En su introducción el informe explica que «los  adelantos propuestos para trabajadores públicos y pasivos como los correctivos anticipados para los privados, difícilmente eviten una nueva caída del salario real este año. Pero incluso evitándola y siendo un paliativo para los ingresos de los asalariados que ya llevan un largo período de deterioro, no serán suficientes para posibilitar que comience el proceso de recuperación del salario real comprometido para este año. Considerando que se espera una  expansión del PBI uruguayo de 3,8% para este año, un nuevo año sin crecimiento del salario real profundiza la concentración del ingreso y la riqueza».

El documento se detiene en el contexto en el cual se produjo una inflación que el Gobierno inicialmente se esforzó por disimular y finalmente terminó por reconocer, pero atribuyéndole el rótulo de «importada». Con la intención de ubicar a los lectores el Cuesta Duarte detalló la evolución de los precios: «En los tres primeros meses de 2022 el Índice de Precios al Consumo (IPC), indicador utilizado para medir la inflación o lo que es lo mismo, el aumento del costo de vida promedio de los hogares, acumuló un incremento de 4,4%. Asimismo, en los últimos 12 meses a marzo el aumento de los precios fue de 9,4%». Sobre estos datos oficiales, el ICUDU precisó que, recién a partir de febrero de 2022, el conflicto entre Rusia y Ucrania comenzó a influir sobre la inflación uruguaya, pero esta ya podía advertirse desde el comienzo del Gobierno, y para ello apoyó su aserto en el razonamiento siguiente: «En efecto, desde marzo de 2020, en solo dos meses de los 25 transcurridos, el crecimiento de los precios se ubicó dentro del rango meta del Banco Central (entre 5% y 7%)». En otras palabras siempre los datos se dispararon por encima del relato.

El informe ubicó en mediados del año pasado el momento en que la inflación elevó su impulso y destacó que dentro de ella «los precios de los alimentos —rubros particularmente sensibles en el gasto de los hogares más pobres— han aumentado por encima del crecimiento promedio de los precios». En otras palabras, debe entenderse que la inflación para los pobres es mayor que para el promedio, dado que gastan una mayor proporción de sus ingresos en la alimentación.

Tras este análisis el Cuesta Duarte encontró falta de claridad  en el rumbo de la política económica, traducido en falta de eficacia para controlar el aumento de precios y encauzar su variación al rango meta. Incluso, destacó: «En la presentación realizada por el Ministerio de Economía en febrero y por el presidente en el Parlamento, con motivo de los dos años de gestión, el tema inflacionario no fue parte de la agenda».

Cabe destacar también, dentro de los importantes conceptos manejados por el ICUDU, una comparación con situaciones anteriores: «Pese a que los porcentajes de crecimiento de precios a los que nos estamos enfrentando actualmente no son novedosos para la economía uruguaya, como tampoco lo es el desfasaje entre las proyecciones de inflación gubernamental y la inflación efectiva; el encarecimiento del costo de vida cobra una relevancia especial hoy en día, debido a que los ingresos reales de asalariados y pasivos están cayendo desde hace ya dos años».