La Asociación de Bancos Privados (ABPU) continúa rechazando su responsabilidad en la búsqueda de soluciones para la Caja Bancaria, expresando públicamente mentiras y medias verdades sobre el instituto que desvirtúan la discusión.

En recientes declaraciones, la ABPU dijo: "La grave situación por la que hoy atraviesa la Caja Bancaria era previsible. Un régimen de reparto con más pasivos que activos, con pasividades muy por encima del promedio, sumado a la elevada y creciente expectativa de vida de nuestro colectivo, es insostenible".

Según entienden los bancos privados, entonces, la grave situación actual de la Caja Bancaria es culpa de un régimen de reparto con más pasivos que activos, y a pasividades por encima del promedio.

Sin embargo, existen varias falacias en estas aseveraciones. Primero, las expresiones de la ABPU en nada se condicen con las proyecciones que presenta la Caja Bancaria, que fueron recogidas en el diagnóstico elaborado en su momento por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS).

Esta comisión respaldó la efectividad de las medidas tomadas en el año 2008 a través de la ley 18.396, que permiten esperar resultados positivos en el futuro para el instituto, una vez atravesada la actual etapa de déficit operativo. 

Es menester recordar que la existencia de más pasivos que activos estaba prevista debido a factores demográficos y la automatización de puestos de trabajo en el sector financiero. Y, precisamente, para enfrentar este desafío se creó la Prestación Complementaria Patronal (PCP), cuyo aporte equivale a la contribución de 7.000 trabajadores activos.

Debemos entender que la relación activo/pasivo pierde relevancia frente al financiamiento que propone la PCP, cuyo aporte está previsto por ley un 60% más alto que el actualmente realizado por los bancos privados.

En la medida que los puestos de trabajo en el sector bancario aportan casi el doble que el régimen general de seguridad social, las prestaciones promedio de la Caja Bancaria no son privilegios, sino derechos generados por los trabajadores.

Además, es importante mencionar que las prestaciones que brinda Caja Bancaria son exclusivamente por el régimen de reparto, a diferencia del régimen general que incluye el pago del BPS y los resultados de la AFAP. Los afiliados activos de la Caja Bancaria aportan por la totalidad de sus ingresos, sin el tope de aporte existente en el sistema mixto, y tienen promedios salariales superiores.

La jubilación líquida promedio que se paga en la Caja Bancaria es de $86 mil, después de deducir la carga impositiva que incluye un impuesto para financiar el instituto, además del IASS que se destina directamente al régimen general de seguridad social.

En relación a la equidad de género, un análisis realizado por la consultora CINVE muestra que las mujeres bancarias recibirán alrededor del 80% de lo aportado durante su etapa activa, mientras que los hombres percibirán aproximadamente dos tercios de lo aportado. Estas cifras demuestran que las jubilaciones de la Caja Bancaria guardan una relación suficiente con lo aportado por el trabajador.

En este sentido, debemos lamentar la postura de la Asociación de Bancos Privados, que durante la etapa de diagnóstico en la CESS planteó la disolución de la Caja Bancaria para trasladar al conjunto de la sociedad la carga de las prestaciones y sus menores aportes, aumentando así sus ganancias en un promedio anual de U$S 275 millones.

En conclusión, debemos dejar en claro que las medidas adoptadas en 2008 le permiten al instituto tener perspectiva a largo plazo, brindando prestaciones adecuadas a los aportes a través de un modelo solidario.

Por esto mismo es imprescindible que los bancos privados se atengan a respetar la ley para brindar sostenibilidad a Caja Bancaria.