EDITORIAL

Como en todas partes del mundo, en Uruguay la seguridad social ha acompañado a las formas adoptadas por el trabajo. Si retrocedemos a las primeras décadas del siglo XX, cuando se fundaron la originalmente llamada Caja de Empleados Bancarios (1925), hoy denominada Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, y la Caja de Industria y Comercio (1928), existía para los trabajadores un amplio margen de previsibilidad sobre sus posibilidades jubilatorias.

La determinación de los aportes patronales e individuales durante ese siglo reflejó la productividad existente en ese mundo del trabajo en el que nacieron nuestras instituciones de previsión social, y durante décadas ellas cumplieron sus fines de manera consistente con la finalidad para las que fueron creadas.

Pero la historia no es inmutable y el mundo del trabajo ha ido cambiando de manera cada vez más acelerada bajo el influjo de la introducción de una tecnología que desplaza al trabajo humano. A causa de este fenómeno es hoy cada vez menos probable que una persona desarrolle toda su carrera laboral en una sola empresa o en una misma función. Lo permanente es el cambio y los tiempos de adaptación son cada vez más cortos.

La previsión social se hace menos previsible y la seguridad social menos segura. No es este un juego de palabras, sino simplemente la manera de hacer gráfica la realidad. Una realidad que, por otro lado, nos muestra cómo es posible para un empresario ganar cada vez más dinero con menos trabajadores en su plantilla, gracias al aumento de la productividad obtenido mediante la inversión en tecnología. Esa es la moneda corriente en el sistema financiero internacional sobre  el cual, semana a semana, aparecen noticias que nos informan de la pérdida de puestos de trabajo en diferentes lugares del mundo.

Los pilares del contrato social que dio amparo a los trabajadores en el siglo XX hoy muestran su desgaste en un mundo en el que cada vez preocupa más el futuro del trabajo. La aceleración de la introducción tecnológica que —debe reconocerse— es imparable está aumentando la desigualdad. La cuota del trabajo en la producción se reduce frente a la del capital porque los nuevos trabajos, si se encuentran, generalmente son con menores sueldos y más precarios, hecho que presiona tanto al mercado como a la seguridad social.

En esta situación apreciable por todos vemos dos intereses principales opuestos. Los empresarios apuestan a obtener los mayores beneficios posibles a caballo de la robótica y la inteligencia artificial. Los trabajadores, por su parte, reclaman con razón por sus derechos. Es en este escenario que han surgido, principalmente en Europa, iniciativas para crear un «impuesto a los robots» destinado a compensar este desequilibrio cada vez más agudo. En 2017 Bill Gates, el fundador y propietario de Microsoft, propuso este impuesto, iniciativa que recibió el respaldo de Elon Musk, también fundador y propietario de Tesla. 

Ryan Abbott, profesor de Derecho y Servicios de Salud en la Universidad de Surrey, en el Reino Unido, sostiene que «no hay que gravar físicamente a los robots» sino que debería implantarse algo más genérico: «un impuesto a la automatización». De esta forma «las empresas que generan poco empleo deberían estar sujetas a la tasa. Al mismo tiempo, los gobiernos deberían reducir el impuesto sobre el trabajo», argumenta.

Consciente de esta destrucción del empleo que impacta sobre los institutos previsionales, también la Unión Europea ha puesto a estudio una iniciativa de este estilo. A caballo de esta fundamentación teórica tan consistente, el PIT-CNT en su documento de Balance y Perspectivas de 2019 propuso un «impuesto al robot» en la industria, para que el cambio tecnológico «no aumente la desigualdad» y produzca el desplazamiento de «trabajo vivo por muerto».

En un sentido similar van las iniciativas que consideran necesario incorporar al debate nuevos componentes surgidos del comercio digital y de la globalización de los mercados. En este sentido es que deben manejarse recursos de financiamiento como  la tasa Google, recientemente aprobada en  España, dirigiendo parte de su recaudación a la seguridad social.

El impacto de la tecnología sobre el empleo en diferentes puntos del mundo es indudable, pero no es percibida tan nítidamente en cambio su influencia directa e ineludible sobre los institutos de previsión. Por ello los gigantes tecnológicos que hoy  nos invaden con sus nuevas reglas de juego  pueden y deben ser incorporados como constituyentes de la solución. 

No debemos caer en la justificación pretendida por el Gobierno de que existe un solo camino para la reforma previsional; una sola forma simplista que tenga como eje la rebaja de las prestaciones y la extensión de la edad jubilatoria. Dicho de otra forma, que impulse, con prestaciones a pérdida, el mantenimiento de un sistema que ya no responde a los parámetros que le dieron origen.

¿Qué se deja de lado? Nada menos que el mundo real. El de los trabajadores que ven estrecharse año a año su horizonte laboral. Con esta visión miope solo se atiende a resolver un déficit contable y se renuncia a tratar el tema del empleo en todas sus aristas.

Por eso reafirmamos la experiencia de Caja Bancaria, que tomó nota de los efectos del proceso de robotización y de disminución del empleo e incorporó una forma de financiación adicional asociada al negocio financiero. AEBU, como impulsora de este sistema se adelantó a su tiempo y hoy puede exhibirlo como un ingrediente que dé sustentabilidad a una reforma previsional que de otra forma solo podrá significar una pérdida de derechos.