Con la dictadura cívico militar se impulsó un plan cuyo objetivo fue convertir a Uruguay en una plaza financiera internacional. Este enfoque incluyó medidas, como la estabilización de precios y del tipo de cambio, así como la liberalización del movimiento de capitales y el mercado cambiario.

De estos temas estuvo disertando el economista, investigador y docente Jorge Notaro, que participó del conversatorio titulado "Dictadura y sistema financiero: la instalación de un modelo económico".

El evento, organizado por AEBU, tuvo lugar en la Sala Camacuá y fue concebido como parte de las conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado, buscando analizar diferentes aspectos de la dictadura cívico-militar.

Durante su disertación, Notaro abordó la estrategia y política económica implementadas durante el régimen dictatorial y cómo se vincularon con el sistema financiero. Notaro comenzó haciendo referencia a un estudio del investigador uruguayo Gonzalo Varela, quien considera que el golpe de Estado se inició en febrero de 1973, cuando las Fuerzas Armadas impusieron la creación del Consejo de Seguridad Nacional.

A partir de ese momento, el Consejo de Seguridad Nacional comenzó a funcionar y a aprobar el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977, elaborado por la Oficina de Planeamiento en el año 1972. Notaro señaló que las Fuerzas Armadas carecían de experiencia en la gestión estatal, por lo que buscaron refugiarse en dicho plan. También designaron oficiales de enlace en los ministerios y empresas públicas para supervisar los aspectos económicos y sociales.

En la segunda etapa, con la llegada de Alejandro Végh Villegas en 1976, se introdujo una nueva perspectiva basada en el desarrollo industrial, la transformación de materias primas y acuerdos comerciales con Argentina y Brasil. En ese momento, el comercio exterior uruguayo se veía afectado por el incremento del precio del petróleo, pero los países exportadores de petróleo generaban una abundancia de dólares en el mercado. Esto llevó a la liberalización del movimiento de capitales y el mercado cambiario en 1975, con el objetivo de atraer inversiones y establecer a Uruguay como una plaza financiera internacional.

Notaro mencionó que, tras la renuncia de Bordaberry y Végh Villegas, el contador Valentín Arismendi asumió como ministro de Economía, acompañado por José Gil Díaz como presidente del Banco Central. Gil Díaz propuso la implementación de "la tablita", que buscaba estabilizar los precios y el tipo de cambio. Sin embargo, esta medida no tuvo éxito y en 1982 se rompió el cronograma cambiario, lo que desencadenó una crisis.

El Banco Central, sin disponibilidad de moneda extranjera, tuvo que retirarse del mercado. Para evitar la quiebra de los bancos uruguayos, el Citibank y el Bank of America implementaron un plan de "compra de carteras" por parte del Banco Central. Este período final de la dictadura se caracterizó por altos niveles de desempleo, caída del salario real y las jubilaciones.

Notaro destacó que, en total, los trabajadores y pasivos perdieron alrededor de 5 mil millones de dólares durante los 12 años de dictadura, sumados al período de gobierno de Bordaberry. Estas cifras, ajustadas a valores actuales, equivaldrían aproximadamente a 20 mil millones de dólares.