Se trata de un nuevo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2006 que requiere que cada Estado Miembro se someta a un análisis de su desempeño en materia de derechos humanos cada cuatro años y medio.

Durante este proceso, los países presentan informes sobre sus esfuerzos para mejorar los derechos humanos y reciben recomendaciones de otros Estados Miembros de la ONU.

Actualmente se encuentra en marcha el cuarto ciclo de exámenes, que comenzó en noviembre de 2022. Uruguay se someterá a esta instancia el próximo mes de mayo, para lo cual organizaciones de la sociedad civil presentaron informes a ser considerados.

Este martes en la sala Paulina Luisi del Palacio legislativo se presentaron unos 18 informes para el EPU, sobre diversos temas: memoria y justicia, violencia de género, situación de las infancias, endeudamiento de las familias, medioambiente y acceso al agua, situación carcelaria, salud sexual y reproductiva, entre otros.

El informe sobre endeudamiento, elaborado por el IPRU y la CTA de AEBU, enmarca esta problemática desde un punto de vista de los derechos humanos. Las organizaciones entienden el endeudamiento excesivo como una deuda que compromete el ejercicio sostenible de los derechos de las personas.

Además, resalta el informe, esta situación afecta particularmente a las familias más vulnerables. La falta de recursos para satisfacer necesidades básicas impulsa a las familias a recurrir al crédito, a menudo con tasas exorbitantes y prácticas abusivas, lo que conduce a un ciclo de sobrendeudamiento y exclusión.

"Nuestro informe da cuenta de que existe muy poca información sobre esta temática, particularmente en lo referido al mercado informal. Es necesario disponibilizar más y mejor información para desarrollar políticas públicas de calidad", detalló en diálogo con Radio Camacuá Federico Lacaño, integrante de la CTA de AEBU.

Pensar el endeudamiento desde el punto de vista de los derechos humanos es algo novedoso y reciente. "Como cualquier derecho, se trata de construcciones históricas. Tenemos que empezar a pensar al endeudamiento como causa y consecuencia de la vulneración de un derecho", dijo Marcelo Ventós de IPRU, también a Radio Camacuá.

"Es causa porque hay muchos hogares que requieren acceder al crédito para cubrir sus necesidades básicas. Y es consecuencia porque empuja a algunos hogares a meterse en determinados circuitos que profundizan las vulneraciones de derechos que padecen las personas", expresó Ventós.

El informe propone una serie de recomendaciones, tanto a corto como a largo plazo, para abordar esta problemática compleja. Se destaca la necesidad de políticas públicas integrales que promuevan la educación financiera, mejoren la regulación del mercado crediticio y faciliten el acceso equitativo al sistema financiero formal para los sectores más vulnerables.

La discusión en torno al endeudamiento excesivo ha cobrado relevancia política, con propuestas legislativas en curso, aunque se señala la importancia de abordar el problema con rigor técnico y evitar soluciones que puedan exacerbar la exclusión financiera.

Las organizaciones instan al Estado uruguayo a tomar medidas urgentes para proteger los derechos de los hogares afectados por el endeudamiento, asegurando que las políticas implementadas aborden de manera efectiva las raíces socioeconómicas del problema y promuevan la inclusión financiera como un derecho humano fundamental.

Este informe destaca la necesidad apremiante de enfrentar el endeudamiento excesivo como una cuestión prioritaria en la agenda política y social de Uruguay, garantizando que todas las personas tengan acceso equitativo a servicios financieros y puedan ejercer plenamente sus derechos fundamentales.