La transparencia y la educación financiera son fundamentales para la toma de crédito. En contraste con estos principios, el último relevamiento de la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pone una señal de alerta sobre cómo se están vendiendo los préstamos en la televisión abierta uruguaya.

Los datos: información a medias y letra chica

Tras analizar 17 piezas publicitarias, el estudio arroja cifras preocupantes sobre el cumplimiento de las normativas vigentes. Si bien el 100% de las ofertas analizadas comunica el monto del préstamo y la cantidad de cuotas, otros datos importantes están ausentes.

Por ejemplo: el 0% de las piezas menciona la tasa de interés moratorio (lo que el cliente pagará si se atrasa), y solo el 25% informa cada cuánto se deben pagar las cuotas.

A esto se suma el problema de la legibilidad: aunque la mayoría incluye textos legales, el 75% de ellos aparece en los bordes de la pantalla y solo la mitad se considera legible, por tamaño o tiempo de exposición.

El «gancho» comercial frente a la vulnerabilidad

Uno de los puntos más críticos del informe destaca que el 64,7% de la publicidad está dirigida a sectores de bajos ingresos vinculando el crédito con la satisfacción de necesidades básicas o el alivio de deudas previas.

Para lograr este impacto, las empresas utilizan tácticas que dificultan el análisis racional:

• Cuanto más rápido, mejor: el 87,5% de las ofertas utiliza un discurso verbal tan rápido que la información técnica se vuelve incomprensible.
• Llamados a la urgencia: el 41,2% emplea frases como «solo por hoy», elevando el riesgo de que el trabajador tome una decisión impulsiva, sin comparar opciones.
• La marca es más importante que lo que te venden: el 94,1% de las piezas enfatiza la marca comercial y deja en segundo plano las condiciones reales del contrato.

Hacia una mayor protección del usuario

La conclusión de la Unidad de Defensa del Consumidor es tajante: la comunicación actual busca acelerar la toma de decisiones en lugar de facilitar una comparación informada. Esta asimetría de información coloca a los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad frente al sistema.

En un país con cerca del 40% de la población necesitando del crédito para sobrevivir, es imprescindible acceder a datos completos y certeros y la existencia de productos financieros adecuados.

La comunicación debe contener la información obligatoria completa, de forma que sea entendible para el usuario y procure una toma de decisiones con información certera y no con invitaciones a la acción que esconden datos importantes de la toma de crédito.

Una propuesta documentada

Desde AEBU se han promovido y propuesto (ver documento a presidenciables) acciones necesarias para contrarrestar la publicidad abusiva o engañosa:

• Transparencia informativa: avanzar en la claridad de la información sobre los créditos, sus características y condiciones, para que el usuario no sea inducido a error.
• Comparación de tasas: crear herramientas accesibles que permitan a las personas comparar las tasas de interés con todos sus componentes de forma sencilla.
• Control del regulador: el Banco Central del Uruguay (BCU) debe asumir un rol supervisor activo para que las instituciones cumplan con las normas de transparencia en la información.
• Educación como herramienta de defensa: se propone la educación financiera como una política pública clave para proteger a las personas del abuso y favorecer la toma de decisiones adecuadas.

El endeudamiento como problema público

En un país con medio millón de uruguayos con ingresos menores a $25.000 pesos, atender el tema del endeudamiento y la calidad de servicios financieros a que acceden parece ser fundamental.

Según los resultados del proyecto Endeudamiento ¡Uy!, «para cuatro de cada diez personas solicitar un crédito representa un riesgo, mientras que para un tercio es una necesidad. La concepción del crédito como "oportunidad" aparece con mayor frecuencia en los estratos altos, mientras que en los bajos prevalece la percepción de riesgo y necesidad. Este diferencial se traduce en una experiencia desigual frente al sistema crediticio y a la carga emocional que supone endeudarse».

La necesidad de un abordaje integral requiere políticas públicas que apunten a más información, educación financiera para la toma de decisiones, responsabilidad de las instituciones que ofrecen y venden crédito, así como regulación y control estatal desde el Banco Central del Uruguay.