El documento Un sistema financiero con perspectiva de desarrollo, transparencia y compromiso con el país detalla el diagnóstico y las propuestas de AEBU sobre un conjunto de temáticas vinculadas con el sistema financiero.

Una de ellas es el endeudamiento excesivo de los hogares, una problemática que se encuentra en el centro de la discusión política actualmente, dado que en torno a ella se han generado diversos proyectos de ley, algunas propuestas impulsadas por los actores del sistema y una iniciativa de reforma constitucional.

Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, la mayor parte de las propuestas serán poco efectivas en unos casos, altamente costosas en otros, generarán grandes injusticias o podrían incluso destruir el delicado equilibrio del mercado de créditos, como es el caso de la reforma constitucional planteada.

El fenómeno del sobreendeudamiento es sumamente complejo y tiene raíces socioeconómicas estructurales. Entre los principales factores se destacan, por un lado, aspectos del funcionamiento de la sociedad como son la pobreza y la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas de los hogares, sumado a las transformaciones en los patrones de consumo.

Y, por otro lado, características propias del sistema financiero como son: poca información sobre el mercado de créditos, publicidad abusiva o engañosa, escasas o nulas acciones de educación financiera (tanto por parte del Estado como de las instituciones otorgantes de créditos), y la existencia de oferentes de crédito que operan fuera del circuito formal, en muchas ocasiones con prácticas extorsivas o violentas.

Algunas cifras del Uruguay en este sentido son alarmantes. Por ejemplo, 1.905.155 personas físicas se encontraban registradas al año 2023 en la Central de Riesgos Crediticios como poseedoras de créditos. De ellas, un tercio de los deudores —cerca de un cuarto de la población uruguaya mayor de 18 años— tienen algún problema de endeudamiento.

Es importante señalar que estar en situación de impago resulta en altos costos y consecuencias muy negativas para las personas. En el caso de Uruguay, además de limitar severamente el acceso a crédito formal, conlleva no poder acceder a garantías para el alquiler de viviendas, y también afecta la capacidad de realizar algunos contratos de servicios para el hogar.

De todos modos, la información pública disponible no permite dimensionar de forma clara la magnitud del fenómeno. Existen diversas situaciones de endeudamiento que no están registradas, ya sea porque no reportan información al Banco Central del Uruguay (BCU) o porque se realizan en ámbitos informales.

Entonces, se trata de un asunto con diversas aristas y con aspectos de mayor urgencia que otros. Afrontar la búsqueda de soluciones no surgirá de una sola iniciativa, sino que requiere una batería de acciones que atienda la diversidad de factores y condiciones de las personas con un endeudamiento problemático.

Desde el punto de vista de AEBU, el abordaje del problema de sobreendeudamiento debería ser de carácter social, educativo y desde la perspectiva de la inclusión financiera y la formalización. Requiere de políticas públicas y un enfoque de más largo plazo, ya que no es posible solucionarlo cambiando únicamente normas o regulaciones sobre las tasas de interés o la resolución de situaciones de impago en las deudas.

Nuestras propuestas:

• Insistir en políticas de inclusión social, como la implementación de un plan potente de educación financiera y una política pública orientada al diseño, acceso y uso de servicios financieros que aporten al bienestar de la población.
• Una política de ingresos acorde que permita a los hogares adquirir al menos una canasta básica de bienes y servicios.
• Implementación de mecanismos focalizados específicos para las personas en situación de vulnerabilidad.
• Plantear para algunos casos un mecanismo de “limpia sueldos”, reestructuras de deudas, la constitución de un fondo de garantía para reestructuración de deudas de sectores vulnerables.
• Habilitar recursos para el fondeo a bajo costo de instituciones que participen de reestructuración de deudas y quitas para sectores con endeudamiento crónico.
• Limitar el crecimiento de la deuda impaga de las personas, estableciendo, por ejemplo, que la deuda reclamada por todo concepto no podrá superar 120% de la tasa pactada al tomar el crédito sobre el capital prestado.
• Comunicar a los deudores antes de ser reportados al Clearing de Informes, o el pasaje a la categoría de deudor irrecuperable en el BCU, y ofrecerle al deudor que compre su propia cartera antes de venderla a un estudio jurídico.
• Creación de una mesa de trabajo entre el BCU y las instituciones financieras, para buscar solución a las personas vulnerables en situación de default.
• Mejorar y transparentar la información referida a las tasas y costos que se pagan por parte de los usuarios del sistema financiero, así como una clara definición de los intereses vinculados a la usura.