La Unión Europea quiere luchar con mayor fuerza contra el blanqueo de dinero y no solamente pondrá un límite al uso de dinero en efectivo en las transacciones, sino que además creará una nueva autoridad comunitaria. El foco estará puesto en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, explicó El Periódico de Barcelona ayer, al recoger palabras del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis: «Cada nuevo escándalo de blanqueo de capitales es un escándalo de más y una llamada de atención de que nuestro trabajo para cerrar las brechas en nuestro sistema financiero aún no ha terminado».

Ya dos tercios de los países de la Unión Europea tienen establecidos límites máximos para los pagos en efectivo (las cantidades oscilan entre los 500 euros de Grecia y los más de 10.000 euros de la República Checa). Llegó la hora, entonces, de uniformizar en ese continente las normas y los controles del lavado.

Como se advierte, Europa recorre un camino que Uruguay inició con la Ley de Inclusión Financiera y que el gobierno actual abandonó con la aprobación vertiginosa de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Ahora el límite formal en nuestro país es de 100 000 dólares, pero se puede lavar un millón de esa moneda realizando 10 operaciones por 100 000 o 20 por 50 000. Así se desprende del último informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) del Banco Central, cuando observa con preocupación la brusca caída de los reportes de operaciones sospechosas por parte de  escribanos, inmobiliarias, constructoras y rematadores, a pesar del aumento de las transacciones.

Y tanto preocupa el lavado de dinero en Europa, que la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por su sigla en inglés), cuando esté en pleno funcionamiento tendrá a 250 personas dedicadas al control de las operaciones financieras. Su objetivo será garantizar que el sector privado aplique de forma correcta y coherente las normas europeas, con métodos comunes de supervisión y convergencia de estándares.

La constitución de este órgano y los fines que se le encomiendan nos muestra, por contraste, cuánto ha retrocedido Uruguay en la materia y la importancia que, desde este punto de vista, tiene la derogación de la LUC.