El 24 de marzo de 1976 fue una de las jornadas más oscuras en la historia argentina, día en que las Fuerzas Armadas, derrocaron al Gobierno constitucional e impusieron una dictadura cívico militar, represiva y sangrienta.

Este régimen duró siete años, hasta 1983, pero hasta el día de hoy permanecen sus secuelas: 30.000 desaparecidos y una acumulación escalofriante de asesinados, torturados, censurados, y niñas/os apropiados, consecuencia de lo que solo puede ser llamado terrorismo de Estado.

Esta, como otras dictaduras de la región, incluida la uruguaya, fue parte de un plan sistemático y estratégico, conocido como “Plan Cóndor”, una coordinación represiva entre las inteligencias militares de los países de la región del Cono Sur, entre los años 70 y 80.

El Plan Cóndor buscaba destruir física, política y organizativa de opositores a la dictadura; recientes documentos desclasificados
han demostrado la colaboración de Estados Unidos, con apoyo militar y económico.

El movimiento obrero fue de las principales organizaciones que se declaró en oposición a la dictadura, lo que costó la proscripción de sindicatos, la encarcelación, persecución y desaparición de trabajadores/as y dirigentes sindicales.

Las secuelas de las dictaduras dejaron impactos sociales, culturales y económicos de profunda desigualdad. Juicios nacionales e internacionales han dictaminado sentencias y se continúan investigando causas de lesa humanidad.

Este 2026 se cumplen 50 años del Golpe de Estado en Argentina y, como cada 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha para reflexionar, concientizar y compromiso con la reconstrucción de la historia y memoria colectiva, enfrentando fuertemente hoy discursos negacionistas que intentan reinstalarse.

Cabe recordar hoy la histórica organización de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que continúa en el trabajo de identificar hijos/as y nietos/as apropiados por el régimen represor y restituir su identidad.