La justicia sentenció aprobó una medida cautelar e impide a OSE firmar contrato por el proyecto Neptuno y suspende por el momento la adjudicación al consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas privadas Saceem, Ciemsa, Berkes y Fast.

La medida cautelar fue presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua de la Vida y el colectivo Tucu Tucu de San José contra la licitación pública del proyecto Neptuno o Arazatí. Las organizaciones fueron representadas por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), que coordina el abogado Juan Ceretta.

La sentencia hace lugar a los reclamos de las organizaciones socio-ambientales luego de que once investigadores de la Universidad de la República comparecieran en el Palacio de Tribunales para dar sus perspectivas en el asunto, convocados por el juez en lo civil de noveno turno Alejandro Recarey.

Anahit Aharonián, ingeniera agrónoma e integrante de la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida, dijo en Camacuá Diario que desde la organización “celebran” el fallo y que coincide con los los “20 años de la reforma constitucional” que “a través de la democracia directa, con el 64,7%”, Uruguay “fue el primer país” en considerar el agua “como un derecho humano” y “la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico”.

Desde la organización sostienen que el proyecto Neptuno es una “falsa solución al problema del agua en el área metropolitana” porque en el territorio existen “abundantes fuentes de agua dulce”. Además se visualiza que si se “hubiese mantenido la Cuenca del Santa Lucía en condiciones, no hubiéramos tenido los impactos de la sequía ni estaríamos preocupados por el tema a futuro”.

“Este proyecto es inconstitucional, atenta contra el artículo 47 de la Constitución de la República, que es el que fue reformado en 2004, y también contra el artículo 188”, dijo Aharonián y agregó que por ello se presentó la medida cautelar hace un año: “recién el viernes pasado pudieron testimoniar una parte de los investigadores”.

En segundo lugar, destacó Aharonián, las fuentes de agua dulce que tiene Uruguay “son de soberanía nacional” mientras que el Río de la Plata, de donde pretende tomar agua para potabilizar en este proyecto, no lo es, allí “confluye el agua de cinco países por lo que no sabemos cuál es el contenido que pueda tener”.

Sobre el Río de la Plata está además el emisor subacuático de Buenos Aires con los desechos cloacales de 4 millones y medio de habitantes, y del que existen voces de alerta que indican que Uruguay ha sido “omiso” en estos controles.

Aharonian dijo que “las autoridades han minimizado” su impacto y que “hay un gran desconocimiento sobre las corrientes del estuario del Río de la Plata” y remarcó lo innecesario de potabilizar desde una toma desde este lugar habiendo otras opciones de agua dulce.

Justamente, el agua que procese en caso de que se construya la planta de Arazatí-Neptuno deberá desalinizarse, algo que además de ser un proceso muy “costoso” genera “residuos” y “lodos” que impactarán negativamente en el “ambiente” y la “productividad del departamento de San José”, explicó.

Se dio a conocer además que esta obra, que tiene tantos problemas asociados, no podrá responder a la totalidad de la demanda de agua potable que tiene el área metropolitana. “Menos del 30%” se le dijo a las organizaciones en sesiones en el anexo de la Torre Ejecutiva entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

Otro problema asociado al Río de la Plata son las cianobacterias. “Es una zona donde hay una altísima producción de cianotoxinas”, explicó Aharonián. “No existe al momento tecnología en el mundo que elimine al 100% de esas toxinas, que son hepatotoxicias, con especial incidencia en niños y niñas”. Remarcó que las consecuencias pueden ser “muy peligrosas” por la exposición prolongada a cianobacterias.

En el día de ayer, miércoles, las organizaciones brindaron una conferencia de prensa en el local de FFOSE, en la que celebraron el fallo de “no innovar” por parte de la Justicia, “hasta que no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario”.

Desde los ministerios de Salud Pública, Ambiente y OSE se anunció que se apelará la sentencia, pese a que el fallo indica que hay “bases para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable en infracción constitucional” y que “podrían existir severos riesgos de contaminación” del acuífero Raigón y áreas aledañas. “Todo esto dicho sin dejar de mencionar que no surge que se haya discutido a fondo y con la necesaria transparencia pública las posibilidades de que pudiera haber sobrecostos gravosos en las tarifas de agua”.