El contador Pablo Sitjar, corredor de bolsa, empresario y docente universitario, ocupa posiciones contradictorias respecto de nuestro Estado. Si bien en varios asuntos aparece enfrentado con él —en particular con su Banco Central (BCU) y la Dirección General Impositiva (DGI)—, por otra parte ostenta el importante cargo de director del Banco República. Cómo pudo llegar a ocupar este cargo tan relevante alguien sancionado dos veces por el BCU, embargado por la DGI y a la vez demandante contra el Estado por 50 millones de dólares merece una explicación detallada. 

En su edición del 21 de enero pasado el semanario Búsqueda publicó una extensa nota en la cual fueron expuestos numerosos hechos que lo ubican claramente «de los dos lados del mostrador», un término que utilizó el presidente Lacalle para referirse a un jerarca por él destituido. 

A pesar de que el contador Sitjar reconoció públicamente que estas informaciones son  verdaderas, transcurrido un mes de difundirse sus antecedentes es mantenido en su cargo inexplicablemente por el Gobierno. 

Dos veces sancionado por el Banco Central 

Desde el 8 de enero de 2015 Pablo Stjar es el poseedor del 50 % de las acciones de la empresa  Renmax, de la cual ya detentaba un 25 %. 

El 7 de agosto de 2015, el Banco Central aplicó a Renmax la fuerte multa de 300.000 Unidades Indexadas, (US$33 mil) por realizar «operaciones ajenas al giro» e incumplir con las normas de prevención de lavado de activos. La comunicación 2015/144 sostuvo que el banco detectó «deficiencias e incumplimientos» respecto de «las normas relativas a la prevención del uso de los intermediarios de valores para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo». 

Las contrariedades de Sitjar con el BCU no quedaron aquí, sino que al año siguiente tuvo un nuevo desliz. El 5 de febrero de 2016 la autoridad monetaria resolvió «sancionar a Renmax Corredor de Bolsa SA con un apercibimiento por incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 370 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores». Renmax, en este caso incumplió «con el deber de diligencia profesional establecido en el artículo 370 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores». Para quienes no están familiarizados con la tabla de sanciones de la autoridad bancocentralista 'observación' es la sanción mínima y 'apercibimiento' la sigue en orden ascendente. Es muy importante conocer quién fue el denunciante de Renmax. Nada menos que República Administradora de Fondos de Inversión SA, (República AFISA), empresa que, por depender accionariamente del BROU, ahora ha quedado sometida indirectamente a la autoridad de Sitjar. Una implicancia que no debe perderse de vista. 

Estas sanciones recaídas sobre la empresa propiedad de Sitjar merecen un comentario especial, dado que el contador citado es profesor de la Universidad de Montevideo, en la cual dicta el curso de Finanzas Internacionales para la maestría en Finanzas. Debía conocer perfectamente qué cuidados legales y qué negocios entran y cuáles no dentro de su giro comercial. 

Juego desleal 

Pero Sitjar es algo más que un corredor de bolsa. Se trata de un hombre de negocios que se desempeña en varios frentes. Es vicepresidente de la empresa operadora del Casino Nogaró, cuyo manejo compartió con la Dirección Nacional de Casinos (DGC). Su firma, Vidaplan SA, es arrendataria (actualmente morosa) del local de juego y del hotel contiguo, ambos propiedad de terceros. A causa de la pandemia, en marzo de 2020 fueron cerrados todos los casinos del Estado, una medida que fue levantada en agosto por el Gobierno. El Casino Nogaró fue el único en todo el país que no reabrió y guardias de seguridad de Vidaplan SA se ocuparon de que ningún funcionario pudiera entrar a cumplir con sus labores. Vidaplan dijo 'no va más': no quería cumplir con su parte en el negocio a pesar del contrato que la obligaba y no encontró mejor solución que cerrar de manera prepotente las puertas del local de juegos en violación de lo firmado. 

Ante esta medida de fuerza, la Dirección Nacional de Casinos presentó una denuncia penal por el delito de «justicia por mano propia». La fiscal Ana Roses pidió la formalización del directorio de Vidaplan S.A. al comprobar que «mediante la presencia permanente de guardias de seguridad en la puerta se les impidió a los funcionarios de la DGC el ingreso», informó El País. Como consecuencia de este pedido fue formalizado por la Justicia el presidente del Vidaplan y Sitjar mantuvo su libertad. 

Tras la situación planteada, los trabajadores del casino Nogaró, si bien continuaron cobrando su sueldo dejaron de percibir la remuneración variable, que dependía de la actividad de la casa de juego. Por este motivo el presidente Lacalle y la ministra de Economía Arbeleche firmaron los decretos 318/20, del 20 de noviembre de 2020 y el 66/21 del 18 de febrero de 2021 para compensar esta pérdida, causada entre otros por el vicepresidente de Vidaplan SA. Las arcas del Estado debieron responder por las acciones de particulares que no cumplieron con sus obligaciones. 

Casualmente, los mismos Lacalle y Arbeleche son quienes habían firmado poco tiempo atrás, el 2 de abril de 2020, la Resolución de Presidencia Nº 426/020 junto al Consejo de Ministros, para designar a Pablo Sitjar director del BROU. Supuestamente, ninguno de los 13 ministros firmantes ni el presidente conocían los antecedentes relatados más arriba, ni otros de los que más adelante nos ocuparemos. De este modo la información proporcionada a los parlamentarios a la hora de solicitar su venia se limitó a enumerar generalidades sobre sus estudios y actividades profesionales. Seguramente por ello Sitjar pudo decir a modo de defensa, luego de que Búsqueda detallara su trayectoria, que ningún legislador objetó su designación. 

La historia de Vidaplan SA no se detiene aquí. Esta empresa —en mayo del 2020, a poco de que su vicepresidente hubiera sido designado director del BROU— demandó a la  Dirección General de Casinos (DGC) «por discutir la naturaleza del contrato y por competencia desleal» y reclamó una indemnización de US$ 50 millones, según informó el portal Crónicas del Este.  A su vez, la DGC, contestó la demanda y está trabado un juicio engorroso para el Estado. 

Sitjar no es primerizo en juicios y embargos. Se le conocen al menos dos de estos últimos: uno por adeudar el alquiler y los gastos comunes del edificio donde funcionaba el Nogaró. Y otro le fue trabado por la Dirección General Impositiva para el cobro de una deuda originada en  2018, informó Búsqueda. En este caso particular Sitjar es la primera figura de la empresa THS Accounting Services SA que desarrolló un edificio de apartamentos en la calle Francisco Canaro casi Bulevar Artigas, inmueble cuya construcción se encuentra paralizada. Como director de THS, Sitjar firmó un convenio con la DGI en agosto del 2017 para abonar su deuda en cuotas mensuales. Esta empresa solamente pagó cuotas por un monto aproximado a los 500 mil pesos y debe desde 2018 un millón de pesos, más los intereses moratorios correspondientes. 

Director part-time 

Como se vio más arriba, por su conducta morosa y litigiosa el corredor de bolsa, tras su designación como director del BROU, continuó su actividad privada sin mayores cambios. Además de ocupar la vicepresidencia de Vidaplan SA, ejerce la dirección de THS Accounting Services S.A, también denominada Thales, «una firma especializada en servicios de asesoramiento financiero […] enfocada en el Cono Sur de América Latina», como ella se define. Thales se presenta en su sitio web como especialista «en finanzas corporativas, créditos, financiamiento de comercio exterior, mercado de capitales, capital de riesgo, capital privado y consultoría estratégica». En el mismo sitio se hace conocer que «Pablo es CEO y cofundador de The Southern Cone Group, una empresa regional de administración de activos ubicada en Montevideo». Según un documento del recién citado grupo comercial publicado en 2013 en su sitio web, Sitjar en 2011 «reactivó a RenMax como catalizador para formar una banca comercial regional, grupo que se conoció como The Southern Cone Group, activo en el desarrollo inmobiliario, renta fija y agroindustria». 

Como puede verse luego de este recorrido por los negocios, los juicios cruzados con el Estado y las sanciones del Banco Central, el perfil de este director del Banco República no es para nada digno de la historia del banco país y sus antecedentes no  pueden inspirar confianza sobre su desempeño del cargo. Por ello AEBU reclama su cese inmediato.