El Día Mundial del Agua se conmemora cada 22 de marzo desde 1993. En Uruguay, la fecha gana visibilidad en un escenario de creciente preocupación social por el acceso, la calidad y la gestión del recurso.

En ese marco, organizaciones sociales y sindicales impulsaron distintas actividades en Montevideo y el interior del país. Una de las principales fue la marcha convocada por Redes - Amigos de la Tierra Uruguay junto a más de 60 organizaciones, bajo la consigna: “La vida y el agua no se negocian”.

La movilización partió desde Rambla Sur y Ejido hasta Parque Rodó, poniendo en el centro del debate el carácter del agua como bien común y derecho humano, frente a proyectos que promueven su mercantilización.

Días antes, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida realizaron un conversatorio con participación de especialistas y organizaciones territoriales. El encuentro permitió intercambiar sobre la situación hídrica en distintos puntos del país y los desafíos en materia de acceso y gestión.

El contexto está marcado por la persistencia de la sequía, que vuelve a tensionar el abastecimiento de agua potable en Montevideo y otras ciudades. A esto se suman debates abiertos tras la caída del Proyecto Neptuno y la discusión sobre iniciativas públicas y privadas que, según organizaciones sociales y sectores académicos, pueden poner en riesgo el recurso.

Uruguay, referencia en derecho al agua

En ese escenario, desde organismos internacionales se reitera la centralidad del agua como derecho humano. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó: “El agua no es un lujo, es una condición previa para la existencia humana y la base de todos los demás derechos”.

El lema de este año, “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, pone el foco en las desigualdades en el acceso. “La discriminación en el acceso al agua segura y al saneamiento es una violación directa de la dignidad humana”, advierte el organismo.

Uruguay cuenta con una trayectoria destacada en esta materia. En 2004, a través de un plebiscito respaldado por cerca del 65% de la ciudadanía, se incorporó a la Constitución el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos, estableciendo además la gestión estatal del recurso.

“Naciones Unidas lo reconoció como derecho humano recién en 2010, seis años después”, recordó Anahit Aharonián, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida.

Desafíos ante la crisis climática

En este escenario, la discusión sobre el agua se vincula directamente con el debate global sobre el cambio climático. La Conferencia de las Partes (COP) reúne cada año a gobiernos, empresas, academia y organizaciones sociales para evaluar avances y negociar marcos de acción frente a la crisis climática.

Las desigualdades globales y los modelos productivos extractivistas han generado impactos ambientales y conflictos sociales en distintas regiones, afectando especialmente a comunidades vulnerables con fenómenos como sequías e inundaciones.

En ese marco, el concepto de transición justa cobra relevancia. Surgido en la década de 1980 desde el movimiento sindical, apunta a garantizar que los cambios hacia economías sostenibles no recaigan sobre las trabajadoras y los trabajadores.

La Organización Internacional del Trabajo define la transición justa como un proceso de transformación que debe generar empleo decente y asegurar que nadie quede atrás.

A nivel nacional, organizaciones sociales y académicas continúan alertando sobre los impactos de determinados modelos productivos. En ese sentido, Redes - Amigos de la Tierra Uruguay difundió recientemente, junto a la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, un informe sobre los efectos de la forestación en los cursos de agua.

El documento advierte sobre impactos ambientales y sociales asociados a monocultivos de especies exóticas, que afectan tanto a comunidades como a la disponibilidad de agua para consumo humano. (Acceder al informe).

El cuidado del agua y del ambiente interpela al conjunto de la sociedad. También nuestro sindicato se encuentra profundamente comprometido. En la última Asamblea Nacional de Delegados de AEBU fue aprobado un documento que llama al sistema financiero a incorporar criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, que priorice las finanzas verdes, la generación de fondos de inversión específicos y productos de seguros que mitiguen los riesgos climáticos.