni deseable detener. Así lo sostiene la CTA, a la vez que advierte sobre la velocidad a la que están ocurriendo los cambios: ella hace necesario «implementar medidas que introducir cierto gradualismo a ese proceso, ya que de otro modo sus resultados sociales y económicos no serían los mejores».
Niveles de riesgo
Para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) los trabajadores del sector financiero están en la primera fila de los afectados por el riesgo de automatización de tareas. Así lo indican algunas de las conclusiones del trabajo de esta dependencia «Automatización del empleo», que muestra una preocupación gubernamental sobre el tema.
Allí se estima un riesgo promedio de automatización del 65 % para los empleos uruguayos. Las actividades que presentan mayor riesgo de automatización son la explotación agro-ganadera y forestal, las actividades financieras e inmobiliarias y la industria de alimentos, bebidas y tabaco.
En cambio, las de menor riesgo son la enseñanza, la salud y las actividades de comunicación, profesionales, científicas y técnicas.
Vista la situación desde una perspectiva de género, las mujeres presentan un riesgo de automatización significativamente menor que el de los hombres. Y geográficamente, se encuentra un mayor riesgo para el medio rural y menor riesgo en Montevideo.
Otra conclusión significativa es que «a mayor nivel educativo, menor es la probabilidad de que el empleo sea automatizado».
Y si se analiza con la mirada puesta en las edades, «los trabajadores más jóvenes son aquellos que presentan mayor riesgo de automatización, seguidos de los mayores de 50, los de edad media son los que presentan menor riesgo».
El trabajo de la OPP constata también que el riesgo de automatización en general va disminuyendo, habida cuenta de que se trata de un proceso ya iniciado y muchos empleos ya están siendo automatizados.
Si se compara la situación de los empleados con la de los desempleados (tomando en consideración el último trabajo ocupado), se demuestra que estos últimos enfrentan mayor riesgo que los primeros.
La OPP, lejos de tener una visión negativa sobre el avance tecnológico, sosteniendo que implica una eliminación de empleos, considera que este ha originado nuevos puestos de trabajo en el largo plazo. Sí admite que, sin embargo, su implementación debe ser adecuadamente conducida en el corto plazo para evitar impactos negativos sobre el bienestar social.
Pero hay otra conclusión: «A la luz de firmes tendencias demográficas que señalan una caída de la tasa de actividad, se puede esperar que más uruguayos serán dependientes de ingresos generados por cada vez menos uruguayos activos». Esta tendencia es sostenible —se afirma— en tanto la productividad laboral de las personas activas sea creciente. «La automatización podría convertirse entonces en un aliado de nuestra sociedad para afrontar los desafíos que depara el futuro».
El Estado capacita
En 2017 y por primera vez desde su creación, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) gastó más recursos de los que le ingresaron al fondo que administra, financiado con los aportes de asalariados y empleadores privados por partes iguales, y tiene además previstas contribuciones del Estado. Eso sucedió a la vez que se multiplicó más de dos veces y media la cantidad de beneficiarios en sus capacitaciones, para llegar a un récord de 134.000.
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La oscuridad pide prórroga
Como decididos impulsores de la Ley de Inclusión Financiera, no podemos dejar de anotar un fenómeno nuevo que va en su contra. Nos referimos a la alianza empresarial contra la aplicación del pago electrónico a las operaciones inmobiliarias, de automotores y —en general— para compras que superen un límite mínimo fijado por el gobierno.
Durante las primeras etapas de aplicación de la ley se observó la resistencia de los comerciantes al pago con tarjetas, desvanecida luego por la rebaja de aranceles. A la hora de disponerse el pago de salarios mediante las cuentas sueldo volvió a haber oposiciones y el gobierno debió aprobar una prórroga hasta que finalmente entró en vigencia. Cuando se decidió el pago por tarjeta a las trabajadoras domésticas nuevamente se despertaron reacciones. Sin embargo, en todos los casos, las demandas formuladas fueron meramente sectoriales y no aglutinaron a distintas organizaciones profesionales.
Con muchas cosas en común
Algo ha cambiado. Cuando se estaba por poner en marcha un nuevo capítulo, cuando al fin se iba a disponer de un mecanismo que dotara de certeza a las transacciones comerciales y evitara negociados, se reunieron las organizaciones de comerciantes y productores rurales encabezados por los escribanos y las inmobiliarias. Precisamente estos últimos son sectores que han estado bajo la mira de la DGI y la Justicia por episodios de lavado de dinero, especialmente en el departamento de Maldonado. Se trata de profesiones también resistentes a reportar al Banco Central actividades sospechosas de lavado.
En la concentración del 19 de marzo frente a la Torre Ejecutiva, convocada por la Asociación de Escribanos y apoyada por la Agrupación Universitaria, la Cámara Inmobiliaria, Cambadu, la Cámara de Comercio y la Federación Rural, entre los 100 asistentes reunidos por una verdadera coalición estuvieron representados los dueños del dinero y quienes facilitan su tránsito desde sus profesiones. Estaban allí quienes desembolsan y reciben grandes sumas de dinero en sus negocios, quienes intermedian en ellos y aquellos que los formalizan y sacramentan.
Desgaste argumental
Queda claro que los llevó a unirse un interés común, pero no están transparentados sus motivos. Se alegó que ciertas operaciones comerciales en trámite debían regularizarse ante escribano antes del 1 de abril, fecha de entrada en vigencia de la obligación de pagar en forma electrónica inmuebles, automóviles y sumas de dinero elevadas. Si no se lo hacía— dijeron— quedaría sin acreditar la propiedad de determinados bienes. En realidad, la respuesta a esta inquietud estaba en las propias manos de quienes la planteaban: en vez de pasar este mensaje alarmista a través de la radio y la televisión, los escribanos pudieron haberlo hecho —teléfono en mano— a cada cliente en vivo y en directo.
Y como este supuesto problema ya fue anteriormente esgrimido y mereció una prórroga del gobierno para permitir su solución, se habían quedado sin combustible para alimentar el argumento.
Un golpe al corazón
El consejero central Ernesto Palomeque mostró lo que queda en evidencia en una reciente entrevista de Portal AEBU: «Aquí se está pegando en el corazón de sectores entre los que se da muchas veces un manejo oculto de fondos. Y no es necesario que uno lo diga; en muchos casos se han descubierto actividades delictivas basadas en la posibilidad de manejarse como antes: con efectivo y sin controles”. El consejero recordó al caso Balcedo, el último de muchos episodios de lavado que se habrían evitado si existiera la norma que ahora se pretende postergar.
Curiosamente, algunos se preguntan por qué frontera entró el dinero de Balcedo, a la vez que olvidan que todos sus bienes uruguayos fueron pagos en efectivo. Cuando a partir del 1 de abril dejó de estar permitido el efectivo para los grandes negocios, también se hizo más difícil el lavado de dinero de la droga, otro enemigo de nuestra sociedad que, entre otras cosas, alimenta la delincuencia y la inseguridad de la población, a la vez que aumenta la violencia en la sociedad. La pregunta entonces es: ¿Por qué oponerse a tantas ventajas?
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Democracia en funeral
Testis unis, testis nullis (testigo único, testigo nulo), afirma un viejo precepto del derecho romano. En él se basa toda la legislación penal de los países latinos. Sin embargo en Brasil un juez ha innovado: sobre un testigo único (con una muy sospechosa delación premiada de por medio) edificó la condena que ha terminado con Luiz Inácio Lula da Silva en la cárcel.
Articulado en forma tan endeble, este juicio pasó por todas las instancias y todas las superó con la complicidad de las más altas autoridades de la Justicia brasileña. Para lograrlo, una jueza del Supremo Tribunal de Justicia cambió sorpresivamente de criterio jurídico y votó en contra de lo que había sostenido antes en forma pública. Pero «sólo para este caso», aclaró, en un intento de justificación imposible.
Llegó a su fin una operación política que se abrió con la vergüenza parlamentaria de la destitución de Dilma Roussef y se termina ahora con una nueva vergüenza judicial. La gran empresa, los grandes medios de prensa y los políticos mercenarios han logrado el objetivo de retirar de la competencia electoral al amplio favorito.
La condena sufrida por Lula adquiere su real significado por lo que él representaba para el pueblo brasileño: la vuelta de la esperanza para los brasileños más pobres, a quienes los gobiernos progresistas estaban rescatando de la pobreza y Michel Temer volvió a hundir en poco más de un año.
Nuestro compañero Fernando Gambera viaja frecuentemente a Brasil. Tras un año, volvió a Bahía para participar en el Foro Social Mundial celebrado en esa ciudad. A su retorno, comentó al Clearing Informativo que la plaza situada frente a su alojamiento (por la que en 2017 salía a caminar) el mes pasado la encontró llena de carpas donde viven familias desplazadas. Una escena que se repitió luego debajo de varias autopistas por las que transitó. Son imágenes de la amenaza que se cierne sobre Brasil, librado hoy a la lucha de sus fuerzas progresistas y a la solidaridad de los pueblos hermanos.
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Un complejo para todas las estaciones
Desde el fondo de la historia de AEBU la actividad social ha estado hermanada con la labor sindical, porque no se concibió a la organización gremial sin un poderoso brazo de servicios a los afiliados. Con esta orientación se fundaron el camping de Piriápolis, el Club Deportivo, el Jardín y Educación Inicial, la biblioteca, la Sala Camacuá, el Hogar Estudiantil y —más recientemente— el Complejo Vacacional Daymán Juanjo Ramos.
Este último emprendimiento, que ha sido llevado adelante por el sindicato con una importante inversión económica, ya rinde sus frutos. Tras un inicio en el que fue administrado por el Servicio Mutuo de Bienestar Social de Funcionarios de la Intendencia de Montevideo, AEBU tomó a fines del año pasado las riendas de su gestión e inició una nueva etapa.
Bajo la conducción del profesor Enrique Piazza, director de los complejos turísticos de AEBU, la piscina termal —centro neurálgico del complejo— fue parcialmente techada y se le incorporaron cerramientos laterales móviles. Con estas mejoras puede disfrutarse de ella en todas las estaciones y se aumentó así la comodidad de las prestaciones de nuestro centro vacacional.
Como sucede con el camping de Piriápolis, el Juanjo Ramos también está abierto al público general. Ello permite que, con el aporte de no afiliados, su ocupación esté teniendo niveles muy altos y así se volvió perfectamente sustentable el servicio. Especialmente este verano —tras un período de mantenimiento en que permaneció cerrado— se batieron todos los récords en materia de hospedaje, y en la Semana de Turismo con un mes de anticipación se habían vendido todos los alojamientos.
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Éxito a ojos vista
Entre los numerosos convenios suscritos por AEBU hay uno que se destaca por su contenido social y sus grandes repercusiones en la salud de nuestros compañeros. Se trata del que mantenemos con el Hospital de Ojos José Martí.
Para dar una idea del impacto que ha tenido la asociación con este centro oftalmológico basta decir que, hasta fines de 2017, habían sido atendidos allí 2560 jubilados y pensionistas afiliados a este sindicato entre los cuales 527 recibieron cirugía.
Más allá de los números fríos importa destacar la satisfacción de los compañeros tratados en este hospital, hombres y mujeres que con el paso de los años han sufrido la disminución de su capacidad visual, como consecuencia de distintas dolencias. Tratados en forma humana y con solvencia técnica por la brigada cubana de médicos y enfermeros, han logrado recuperar la calidad de vida perdida y volver a mirar con optimismo su existencia cotidiana.
Para hacerlo posible AEBU ha puesto también lo suyo. Este aporte se ha dedicado a la adquisición y donación de equipos oftalmológicos de última generación que, a lo largo de nuestra ya extensa vinculación, suman una larga lista.
Estos resultados tienen como responsables visibles los gobiernos de Cuba y Uruguay. Ellos suscribieron el convenio inicial y pusieron en marcha el hospital, los médicos y personal de enfermería cubanos que en él se desempeñan y también los técnicos uruguayos sumados al equipo.
Sin embargo no son los únicos: en AEBU, un grupo de compañeros hace de nexo entre el sindicato y el centro hospitalario. Se trata de integrantes del Consejo Directivo Autónomo de Jubilados dedicados a orientar a los compañeros que formulan sus primeras consultas. Estos afiliados luego son agendados y se coordinan las pesquisas con los oftalmólogos. Se trata de un trabajo anónimo y solo difundido entre los jubilados que merece destacarse, porque ellos brindan el necesario soporte administrativo a un convenio cuyo funcionamiento solo merece elogios.
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Tercerizaciones retroceden en el BROU
Las tercerizaciones son una provocación para los sindicatos, especialmente cuando se relacionan con las funciones esenciales de las empresas. AEBU no es una excepción en este sentido y siempre les ha dado una dura batalla. Por ello —tras infructuosos reclamos— el año pasado los trabajadores del Banco República colocaron entre los lugares más destacados de sus reivindicaciones el cese de las tercerizaciones en áreas estratégicas del banco. Tras extenso conflicto, una asamblea de afiliados del BROU realizada en diciembre ratificó un preacuerdo que preveía el fin de la contratación de personal foráneo en varias áreas.
Como consecuencia de este compromiso, el República efectuó dos llamados a concurso para proveer contadores, ingenieros de sistemas y auxiliares. En concreto, mediante los concursos se seleccionarán 10 ingenieros de sistemas para tecnología de la información, 10 contadores para trabajar en el análisis de balances y 20 cargos de auxiliar 1 para desempeñarse en canales digitales. En un principio lo acordado con el banco preveía solo el ingreso por concurso de 10 auxiliares 1 para canales digitales, pero posteriormente el banco decidió duplicar el número de vacantes.
Otro capítulo relacionado con los ascensos del personal del banco lleva camino de cerrarse en forma positiva. En este caso los cargos a concursar son 13 gerencias de sucursales, 20 jefaturas de atención al público, 20 cargos de ejecutivo 2 y 36 cargos de ejecutivo 3.
Como sucede en este tipo de concursos, ellos producen un movimiento general al originar vacantes que se suman a las antes enumeradas. Gonzalo Pérez —secretario de Prensa y Propaganda del Consejo del Sector Financiero Oficial— destacó que «estos concursos se suman a los que se han venido implementando desde hace más de cuatro meses». Ellos «reflejan una política impulsada por la Comisión Representativa como una manera genuina y transparente de lograr mejoras sustanciales en los ingresos y las condiciones de trabajo de los compañeros».
