AEBU ya ha participado en varios foros organizados por UNI Américas Finanzas dedicados a las bancas públicas del continente, siempre acechadas por el interés de los privados en apoderarse de sus negocios. En el de esta mañana —desarrollado en forma virtual— Elbio Monegal se refirió a los bancos oficiales de Uruguay, a los que consideró sometidos «a un ataque permanente del Gobierno neoliberal», que no se orienta solo contra la banca pública sino hacia todas las empresas del Estado.

La razón de esta ofensiva tiene para él un contenido ideológico, y con el fin de demostrarlo retrocedió varias décadas hasta 1992, cuando gobernaba el Partido Nacional y el presidente de entonces era el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual presidente Luis Lacalle Pou. En aquel lejano 1992 Lacalle Herrera presentó un proyecto para privatizar todas las empresas del Estado y el movimiento popular uruguayo, tras un gran debate, logró a través de un referéndum que esa ley quedara sin efecto. «De manera que no es casual que los gobiernos del Partido Nacional busquen la privatización de las empresas del Estado. Hoy no se animarían a hacerlo porque sería inviable una ley para privatizar las empresas del Estado, pero lo que sí se busca es reducir estas empresas a su mínima expresión para que, por la vía de los hechos, la gente opte por las empresas privadas», explicó. 

Parte de la agresión que sufre la banca pública se produce por efecto de la no reposición de vacantes, limitada por una circular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. «A fin de este año en el Banco República, que es el más grande, perderemos 800 puestos de trabajo sobre una dotación que ya estaba bastante ajustada a las necesidades del banco. Esto pone en riesgo su buen funcionamiento para seguir dando servicios de calidad», denunció nuestro presidente.

Para mostrar la profundidad del daño miró hacia «el interior profundo del país [donde] los únicos servicios financieros que llegan son del  Banco República», porque algunos bancos privados abandonan las capitales departamentales —como el Santander hizo con la ciudad de Artigas— y por supuesto hace ya tiempo que han abandonado las poblaciones menores. «Ahora esta situación que nos está tocando vivir pone en riesgo a algunas agencias que, repito, son los únicos servicios financieros que llegan a esas localidades de la mano del Banco República, debido a que se estaría jubilando este año una gran cantidad de trabajadores que no van a ser repuestos».

Otro ataque, este felizmente detenido, fue impulsado por el Poder Ejecutivo con el envío de un artículo de la Rendición de Cuentas por el que se habilitaba a las empresas públicas uruguayas a depositar en la banca privada. «Lo peor de todo esto es que ninguna empresa del Estado pidió este artículo», reclamado durante décadas por la banca extranjera «que quiere hacerse de ese stock de depósitos».

Monegal relató la acción del sindicato en el terreno parlamentario: «AEBU participó en la Comisión de Hacienda, integrada junto con la de Presupuesto, y allí manifestamos nuestra preocupación porque evidentemente se iba a producir una caída importante de la rentabilidad de los bancos públicos». Se argumentó en este caso que el 80 % de las utilidades de estos bancos va a Rentas Generales, el tesoro del Estado «desde donde se utilizan para educación, salud, seguridad, mientras que en la banca extranjera esos beneficios van a los bolsillos de los accionistas en el exterior del país».

Otro interés de nuestro presidente fue destacar la importancia de la banca pública en momentos de pandemia. Una etapa durante la cual «la banca privada se ha sentado en la tribuna a mirar qué es lo que pasa y a beneficiarse. [Porque] con las crisis siempre alguien se beneficia y ellos en 2020 tuvieron una rentabilidad espectacular», destacó. Entretanto,  la banca pública cumplía con su rol social y asumía algunos costos en materia crediticia. «No los que nosotros hubiéramos querido, porque hubiéramos preferido que jugara un papel mucho más decisivo desde el punto de vista social, pero no se le puede pedir a este Gobierno que haga lo que no siente, porque no tiene sensibilidad en ese tipo de cosas.