EDITORIAL 

Como era de esperar, las indudables tendencias antidemocráticas de algunos integrantes de la coalición de gobierno se expresaron abiertamente. Sin la necesidad de atender las limitaciones impuestas por el marketing electoral, se comienzan a expresar las visiones descarnadas de sectores de clara orientación totalitaria.

Con más sorpresa sobre su oportunidad que por su contenido, las declaraciones del próximo subsecretario del Ministerio de Defensa, coronel retirado Rivera Elgue, recogen una visión existente entre los principales dirigentes de Cabildo Abierto y grupos vinculados a las fuerzas represivas de la dictadura. Visión que, ante la tolerancia de parte de la ciudadanía, abre la puerta a la inaceptable justificación de la violación de la Constitución y el menosprecio por las instituciones democráticas.

Luego mediatizadas ante los llamados de atención recibidos, las declaraciones del futuro subsecretario sostienen que si las Fuerzas Armadas “hubiesen actuado mal, tendría que haber muchos más desaparecidos. Muchos estuvieron presos, pero hoy están vivos y están en libertad, y fueron reparados. Pero no hay miles de desaparecidos en Uruguay”.

Más allá de los posicionamientos de los máximos representantes del gobierno electo, que con diverso nivel de énfasis tomaron distancia y criticaron las declaraciones, desde la perspectiva del movimiento sindical estas son absolutamente rechazables. 

Rechazamos de plano la idea de que la cantidad de desaparecidos determina una suerte de error operativo o mala praxis. Este concepto también está implícito en la justificación planteada por el senador Manini Ríos al decir: "El hecho de que sean 32 los desaparecidos en Uruguay, comparado con realidades que se ven en la región, demuestra que no fue una política sistemática". 

La desaparición forzada fue parte de la estrategia militar en su imposición dictatorial, tanto durante el gobierno de facto como luego de recuperada la democracia. Ella fue posible a partir de su práctica de ocultamiento, de falta de reconocimiento de las responsabilidades, por el uso de mecanismos de desinformación y la aplicación de la obediencia debida. Como institución, las Fuerzas Armadas —y particularmente sus integrantes durante los años de la dictadura— son responsables hasta el día de hoy.

Sin embargo, la gravedad de este primer concepto no debe soslayar que la segunda parte de lo declarado también es repudiable. Afirmar que “muchos estuvieron presos, pero hoy están vivos y están en libertad” es en sí misma una declaración de reafirmación totalitaria. Dejemos de lado la implicancia que puede significar decir «pero hoy están vivos», casi como una dádiva de generosos dictadores. Es inaceptable el simple hecho de que un futuro subsecretario de Defensa Nacional reafirme que las Fuerzas Armadas actuaron bien cuando violaron la Constitución, disolvieron las instituciones, eliminaron el funcionamiento democrático del país y encarcelaron a miles de militantes políticos y sindicales y a los máximos dirigentes de los dos partidos de oposición.

Tal vez, algunos sectores de la sociedad no se horroricen con estas afirmaciones. Tal vez crean suficiente que algunos miembros del gobierno electo manifiesten su discrepancia o hasta rechazo. Lo que la inmensa mayoría de la ciudadanía no puede aceptar es que el presidente electo solo exprese privadamente su molestia por las declaraciones, y pida especial cautela con este tipo de salidas públicas que pueden complicar su gobierno. 

Este no es un problema de oportunidad política. No es un asunto de complicaciones de alianzas o de daños a la imagen del gobierno. Es una cuestión absolutamente republicana. Está en el debe una definición intransigente por el respeto de la democracia. Que se exprese el imprescindible compromiso de todo dirigente político y se asuma la responsabilidad dada por el pueblo, la de aislar todo resabio totalitario u orientación antidemocrática.

Si hoy Uruguay tiene un presidente democráticamente electo es porque la inmensa mayoría del pueblo uruguayo y sus organizaciones lucharon por la defensa de la libertad y de las instituciones, y merece que su presidente esté a la altura de esa entrega.