EDITORIAL

Frente a un nuevo aniversario del nacimiento de nuestro prócer nacional, nuestro recuerdo a José Gervasio Artigas debería traspasar la ritualidad de los homenajes y la frialdad de sus monumentos, para reponer en la conciencia de la sociedad el contenido profundo de su mensaje y sus luchas. Un contenido que, en tanto lo reconocemos como padre de la patria, nos exige interpelar nuestro presente a la luz de su ideario.

Un primer principio fundamental que le heredamos es la declaración del pleno goce de los derechos de los ciudadanos, con una especial jerarquización del derecho a la vida y a la libertad del hombre. Esta definición libertaria nos conduce a cuestionar tajantemente los contenidos que el Poder Ejecutivo introdujo en su proyecto de ley de urgente consideración. La citada es una ley que plantea la supremacía del valor de la propiedad sobre el valor de la vida. A partir de este inaceptable trastoque de valores, se habilita a policías y militares el uso deliberado de una fuerza potencialmente letal, para mantener el orden frente a amenazas que no revistan extrema gravedad. Estamos ante un proyecto restrictivo de la libertad de expresión y de manifestación de la sociedad, por el que se promueve la intervención policial destinada a disolver reuniones o movilizaciones, con una arbitraria valoración de la alteración del orden público y la circulación. 

Un segundo principio, tan profundo como actual, se basa en su defensa de la separación de poderes, cuando plantea que la república contará con un Poder Legislativo, un Poder Ejecutivo y un Poder Judicial. «Estos tres resortes jamás podrán estar unidos entre sí y serán independientes en sus facultades», estampó en el artículo sexto de las Instrucciones del Año XIII. Es este un concepto trascendente en estos tiempos en que el Poder Ejecutivo impulsa —a partir del mecanismo de urgente consideración— un debilitamiento de la independencia del Poder Legislativo. Mediante este recurso aplicado inconstitucionalmente, se condiciona su capacidad de debate y de reflexión, al tiempo que se restringe la participación y contribución democrática de la sociedad civil, con el fin de asegurar la instauración de su programa de gobierno. 

Son también una violación a la separación de poderes las recientes declaraciones del Poder Ejecutivo que cuestionaron la resolución del Poder Judicial de procesar a un miembro del Ejército nacional. El respeto a la independencia de los poderes del Estado —un principio formulado por Artigas y que articula nuestra Constitución— debe prevalecer ante cualquier objetivo político que se procure obtener. Se trata de un pilar de tal relevancia nacional que no admite argumentos para su vulneración por ser un elemento constituyente de la república.

Un tercer aspecto valioso del ideario artiguista radica en su concepto del Estado de derecho y del contrato social que implica la construcción de la nación. Esta se fragua a partir del respeto de la Constitución y del principio de que «todo hombre es igual en presencia de la Ley». Es necesario entonces reafirmar con energía este pensamiento del prócer, en tiempos que integrantes de la coalición de gobierno se lanzan abiertamente a reivindicar y justificar la dictadura militar y sus violaciones a los derechos humanos. Con igual fuerza debemos sostener otra propuesta de Artigas en las Instrucciones del Año XIII: «El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos».

Un cuarto aspecto de enorme valor actual, en atención a la profunda crisis económica y social que vive nuestro país, fue su compromiso constante con los más pobres y desvalidos. Su consigna de «que los más infelices sean los más privilegiados» implica una clara orientación ideológica rectora para la actuación de cualquier gobierno. Al exhortar a «mirar por los infelices y no desampararlos, sin más delito que su miseria» abogaba contra la estigmatización y penalización de la pobreza. Esta es otra definición de enorme valor, en tiempos en que el Estado asume una política económica claramente regresiva y descarga todo el peso de la crisis sobre la mayoría de la población, profundizando la desprotección de los sectores vulnerables. La prédica artiguista resurge con meridiana claridad al expresar: «El Gobierno es instituido para el bien común, para la protección, seguridad, prosperidad y felicidad del pueblo, y no para el provecho, honor o interés privado de algún hombre, familia o clase de hombres».

Debemos recuperar un último precepto, no menos importante que los anteriores: el concepto de dignidad del gobernante que hizo carne en su vida. El que expresó con claridad al afirmar «Mi voluntad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana». Esta es una definición meridiana de la democracia más profunda, no limitada al evento electoral, dado que ella implica un compromiso profundo del gobernante con el conjunto de la ciudadanía que le otorga su investidura. Porque la democracia supone el pleno respeto por la diversidad de opiniones y contribuciones, la construcción de una sociedad tolerante y respetuosa y la búsqueda de consensos y acuerdos para superar crisis y diferendos.

Hoy, como muchas veces en nuestra historia, el ideario artiguista resuena para interrogarnos, para proponernos, para devolvernos a nuestras raíces. Y recordarnos —ni más ni menos— que es un proyecto de nación el que sigue reclamando nuestro compromiso.