Anahit Aharonian, fue una de las integrantes de la delegación de la sociedad civil que fue a exponer sobre los distintos temas que abarca el informe sobre derechos humanos para el Exámen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza. La participación uruguaya estuvo articulada por la Asociación Nacional de ONG (ANONG).

Esta semana se realizó una conferencia en la sala 17 del Anexo del Palacio Legislativo, donde se realizó una devolución de lo expuesto en el EPU. Para esta nota, le preguntamos a Aharonian como integrante de la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida, cuáles fueron los principales puntos en esta temática.

“Lo que entendemos singular de este mecanismo, el EPU, es que la revisión periódica que está hecha a instancia de informes elaborados por organizaciones sociales se hace entre pares. Son los Estados los que hacen una revisión del cumplimiento de los derechos humanos de otros Estados que no pueden rechazar las recomendaciones recibidas”, explicó Aharonian.

En cuanto a la temática del agua, cabe recordar que en 2024 se cumplen veinte años del plebiscito por el agua en Uruguay, y un poco más de la fundación de la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida . En esa consulta democrática, se aprobó por casi el 65% una reforma en la Constitución de la República que otorgó al Estado la responsabilidad exclusiva de la gestión del agua y del saneamiento.

Uruguay se convirtió así en 2004 en el primer país del mundo en incluir en su constitución el acceso al agua como un derecho humano. “Naciones Unidas recién lo incorporó como un derecho humano en 2010, seis años después”, dijo Aharonián y agregó que “a pesar de la fuerte normativa que destaca a Uruguay, hoy estamos asistiendo a un fuerte avance privatizador donde se está violando el artículo 47 y también el 188 de la Constitución”.

Además, desde la Comisión se reclama que se ha “descuidado” las cuencas hidrográficas, algo que “ha afectado el abastecimiento de agua potable a nuestra población” y “se recurre a falsas soluciones que también son violatorias de la normativa” con “un alto impacto en la salud pública y ambiental”.

Las consecuencias de la sequía del año pasado “pudieron haberse evitado”, si “tuviéramos nuestros territorios en condiciones de tener cosecha de agua, que se produzca el agua naturalmente, si nuestros suelos tuvieran la capacidad de tener ese agua retenida, la sequí hubiera impactado de otra manera pero eso no se cuidó”, aseguró Aharonian.

Con respecto al Proyecto Arazatí - Neptuno, Aharonián dijo que “se quiere imponer un proyecto de iniciativa privada reñido con la normativa” y que “hay argumentos jurídicos, científicos y económicos que indican su inconveniencia”.

De esta manera, lo que las organizaciones piden ante el EPU es que “se le recomiende al Estado uruguayo” que se “anulen los contratos con empresas privadas o empresas públicas de otros estados que vienen a nuestro país”. “No hay falta de agua en Uruguay, hay falta de manejo dle territorio y de las cuencas”.

En cuarto lugar, se reclama al Estado “revertir la afectación de cursos de agua” e “implentar medidas” para recuperar el Río Santa Lucía, “incluyendo el tratamiento de todos los residuales de la potabilización”.

Finalmente, se destaca el reclamo de “asegurar la efectiva participación ciudadana, respetando  la normativa nacional e internacional, sin la judicialización de la protesta”.