En los bancos del Estado comienzan a apreciarse los primeros efectos negativos de la Ley de Urgente Consideración y ellos constituyen un incentivo para firmar y lograr su derogación parcial. 

«Vemos que con el transcurso del tiempo la campaña de recolección de firmas va tomando cuerpo, y más con los sucesos que van acaeciendo, demostrativos de que no es en vano nuestro esfuerzo para recurrir los artículos de la LUC», afirmó el consejero central Dante Romero. «No es lo mismo discutir en abstracto o en el papel los artículos objetados que cotejarlos con los hechos de la cotidianeidad. Hoy, particularmente hablando de inclusión financiera  por ejemplo, vemos como, más allá de la discusión de que la inclusión financiera era una ley autoritaria que recortaba la libertad de la gente, se empiezan a ver los verdaderos trasfondos de la cuestión. Con el nuevo Gobierno vemos de repente que, en entidades nada menores de la economía del país como el Banco República, tenemos a un director integrante de empresas que han sido más de una vez observadas o sancionadas por el Banco Central, particularmente en lo que hace al respeto por la normativa del control del lavado de activos». De esta forma, sin nombrarlo, se refirió al contador Pablo Sitjar, socio principal de Renmax SA, empresa dos veces sancionada por el Banco Central, y en uno de los casos por irregularidades vinculadas con el lavado de dinero.

«Ahí es cuando decimos: ahora se le están viendo las patas a la sota y nuestra campaña va cobrando cuerpo. Ahora estamos viendo a la luz de los hechos cómo se traducen estas transformaciones [operadas por la LUC] en la práctica. Esto lo estamos viendo también dentro de las instituciones, porque no es casual que tengamos, día tras día, alguna queja o información de compañeros que servicios del banco reciben a la vieja usanza —como nos pasaba hace muchos años— llamadas de directorio presionando por un trámite o sobre alguna cuestión a resolver». En estos casos «se trata de expedientes que ya tenían un principio de resolución por la vía técnica y de los servicios, sin injerencias políticas. Y hoy nuevamente tenemos presiones políticas sobre los compañeros ejerciendo esa incomodidad a la hora de desarrollar la tarea normal, y a su vez perjudicando a las instituciones». 

Romero destacó que este perjuicio se produce cuando se menoscaba «el profesionalismo que han desarrollado nuestros compañeros a lo largo de décadas, que constituye una garantía para la salud de las instituciones. Por eso decimos que la Ley de Inclusión Financiera no es una ley que recorte derechos sino todo lo contrario: garantiza cristalinidad y objetividad para toda la sociedad y la economía del país», concluyó.