Como hemos informado, este martes nuestra Comisión Técnica Asesora participó en la presentación de un informe en el Parlamento, en conjunto con el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU), con el objetivo de aportar información sobre la temática del endeudamiento en Uruguay, en el marco de Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas al que se someterá el país este año.

Este informe, que se puede leer completo al pie de esta noticia, presenta un problema creciente en nuestra sociedad que es el del endeudamiento excesivo de la población, particularmente de los hogares con menores recursos, y cómo este problema lesiona los derechos humanos de aquellos a quienes afecta.

El concepto de endeudamiento excesivo tomado en el informe es el de "una deuda cuya amortización y gastos conexos priven al deudor de los recursos que necesita para ejercer sus derechos humanos de manera sostenible", y se señala que el problema "es sumamente complejo y tiene raíces socioeconómicas estructurales".

Entre los principales factores que desencadenan el problema, reseña el informe, están "la falta de recursos para satisfacer las necesidades de los hogares, poca información sobre el mercado de créditos, publicidad abusiva o engañosa, escasas o nulas acciones de educación financiera por parte del Estado como de las instituciones otorgantes de créditos, y la existencia de oferentes de crédito que operan fuera del circuito formal en muchas ocasiones con prácticas extorsivas o violentas".

Lo que lo agrava aún más es que la mayoría de las personas que sufren el endeudamiento excesivo son las que tienen menos recursos, y por ende menor capacidad de solventar las deudas. Por sus características, estas personas suelen ser excluidas del mercado financiero formal, fundamentalmente del sector bancario, y terminan tomando créditos en el mercado informal, donde las tasas son mucho más altas y la protección mucho menor, generándose un círculo vicioso de difícil solución.

Algunas recomendaciones

El informe de AEBU y el IPRU concluye con una serie de recomendaciones a corto, mediano y largo plazo, que pretenden marcar un camino guía para ir paliando una problemática que, como se ha explicado, es profunda y de difícil solución.

En primer lugar, se torna indispensable la presencia fuerte del Estado para atacar el tema. Por ejemplo, con campañas de bien público que lo pongan en agenda y con un rol más activo del Banco Central del Uruguay. El informe propone que el BCU aumente sus programas de difusión y desarrollo de las buenas prácticas financieras, pero también que incluya un área de regulación publicitaria, que proteja al cliente de promesas falsas o eslóganes engañosos.

También referido a la regulación, se menciona como un factor perjudicial que las propias empresas que otorgan préstamos sean quienes tienen mayor incidencia en la fijación de los topes de las tasas de interés, lo cual ha producido un aumento sostenido de estas en los últimos años.

De todos modos, debe atenderse que la ley de usura, que se busca plebiscitar por parte de Cabildo Abierto, tampoco es una solución viable, ya que propone una baja significativa en las tasas de interés, lo cual hará que muchos servicios dejen de ser rentables para las empresas y, por lo tanto, dejen de ser ofrecidos. Los clientes, entonces, cuya economía necesita indispensablemente de los préstamos para sobrevivir terminará volcándose al mercado informal, con los riesgos mucho mayores que este supone.

Algunas recomendaciones concretas que plantea el informe son: limitar el crecimiento de la deuda impaga de las personas hasta un 120% de la tasa pactada, y con esto limitar también algunos mecanismos punitivos como la capitalización de intereses por mora; y la constitución de un fondo de garantía para reestructuración de deudas de sectores vulnerables, que habilite recursos para los casos más críticos.

Otro punto sobre el que se insiste enfáticamente es en el de mejorar en todo sentido la información existente. Es importante que los usuarios conozcan claramente los componentes del crédito que están tomando, y a su vez es relevante que haya información precisa y regularmente actualizada sobre el mercado y todos sus detalles, para que de ese modo se puedan llevar a cabo políticas más certeras y mejor enfocadas.

El mejor acceso a la información fomentará, de ese modo, una mejor inclusión en el sistema financiero de todos los usuarios. Para ello se debe educar en ese sentido, mediante un plan potente del Estado, y fortalecer normativas que garanticen la presencia segura y equitativa de la mayoría de la población en el sistema, como por ejemplo la obligatoriedad del pago de salarios mediante medios electrónicos.

Finalmente, un norte a largo plazo que no se debe perder para solucionar el endeudamiento excesivo es el de generar una política de ingresos acorde, que sirva "para combatir un componente estructural del problema, que es la existencia de una alta proporción de personas con ingresos que no le permiten adquirir una canasta básica de bienes y servicios".